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Por Victor Toledo
En nuestro país son pocos los temas que puedan ufanarse de ser considerados políticas de Estado permanentes e independientes del gobierno de turno. Uno de ellos son los reclamos por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Hasta la creación de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 no existían foros internacionales consolidados que permitieran plantear estos reclamos de manera visible ante toda la comunidad internacional, pero eso no quiere decir que no hayan existido sino que generalmente se canalizaban de manera bilateral. Así, tras apropiación de las islas en enero de 1833, Manuel Moreno presentó la primera protesta formal y posteriormente, aun cuando las relaciones entre el Reino Unido y Argentina eran sólidas fruto de las cuestiones comerciales, el canciller argentino Norberto Quirno Costa llegó a proponer un arbitraje para zanjar la cuestión. Fue la ONU la que dio visibilidad a los reclamos argentinos y se constituyó en el foro de discusión por excelencia, aunque conviene mencionar que la diplomacia argentina presentó o presenta sus reclamos en muchos otros, tales como la OEA, el Movimiento de Países No Alineados, MERCOSUR, CELAC, G-20, por mencionar algunos.
La primera reserva de la Argentina en el marco de la ONU fue realizada por el canciller Miguel Ángel Cárcano en 1945, al expresar que el sistema de fideicomiso que se estaba debatiendo en la Conferencia de San Francisco no era aplicable a las Malvinas. Posteriormente, durante la primera sesión de la Asamblea General, se presentó el primer reclamo ante la Organización, lo que se reiteraría sistemáticamente. Inclusive hubo declaraciones conjuntas con el Reino Unido en donde ambos países, recíprocamente, hicieron reservas de sus reclamos de soberanía.
En 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Res. 1.514 (XV) “Declaración sobre la concesión de independencia a países y pueblos coloniales” que hace expresa mención a que el principio de autodeterminación no puede socavar la integridad territorial de un país. Esta resolución permitió que la Argentina pueda ejercer más presión sobre el Reino Unido para abordar la cuestión. En 1961 se creó un Comité Especial en el ámbito de la Asamblea General para analizar la aplicación de la Res. 1.514 el cual, en 1964, abordó el tema de las Islas Malvinas. Allí, el apoyo latinoamericano, en especial de Ecuador, Uruguay y Venezuela, fue muy relevante. La exposición argentina estuvo a cargo de José María Ruda, quien expuso lo que con justicia es reconocido por Archibaldo Lanús como el “primer gran alegato argentino ante las Naciones Unidas” que debería ser lectura obligatoria en nuestras instituciones educativas-, en el que se exponen todas las razones históricas, geográficas y jurídicas por las que las Islas son argentinas. Futo de estas sesiones, el informe del Subcomité “tomaba nota de la disputa entre el gobierno de Argentina y del Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas” e invitaba a los países a negociar. El informe fue aprobado por unanimidad con la abstención del Reino Unido y fue girado al año siguiente a la IV Comisión de la Asamblea General sobre asuntos coloniales, en donde Argentina pidió que se elaborara un proyecto de resolución de la Asamblea General.
La propuesta argentina fue aprobada con las abstenciones de 14 países, entre ellos el Reino Unido y Estados Unidos; así nació la Res. 2065 (XX) que invita a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones teniendo en cuenta los principios de la carta y los “intereses” de los isleños. Este término no es menor, pues se impuso a la posición británica que abogaba por el término “los deseos” de los isleños, lo que abriría las puertas a la autodeterminación. Este logro de la diplomacia argentina durante la presidencia de Illia quedó refrendada al año siguiente cuando el Reino Unido aprobó el texto de consenso de la IV Comisión, lo que significaba el reconocimiento de que había, en torno a las islas, “una situación colonial cuya eliminación interesa a las Naciones Unidas”.
Posteriormente se aprobaron otras resoluciones por parte de la Asamblea General en la que se instaba a la negociación y abrieron las puertas para que ambos países trataran de llegar a un acuerdo definitivo. Archivaldo Lanús cuenta en su libro “De Chapultepec al Beagle” la elaboración de un memorándum de entendimiento no firmado (es decir no oficial) fechado en 1968 en el que el Reino Unido “reconoce la soberanía de la República Argentina sobre las islas con fecha a convenir”. Por razones poco claras, el gobierno argentino demoró en responder y cuando lo hizo, el gobierno in glés adujo que ya era tarde.
El tema había trascendido y la oposición conservadora pedía explicaciones.
Esto no fue obstáculo para que los dos países acuerden sobre otros temas, como el de las comunicaciones, por ejemplo. Por otra parte, Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, aprobó otras resoluciones, como la 2.621 (XXV), 3.160 (XXVIII) y 3.149 (XXXI), en las que no solo aconsejan la negociación, sino que indican que debe ser “bilateral” entre los gobiernos argentinos y británicos, excluyendo a los isleños de la mesa de negociaciones. Este principio, que fue defendido a rajatablas por los sucesivos gobiernos argentinos, fue interrumpido de hecho durante el gobierno de Carlos Menem, cuando, en nombre de la política de “seducción”, se los invitó a la mesa de negociaciones. Una vez invitados, todo pedido de exclusión, independientemente de los modos, fue considerado arbitrario por parte de los isleños. La guerra fue la manera más violenta de reclamar la soberanía y, desde el punto de vista diplomático, la más desacertada. Si bien durante ese período y el inmediatamente posterior las Naciones Unidos siguieron instando a la negociación, el acompañamiento de la comunidad internacional, con la honrosa excepción de los países amigos de la región, no fue el mismo. Si bien los textos de las resoluciones se aprobaban, las abstenciones llegaron a ser numerosas (54 en 1983 y 1984) y hubo varios votos en contra (12 en 1982). Recién sobre el final del mandato de Raúl Alfonsín y luego durante el gobierno de Menem, se volvió a contar con los apoyos previos a la guerra. Desde el retorno a la democracia, todos los presidentes argentinos han reclamado en las sesiones de apertura de la Asamblea General de la ONU con excepción de 2015-, por los derechos soberanos del país sobre las islas. Es más, la Constitución Nacional reformada en 1994 expresa, en su cláusula transitoria primera, la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas y sus espacios marítimos e insulares circundantes. Por lo tanto, el reclamo no es ya una opción de la política exterior de los gobiernos de turno, sino una obligación, por tratarse de un “objetivo permanente e irrenunciable” del pueblo argentino.