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La decisión de mandar a sus casas con prisión domiciliaria a miles de presos con motivo de la pandemia de COVID-19 ha generado uno de los repudios más masivos de parte de la ciudadanía. El cacerolazo del jueves en muchas ciudades del país no dejó margen de dudas, pero además todas las encuestas de opinión mostraron que más del 80% de los argentinos no está de acuerdo con que los delincuentes vuelvan a sus barrios.
Algunos voceros oficialistas quisieron mostrar que el cacerolazo fue contra los jueces.
La morigeración de penas es una decisión institucional. Muchos argentinos la miran con recelo y más aún ante decisiones judiciales masivas, que favorecieron también a criminales muy peligrosos. Uno de los más groseros, un violador de 68 años que abusó de una adolescente y a quien el juez de Casación Víctor Violini, un magistrado kirchnerista, permitió volver a su barrio.
Tampoco contribuye, en lo más mínimo, que el exvicepresidente Amado Boudou, que goza de excelente salud, haya sido enviado a su casa para resguardarlo de la pandemia.
La excarcelación de los presos fue pedida por defensores oficiales de la Justicia Federal y de las provincias luego de una recomendación de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, orientada a evitar contagios y mortandades masivas en los centros de reclusión.
La funcionaria (que pertenece al Ministerio Público) reclamó la agilización de los "pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro". El beneficio era para los presos en riesgo ante la pandemia, aquellos internos con prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención haya "superado ostensiblemente" los plazos de dos años para las prisiones preventivas. Ese criterio habilita una discrecionalidad demasiado amplia.
Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron medidas especiales para que los detenidos queden a resguardo de la pandemia. El servicio penitenciario está absolutamente desbordado en América Latina y es necesario disponer de más y mejores cárceles. Pero las advertencias de esos organismos no incluyen relativización alguna de las penas, sino que se refieren a las condiciones que debe garantizar el Estado para su cumplimiento. Siguiendo esos lineamientos, el Gobierno y la Suprema Corte de Justicia debieron acordar medidas de excepción para garantizar a los detenidos condiciones de aislamiento, con garantías sanitarias y bajo custodia.
Nada de eso se hizo.
El Estado está en falta, desde hace décadas. La Comisión Interamericana, en una conferencia internacional, volvió a denunciar los hacinamientos inhumanos en cárceles, comisarías y alcaidías de todo el continente. Hay mucho por hacer para dignificar las cárceles, los institutos de minoridad y los hogares que albergan a jóvenes y niños en riesgo. Y hay que hacerlo teniendo en cuenta el derecho de la sociedad a vivir en paz y seguridad.
Si no se contemplan los derechos de todos, la tolerancia, la inclusión y la paz social se verán seriamente dañadas.
El Gobierno nacional, que desde el principio se viene pronunciando contra la extensión de las prisiones preventivas, debería evitar gestos equívocos. La Comisión Provincial de la Memoria, cercana al oficialismo, trabaja por "la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles". La directora de Prevención del Delito de Quilmes, la camporista Claudia Cesaroni, debió renunciar al cargo porque se convirtió en asesora de los presos amotinados en Villa Devoto. El mismo Gobierno nacional, que niega haber impulsado esas liberaciones, aceptó en cambio dialogar con los amotinados a través del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, un kirchnerista que dejó esa tarea tras el cacerolazo.
Pero todos los sectores deberían recordar que utilizar políticamente una crisis como la que genera la pandemia es indigno, lo haga quien lo haga.
En momentos difíciles como el actual, el Poder Ejecutivo tiene el deber inexcusable de garantizar la se guridad de la gente, preservar la au toridad de la Justicia y velar por la absoluta vigencia del Derecho en to do el territorio de la Nación.