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Inquietud entre los pasajeros e incertidumbre de las aerolíneas sobre su futuro. Eso dejó hasta ahora la decisión del Gobierno de reducir a 600 personas por día el cupo de ingreso al país. A raíz de ese límite, las compañías aéreas internacionales pidieron al Gobierno nacional precisiones sobre cómo se asignarán los asientos.
La reducción del número de pasajeros que podrán ingresar al país abre un nuevo interrogante sobre la sustentabilidad del mercado aéreo en el país. De hecho ayer varias voces se levantaron contra este cupo y pidieron analizar "alternativas", como el arribo de vuelos en otros aeropuertos internacionales del país, no solo en Ezeiza.
Las aerolíneas, que se agrupan en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), pidieron en las últimas horas de manera "urgente" una reunión con el Gobierno para conocer cómo se repartirán los cupos disponibles, que pasaron de casi 2.000 asientos por día a 600.
"Comprendemos que el Gobierno argentino está enfocado en proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Como industria hemos hecho todo lo posible para garantizar una conectividad segura del país, a pesar de las drásticas restricciones operativas que ya existen. Sin embargo, la nueva reducción del 70% en el número de pasajeros internacionales que puedan llegar diariamente al país obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa", dijo Peter Cerdá, vicepresidente Regional de IATA para las Américas.
La regulación de la norma está a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil, que está bajo la órbita del Ministerio de Transporte, comandado por Alexis Guerrera, el massista que recientemente reemplazó a Mario Meoni.
Ayer al mediodía, la titular de ANAC, Paola Tamburelli, remarcó que "el diálogo con las empresas comenzó el fin de semana", y pidió entender que el país está "en un momento anómalo por la pandemia" y por los cambios repentinos de la situación sanitaria y epidemiológica.
"Las personas que salieron del país firmaron una declaración jurada que establece que por la situación irregular se va a hacer cargo de todos los gastos que tengan que ver con los cambios en la situación sanitaria", afirmó la funcionaria.