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En términos generales, se define un estado fallido por los siguientes parámetros: incapacidad de proveer los servicios contractuales básicos; corrupción política; altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana; altos niveles de informalidad, pobreza e indigencia; crisis económica, inflación y desempleo; ideologización de los derechos humanos; fuga de talento; bajos porcentajes de personas con educación superior; bajo nivel educativo; pérdida de control del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza e incapacidad de responder a emergencias nacionales. La lista habla por sí sola.
Argentina acaba de votar. El presidente electo Javier Milei obtuvo casi catorce millones y medio de votos; el presidente con más votos de la historia argentina.
Cambiar el rumbo del país le requerirá de capacidades únicas de gobernanza y de construcción de consensos tanto políticos como sociales. En una sociedad tan polarizada y rota como la nuestra, y más todavía después de estas elecciones, este cambio de rumbo será una tarea hercúlea; él mismo así lo reconoció. Todos tendremos que ayudar; sería necio no aceptar que de su éxito y de su buen tino dependerá el éxito de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. Pero la paciencia de la sociedad podría ser en extremo volátil y la luna de miel corta, mientras la lista de problemas es demasiado larga.
La situación económica
La inflación del mes de octubre fue del 8,3%, acumulando un 120% de inflación anual a octubre, y un 142,7% de variación interanual; inflación solo superada por Venezuela y Zimbabue. El dólar blue supera los $1.000 por dólar y la brecha cambiaria es mayor al 150%. Las tasas bancarias son astronómicas; desalentando el crédito y la producción. En agosto de 2023, la utilización de la capacidad instalada industrial era del 67,9%; y la deuda a los importadores acumulaba la nada trivial suma de 48.000 millones de dólares.
En diez años, del 2011 al 2021, el PIB per cápita cayó un 16% mientras que, en el mismo período, el gasto público creció del 24% al 40% del PBI. Tenemos un 14,4% de déficit fiscal respecto al PBI; un nivel de inversiones con respecto al PBI que es el más bajo de la historia argentina y un nivel de deuda que es el más alto registrado jamás. Deuda que alcanza la demoledora cifra de 425.000 millones de dólares contra un PBI estancado hace trece años y que no llega a 450.000 millones de dólares. Las reservas netas líquidas son negativas y la falta de dólares es tan angustiante que el "Global Risk Report 2023" nos ubica en la lista de candidatos al default junto a Egipto, Ghana, Kenia, Túnez, Pakistán y Turquía. No menor, sigue latente el problema de las Leliqs, deuda que pocas semanas atrás marcó un récord al sobrepasar los 23 billones de pesos, el 12% del PBI.
El Banco Mundial y el FMI sostienen que "un país alcanza condiciones sostenibles de deuda si puede cumplir con sus obligaciones de pago de la deuda actuales y futuras en su totalidad, sin recurrir a reprogramaciones o acumulando atrasos; y sin comprometer el crecimiento". No producimos lo suficiente para pagar nuestros gastos corrientes; tampoco las cuotas de capital e intereses de las deudas contraídas; menos para crecer; mucho menos para ahorrar. No se puede asegurar que estemos en una situación de sostenibilidad de ningún tipo.
Vivimos demasiados años bajo la fantasía de creer que con una buena cosecha, Vaca Muerta y el litio "nos salvamos". Vaca Muerta extrae por medio de "fracking"; un método contaminante, prohibido y peligroso. El litio tiene una ventana de explotación que se acorta día a día; y las cosechas dependen cada vez más de factores climáticos alterados. Tampoco ayuda que el 67% de las exportaciones del país sean productos primarios, granos o semielaborados de nulo o escaso valor agregado.
El desempleo es del 7% -si una persona no busca trabajo, o trabajó al menos una hora en el mes no es considerado desempleado-, en un contexto donde el 40% de los asalariados registrados depende del aporte del Estado, y donde tanto el empleo público como los beneficiarios de planes sociales crecieron por encima del ritmo demográfico. En el último año, uno de cada dos empleos fue generado en la economía informal y el empleo en el sector privado lleva diez años de estancamiento. El salario promedio del personal asalariado (9,7 millones de personas) es de menos de 150.000 pesos y, con ingresos apenas superiores a los 280.000 pesos por mes, se pertenece al decil más rico de la población. La canasta básica alimentaria, es de 345.000 pesos sin considerar alquiler, vestimenta ni transporte; la ecuación diaria de vivir no cierra por ningún lado.
La deuda social
Con respecto a la deuda social la lista también es enorme. De no existir los subsidios otorgados por el Estado, la pobreza sería del 52% y la indigencia del 21%. Dos de cada tres chicos menores a 17 años son pobres y todos ellos enfrentan serias deficiencias educativas, alimentarias y sanitarias.
En 1974, la pobreza era del 4% y existía una clase media -por ingresos - cercana al 67%. Hoy tenemos una pobreza trece veces mayor y una clase media -más por su dimensión aspiracional que por ingresos-, menor al 20%. La movilidad social ascendente suena a mito urbano. Esa clase media retratada por la frase "mi hijo el doctor" desaparece y hoy tenemos uno de los guarismos más altos del mundo de jóvenes que no estudian ni trabajan -34%-, y 7 de cada 10 jóvenes buscan trabajar para el estado por la estabilidad laboral y económica que eso significa y, también, por la falta de requerimientos educativos del Estado a la hora de contratar personal.
El sistema educativo muestra resultados frustrantes. Solo 16 de cada 100 chicos que inician la escuela primaria terminan el secundario en tiempo y en forma. Solo 3 de cada 10 niños comprenden lo que leen. Solo 4 de cada 10 manejan rudimentos matemáticos elementales. La escuela no enseña ni a leer ni a escribir. Solo egresa el 10% de los estudiantes que ingresan al sistema universitario y apenas un 1% de la población obtiene un título de posgrado. La inequidad educativa se acrecienta de manera alarmante por nivel de ingresos; por pertenencia al sistema público o al privado y por provincias. Solo basta visitar la página del "Observatorio Argentinos por la Educación" para tener una radiografía escalofriante sobre el estado de la educación.
El sistema sanitario público se encuentra desmantelado y todas las instituciones sanitarias públicas del país se encuentran es estado de crisis terminal. El sistema previsional también; el 86% de los jubilados del país quedan por debajo de la canasta básica de alimentos sin considerar alquiler, medicamentos, tratamientos, transporte o vestimenta.
No se puede dejar de lado en esta descripción la penetración del narcotráfico y la cooptación de los estamentos sociales, empresarios, judiciales, policiales, penitenciarios y estatales. Tampoco se puede afirmar que tenemos el monopolio del uso legítimo de la fuerza en todo nuestro territorio. No es así. Se desafía y se cuestiona el concepto de propiedad privada en cientos de tomas y usurpaciones de terrenos públicos y privados a lo largo y ancho del país; y nos matan por un celular, un auto o una billetera; nos matan porque sí. Nos matan porque la violencia es parte del paisaje y porque es barato matarnos.
Imposible ser exhaustivo. Parafraseando a Shakespeare solo puedo agregar "Algo huele a podrido en Argentina".
Argentina Sísifa
Ahora vamos a discutir, como siempre, la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la cuenta monetaria. La cuenta exterior porque pone en juego la capacidad de pago del país; la cuenta fiscal, porque repercute sobre la cuenta exterior, y la cuenta monetaria, porque tiene impacto en la tasa de inflación, en el manejo de la economía y en la capacidad de controlarlas a ambas.
La cuenta exterior dejará de ser superavitaria apenas se comiencen a eliminar las restricciones a las importaciones; restricciones que cercenan la producción por un lado y violan derechos por el otro. Por el lado de la cuenta monetaria, debemos dejar de emitir. La inflación descontrolada desalienta la producción y erosiona a las instituciones. Sobre la cuenta fiscal no parece haber mucho por hacer. Pero se hace difícil poder pensar, hoy, en un ajuste fiscal que pueda provocar una desestabilización del plano social que, convengamos, se encuentra sostenido sobre el abismo con alfileres. Aplicar la famosa "motosierra" sin criterio alguno podría resultar insoportable desde el punto de vista de la convivencia democrática y la gobernabilidad.
Por otro lado, no hacer los ajustes que hay que hacer ahora, solo empeorará las cosas. La exclusión económica y social, la inequidad, la crisis educativa y la fractura de los sistemas de salud pondrán en jaque a cualquier gobierno que no tenga claro el modelo a seguir hacia adelante. A cualquier gobierno, sin importar la bandera política que ostente ni su sesgo ni ideología.
Dado este panorama, me pregunto cuánta racionalidad y saneamiento podrá introducir el nuevo gobierno. Y cuánta racionalidad y saneamiento tolerará la sociedad. Ninguna de las dos preguntas es trivial. Esta respuesta definirá el nuevo rumbo del país.
Tengo sensación de fin de ciclo y de punto de inflexión. Si no logramos cambiar el rumbo, solo puedo hacerme eco de las palabras de Franz Kafka a su amigo Max Brod: "Hay infinitas existencias de esperanza, pero ninguna para nosotros". Por el bien de todo un país, ojalá que no sea así.