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Entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre próximos, Matías Huergo enfrentará el primero de los juicios que asoman en su contra por distintas causas. La de mayor resonancia es la que lo tiene acusado, en el fuero federal, como presunto miembro de una asociación ilícita tributaria que evadió impuestos nacionales con empresas opacas y facturas apócrifas. En ese expediente, conocido como caso Arcadio, el juez Julio Bavio requirió juicio para Huergo y otro siete imputados en octubre de 2021, pero la audiencia oral aún no tiene fecha confirmada.
En otra causa, que se inició en el fuero ordinario de la 2017, con una denuncia de Lusal, ordenaron fijar fechas los días 25, 26 y 31 de octubre para una audiencia de debate que continuará desde el 1 al 9 de noviembre. En este caso el cargo es de administración fraudulenta. La denuncia fue radicada el 8 de junio de 2017 por los representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por LuSal Mantelectric e Ilubaires. Concretamente, denunciaron que desde finales del año 2015, Huergo, quien estaba a cargo de la gerencia de la citada UTE que tiene contratado el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Salta, habría utilizado recursos de Lusal en provecho propio y de Arcadio Obras Eléctricas.
El juez que encabezará el juicio previsto en octubre es Martín Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta.
La representación del Ministerio Público estará a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos. Por la querella intervendrán los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortíz. Por su parte, Guido Giacosa ejercerá la defensa de Huergo.
Al frente de la investigación de la causa estuvo la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 5 en 2020.
La fiscal concluyó que Huergo aprovechó su condición de director de Lusal para disponer fondos y recursos de esa empresa en beneficio personal y de la firma Arcadio.
Recordó que Lusal Mantelectric e Ilubaires, firmas que se constituyeron en UTE el 16 de julio de 2007, confiaron a Huergo el gerenciamiento de los servicios, las relaciones comerciales, la firma de documentación y el manejo de los fondos operativos. La fiscal destacó que esas amplias facultades le confirieron al acusado el poder de decisión sobre los pagos que debía hacer la empresa, la emisión y firma de cheques (en forma conjunta e indistinta con otras dos personas) y la decisión sobre la incorporación y despido de personal.
A comienzos de 2017 se convino entre las partes la desvinculación de Huergo respecto de Lusal. Meses después los empleadores radicaron la denuncia penal. De la investigación, Simesen de Bielke desprendió que Huergo habría librado cheques a favor de Arcadio desde la cuenta de Lusal, sin que esa firma tuviera alguna vinculación de carácter comercial respecto de la beneficiaria. También le atribuyó un aprovechamiento de su posición para utilizar elementos, recursos y vehículos de Lusal en obras de Arcadio. La fiscal señaló que el perjuicio económico a Lusal se acreditó mediante la salida de fondos documentados a través de cheques respecto de proveedores que nunca prestaron servicios a Lusal ni contaban con vinculación comercial alguna. También indicó que dichas salidas se habrían respaldado con facturas apócrifas.