En un documento de nueve carillas, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, fijó postura sobre los cambios que se proponen con la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso y del mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), que también debe ser tratado en el mismo ámbito.
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En un documento de nueve carillas, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, fijó postura sobre los cambios que se proponen con la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso y del mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), que también debe ser tratado en el mismo ámbito.
El Tribuno tuvo acceso al informe, que fue analizado el lunes pasado entre el titular de la cartera productiva local, Martín de los Ríos, y su gabinete, la presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, y las diputadas nacionales Pamela Calletti y Yolanda Vega, pertenecientes al oficialismo provincial.
Pusieron el ojo en las desregulaciones económicas y en el pago de derechos de exportación, entre otros, que fijan los cambios que busca el Gobierno libertario.
Retenciones
Uno de los puntos que más preocupan es el establecimiento de retenciones de un 15% a todos los productos y manufacturas industriales que se exportan. En el caso de la vitivinicultura, ese impuesto a la venta al exterior volvió a ser de un 8%, tal como estaba antes que se haya eliminado en agosto pasado, durante la desesperada campaña proselitista de Sergio Massa.
"La industria resulta severamente afectada porque con la devaluación se impuso un gravamen de 17,5% sobre el dólar oficial (impuesto PAIS) para importar insumos industriales. En el caso de aprobarse las retenciones del 15%, tendrán un impacto muy negativo en la competitividad del sector industrial, porque ya tienen un dólar más alto para importar insumos y tendrán un dólar más bajo para exportar sus manufacturas", se consigna en el documento de la Provincia.
Sobre esa carga impositiva, Paula Bibini, quien también es vicepresidenta de la Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvo que quitará más competitividad a la producción local.
"Nosotros advertimos en el sector industrial que se debe incorporar un criterio de competitividad, un incentivo a la producción en un esquema de derechos de exportación que no desincentiven las exportaciones industriales porque eso lleva aún más a dificultar la adquisición de divisas y la situación que hoy se encuentra en nuestro país", afirmó la dirigente en una entrevista con Radio Salta.
Tabaco y otros
En la Provincia también hicieron hincapié en la restitución de los derechos de exportación a productos de economías regionales que se plantean entre los artículos 200 a 207 de la ley ómnibus. Mencionaron el caso del tabaco, cuya retención también se había eliminado con el anterior ministro de Economía y candidato presidencial, y ahora que se quiere llevar al 15% de lo exportado.
En la producción tabacalera (con gran peso económico en Salta) se quiere modificar, además, el porcentaje y sistema de aplicación de los impuestos internos. Por ejemplo, se eleva de 70% a 73% la alícuota del gravamen y elimina el mínimo de $28 por cada envase de 20 cigarrillos. "El proyecto no es valorado como la solución más certera a la problemática hoy imperante en el mercado de cigarrillos", sostuvieron en el documento.
Consideraron, también, que los cambios a este sector no garantizan una mejora en el Fondo Especial del Tabaco (FET), que es la principal fuente de ingresos de los productores y que se nutre de los impuestos a los cigarrillos.
"Al eliminar el impuesto interno mínimo, las multinacionales tendrán la posibilidad de bajar el precio de un segmento importante de cigarrillos para competir con las cigarreras de precio artificial informal ultra bajo. El balance del impacto de la medida en el FET es incierto. Es más factible que las empresas grandes recuperen ventas, pero no está asegurada una mayor integración económica del FET. Es incierto", concluyeron.
Otras producciones en la que esperaban mejoras pero pasó todo lo contrario tiene que ver con los cultivos de sésamo, chía y cártamo, sobre los que "no hay mención de reducción de pago de derechos de exportación, con lo cual seguirían pagando, siendo muy perjudicial para la Provincia", aseguraron.
Lo mismo consideraron sobre la derogación de la Ley de Carnes; las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y a la Biocombustibles, entre otros ítems.