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La presencia del policía salteño Luis Chocobar a su provincia natal desató una previsible polémica. En diciembre de 2017, en el barrio de La Boca abatió al también salteño Juan Pablo Kukok que acababa de apuñalar reiteradamente a un turista con motivo de un robo.
Una de las balas dio en el muslo del asaltante y la otra, luego de desviarse -probablemente, la vereda- impactó en la espalda. El turista apuñalado sobrevivió y Kulok murió a consecuencia de las heridas.
El Tribunal Oral de Menores 2 de la Capital Federal condenó al policía a una pena relativamente leve por “exceso en el cumplimiento del deber”.
En Salta, la Mesa de Derechos Humanos provincial cuestionó severamente al secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el jefe de la Policía de Salta, José Ibarra, por haberse reunido con Chocobar a quien describieron como “un policía condenado por su desempeño, que además trata de justificar su accionar ilegal, alegando haber cumplido con la ley y con su deber”.
El policía no fue juzgado en un juicio por jurados porque en la Capital Federal no está reglamentado el sistema. De no haber sido así, lo más probable es que hubiera sido absuelto. Las encuestas, casi sin variación, consideran que actuó como correspondía con cifras que orillan el 90%.
El apoyo enfático de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al policía y el repudio sesgado de los opositores a ese gobierno no hizo más que politizar un caso que debería invitar a la reflexión, porque involucra a un problema al sistema de seguridad, es decir, al derecho a la vida, a la libertad y la tranquilidad de las familias.
El perfil de Chocobar
Chocobar fue condenado por “exceso en el cumplimiento del deber”. Al ocurrir el enfrentamiento, se encontraba fuera de servicio. Pudo haberse hecho el distraído, y en ese caso hubiera incurrido en incumplimiento del deber, y nadie lo hubiera juzgado ni condenado.
Ninguna sociedad puede existir sin policías. El asaltante, siempre, es una persona violenta que aprovecha su ventaja (las armas, el número, la sorpresa) para vulnerar los derechos de otro. Comprender las circunstancias que los llevaron al delito es tarea de psicólogos, sociólogos y juristas. En el caso de Chocobar, lo cierto es que no se trata de un caso de “gatillo fácil”, no formó parte de un “escuadrón de la muerte” y nadie puede decir que ejecutó a un hombre reducido e indefenso. No es simple reconstruir con equidad el fragor de un enfrentamiento.
El nudo de la cuestión
Las encuestas que lo encumbran casi como un héroe expresan un sentimiento generalizado. Por una parte, el aumento de la criminalidad (cuyas estadísticas siempre resultan confusas) incrementa geométricamente la “sensación de inseguridad”. El miedo es mal consejero: la buena imagen del ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, no se apoya en una buena gestión - en esa jurisdicción aumentan, al mismo ritmo, el desempleo, los asaltos y la violencia social - sino en su imagen y su discurso de “mano dura”.
Hace unos meses, el historiador Jorge Ossona, experto en el Conurbano, dijo en un debate digital en Salta: “La pandemia está acelerando el cambio social.... Por ahora, no explota sino que implota capilarmente todos los días, en una violencia tan naturalizada como las rutinas de la penuria alimentaria y laboral.... la dirigencia política debería tomar nota de estas vicisitudes...”
En este contexto, el discurso “garantista”, del que abrevan muchos fiscales y jueces, intenta garantizar impunidad a quienes delinquen, considerándolos “víctimas de una sociedad injusta”. Está claro que no son mayoría y, con su falta de tino, terminan alimentando los sentimientos reaccionarios.
Es tal el desconcierto que el dirigente piquetero y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, incomprensiblemente, culpó al “matriarcado” por la delincuencia masculina en barrios vulnerables. Opinó que como las mujeres reciben asistencia social directa de parte del Estado, “la única manera que tiene el hombre de volver a su casa a ver a su mujer es agarrar a cinco giles, llevarse cinco celulares a $5 mil cada uno o vender droga”. Más allá del resabio machista y lo insostenible del razonamiento, la realidad social es volcánica.
Tensiones crecientes
Un reciente informe de la Universidad Nacional de Colombia consigna que, con el 8% de la población mundial, Latinoamérica registra el 33 % de los casos de criminalidad.
Argentina, Chile y Uruguay están muy lejos de Venezuela, Colombia, México y Brasil, los países más violentos de la región, pero la quiebra macroeconómica de los últimos veinte años ha producido una catástrofe social.
El experto estadounidense Joseph S. Tulchin advierte que “en todos los países de América Latina las tasas de criminalidad vienen creciendo” y que “la violencia, y la inseguridad personal que ésta genera, afectan la confianza de la sociedad en el sistema democrático, un elemento clave de la cohesión social que hace que la democracia sea posible”.
Pancartas peligrosas
Chocobar no es un héroe ni un villano, pero su historia enciende una señal de alarma.
Claramente, la mano dura y el autoritarismo no resuelven nada. Pero el garantismo, tampoco. La única solución institucional es una política de seguridad al margen de las encuestas y las ideologías. El Estado debe construir una policía profesional, ajena a las componendas con políticos y delincuentes, como las que hoy abundan, y más cercana a la sociedad de la que hoy aparece separada por una profunda brecha.