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Dos fiscales que investigan el abuso sexual de una joven venezolana durante una entrevista laboral en el barrio porteño de Balvanera apelaron la decisión de una jueza de mantener en libertad al comerciante procesado por ese delito.
La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, apelaron el fallo que el jueves dio la jueza Karina Mariana Zucconi.
"La revocación de su libertad es el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres", resaltaron.
De acuerdo con lo publicado en el sitio institucional www .fiscales.gob.ar, las funcionarias judiciales ya habían cuestionado y apelado la decisión de la magistrada que al comienzo de esta semana había excarcelado a Irineo Humberto Garzón Martínez.
En el fallo donde el jueves dictó el procesamiento por el "abuso sexual agravado con acceso carnal" de la joven, Zucconi mantuvo la libertad del imputado porque no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación.
Además, la jueza consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta.
Sin embargo, las fiscales Russi y Labozzetta recordaron que el Ministerio Público sostuvo desde el inicio de esta investigación que el imputado debe transitar el proceso en prisión preventiva ya que ninguna medida puede neutralizar los riesgos procesales.
En esa línea, destacaron que los hechos investigados constituyen situaciones de violencia contra una mujer y recordaron los tratados internacionales que la Argentina suscribió en esa materia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Bélem do Pará) y la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw).
Para la fiscalía, "es indispensable pensar la violencia sexual a partir de la asimetría de poder en tanto constituye la expresión de una construcción de la sexualidad basada en el poder masculino y en el sometimiento y cosificación de lo femenino o lo que se representa como femenino".
Las representantes del Ministerio Público hicieron hincapié en la importancia del relato de la víctima de este delito.