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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio ayer una prueba más de la fragilidad del criterio sanitario con que se maneja la campaña vacunatoria. Al anticipar que “vamos a continuar con la vacunación de modo optativo” el funcionario parece no estar midiendo la proyección de sus palabras. No es el único. Cuando se establezca la obligatoriedad, lo que probablemente va a ocurrir cuando se normalice el suministro de vacunas, estaremos ante una nueva contradicción de las que se han multiplicado en esta pandemia a medida que se acercan las elecciones.
Hace unos días, luego de que la ministra Carla Vizzotti sugiriera crear estímulos para la vacunación, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, planteó que en las actuales circunstancias las empresas podrían considerar eliminar la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse. “En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias”, dijo el directivo, señalando que la negativa a vacunarse de parte de algunas personas genera una situación de inequidad laboral.
“No debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas -respondió ayer Cafiero-. Vamos a continuar con la vacunación de modo optativo”, aventuró.
Como esto supone dejar de pagar sueldos, Funes de Rioja previó las consecuencias posibles: “Hemos adoptado protocolos de prevención para evitar contagios dentro de los ámbitos fabriles”, pero en el país “todo se puede judicializar”. Claro, las empresas no pueden despedir (por la pandemia) y el asalariado necesita cobrar. El dilema está planteado y hay que resolverlo con realismo y sin pensamiento mágico.
Una epidemia y, más aún, una pandemia se combaten con vacunación masiva. En el caso de la COVID 19 la obligatoriedad no ha quedado formalizada legalmente porque las vacunas, todavía, se encuentran en período de pruebas. Sin embargo, con 4.600 millones de personas inoculadas con una dosis y 1.300 millones con vacuna completa, hay indicios cautelosos de que se avanza hacia una seguridad estratégica. Al volverse a la presencialidad, como ocurre ahora en la Argentina, vacunarse es más seguro y perentorio.
En las nuevas patologías del siglo XXI la seguridad absoluta no la puede brindar nadie, pero las soluciones posibles llegan solo de la mano de la ciencia.
Una política sanitaria requiere responsabilidad, coherencia y convicción. Después del daño económico infligido al país por la cuarentena, la tragedia social que supone un 50% de pobres y la pérdida de casi dos años de escolaridad sufrida por una generación de entre 5 y 17 años, ¿puede haber alguna duda de que hay que vacunarse?
El SARS-CoV-2 es muy contagioso y la única barrera (aún en construcción) es la vacunación masiva. La libertad es un valor esencial; la responsabilidad, su correlato necesario.
El discurso libertario de Cafiero sorprende. ¿O acaso no es el Gobierno nacional el que decidió dejar varados a 45 mil extranjeros en el exterior para evitar los contagios? ¿Y el que hizo del cierre de escuelas una “causa ética” hasta hace pocas semanas? ¿Y el que puso como modelo de gobierno al de Gildo Insfrán cuando cercenó todas las libertades de los formoseños en nombre de la salud pública? ¿Y el que obliga a utilizar barbijos?
La ley 27.491 es previa a las vacunas contra la COVID 19, pero en su espíritu es inequívoca: establece a “la vacunación como una estrategia de salud pública” y la define como “bien social”, obliga a los ciudadanos a vacunarse y al Estado a proveerla en forma gratuita. Cuando el Gobierno haya conseguido vacunas suficientes, probablemente será obligatorio para todos.
La CGT se opuso a la posición de la UIA a través de un comunicado donde reclama vacunación, pero no acepta una sanción laboral. Nadie especificó cómo se resuelve la contradicción, que los afecta como representantes de los trabajadores: la libertad de los que no se quieran vacunar contra la salud de todos.
Para la UIA, se termina una dispensa establecida cuando no había vacunas. Si una persona no quiere trabajar porque lo obligan a vacunarse, no le pagarían. Vacunarse (o no) puede ser una decisión personal pero sus consecuencias son sociales y laborales. ¿Qué corresponde hacer, entonces? Si una persona no se puede vacunar por prescripción médica, esa es otra historia que se resuelve por otras vías.
El Calendario Nacional de Vacunación es una obligación incluida dentro de la responsabilidad parental y quien no vacuna a sus hijos es pasible de sanciones. ¿Por qué? Porque la salud pública es un interés superior. Al pedir “los mayores esfuerzos para lograr una vacunación masiva de los trabajadores”, la CGT está diciendo implícitamente que las autoridades deben acelerar la vacunación completa, con las dos dosis; deben simplificar a los trabajadores el acceso al sistema informático y que hay que “persuadir” (sin castigo) a quienes se resistan a vacunarse.
La excepcionalidad que impone el virus obliga a buscar una solución en el marco del Derecho, la libertad y la responsabilidad.