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En vísperas de entregar el mando a su sucesora, Claudia Sheinbaum, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador logró imponer en el Parlamento un proyecto de ley que modifica drásticamente la estructura del Poder Judicial al establecer la elección popular de los jueces. La iniciativa despertó una enconada resistencia de la oposición política, la magistratura, los círculos empresarios y también de Estados Unidos, que coincidieron en expresar que la reforma abre sombrías perspectivas para la seguridad jurídica en el país azteca.
López Obrador abandona el gobierno arropado con un alto índice de imagen positiva, notablemente superior al que tuvieron sus antecesores a la hora de transferir el mando. Consiguió que Sheinbaum, candidata presidencial de su Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) y su coalición "Sigamos haciendo historia", obtuviera el 60% de los votos, un porcentaje inédito en el último medio siglo, y también por primera vez en varias décadas, que el oficialismo alcanzara mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
Las encuestas indican que la iniciativa reformista cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de la opinión pública, que imputa al Poder Judicial un elevado nivel de corrupción. Con semejante aval el mandatario saliente ensaya una despedida a toda orquesta con una iniciativa considerada un avance fundamental para su proyecto de "Cuarta Transformación" (4-T) pero que muchos estiman un "presente griego" con el que tendrá que lidiar Sheinbaum.
La oposición mexicana, aplastada en las urnas y confinada a la minoría parlamentaria, denuncia que la reforma judicial abre las puertas para la instalación de un sistema autocrático en el que el partido dominante puede manejar discrecionalmente y perseguir a sus adversarios políticos. Esa opinión es compartida por los medios de comunicación, que por ese mismo motivo sienten amenazada la libertad de prensa.
Los sectores empresarios dispararon su voz de alarma. José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPAMEX), la principal central empresaria, subrayó la importancia que tiene para los inversionistas la "incertidumbre jurídica" y manifestó que "el hecho de que se elijan jueces magistrados por el voto popular aumenta esa incertidumbre y esto hace que se detengan los proyectos".
En un foro organizado por COPAMEX, Mariana Campos, especialista en finanzas públicas y directora general de México Evalúa, una organización no gubernamental que suele transmitir los puntos de vista del empresariado azteca, puntualizó que "la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de la democracia, pero también protege nuestra libertad y nuestros derechos. "Hoy todas esas garantías están amenazadas". Campos afirmó que la elección popular de los jueces politizará su nombramiento, ya que "lleva a que los jueces tengan que hacer compromisos que no deben hacer para ser elegidos y que se debilite la capacidad de un tribunal para emitir sentencias justas. Esto tiene un costo económico en las empresas y el en el capital de los inversionistas".
Pero la economista puso el dedo en la llaga cuando destacó que las reformas aprobadas infringirían también algunos puntos del Tratado Comercial México- Estados Unidos- Canadá (T-MEC), actual denominación del NAFTA, entre ellos uno que alude a "un trato justo y equitativo" y "la "garantía de un acceso a la justicia para los inversionistas y la celeridad en la resolución de conflictos mediante tribunales capaces e imparciales".
Amenaza a inversores
Efectivamente EEUU y Canadá no disimulan su preocupación. El embajador estadounidense Ken Salazar afirmó que "las elecciones directas de jueces representan un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México". Por su parte, la canciller canadiense Mélanie Joly señaló que "es difícil invertir en un ambiente de negocios donde hay demasiados riesgos" y añadió que "esperamos que un país como México respete el Estado de Derecho y que sea capaz de atender el tema de la previsibilidad y la seguridad económica".
Rápidamente AMLO respondió: "no vamos a permitir que él opine. Si no hay respeto a la soberanía de México hay pausa con la embajada estadounidense y con la de Canadá. No vamos a pedirles que se vayan del país, pero habrá una pausa verbal". Al mismo tiempo, Sheimbaum le recordó a Salazar que en Estados Unidos "43 de los 50 estados eligen a los jueces por el voto popular".
El Colegio de Abogados de Nueva York, senadores estadounidenses republicanos y demócratas, calificadoras de riesgo como Fitch y bancos importantes como Morgan Stanley alertaron sobre los peligros del proyecto. "Estamos muy preocupados porque la reforma podría socavar la independencia y la transparencia del sistema judicial en México, poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones", consignó una declaración firmada por los senadores Marco Rubio (Florida), Tim Kaine (Virginia), Ben Cardin (Maryland) y James Risch (Idaho).
La réplica de AMLO fue inmediata:" Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. Nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decirles qué está bien y qué está mal. Entonces queremos que sea recíproca la relación de respeto" Luego agregó "Esperamos que esto no vuelva a suceder. No es como antes cuando los estadounidenses decidían nuestra agenda". La observación de Sheinbaum sobre el sistema estadounidense disparó empero una interesante controversia en distintos medios académicos, judiciales y políticos. Porque Estados Unidos tiene un sistema judicial dual. La elección popular de jueces sólo aplica a nivel de los estados, pero ninguno de los magistrados de los tribunales federales son escogidos por ese método.
Todos los integrantes de los tribunales federales son elegidos por el Poder Ejecutivo y confirmados por el Senado después de su validación por un comité especial. Este mecanismo incluye naturalmente a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de los órganos de apelación y los tribunales de distrito e inferiores, quienes después de recibir el aval del Congreso tienen carácter vitalicio.
Los tribunales federales son competentes en asuntos constitucionales, narcotráfico, inmigración o cuestiones referidas a controversias empresarias. De allí que sus decisiones son las que tienen mayor voltaje político, aunque la enorme mayoría de los pleitos son responsabilidad de los sistemas locales que entienden en materia penal, derecho de familia, contratos y responsabilidad civil. La elección de los magistrados estatales adquiere diversas modalidades según las respectivas constituciones pero los mecanismos de elección están sometidos a rigurosas reglamentaciones que siempre tienen en cuenta determinados requisitos de idoneidad.
La reforma promovida por AMLO es mucho más amplia porque involucra la elección popular de la totalidad de los jueces, incluidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Nacional Electoral, un organismo fundamental en la vida institucional mexicana que fiscaliza la transparencia de las elecciones. El nuevo régimen se asemeja más a la "constitución plurinacional" de Bolivia, dictada en 2009 durante el gobierno de Evo Morales y hasta ahora la única constitución en el mundo que impuso la elección popular de todos los magistrados.
Paradójicamente, la aprobación de esta reforma coincide con el hecho de que, según las cifras de 2023, México desplazó a China como primer socio comercial de Estados Unidos, lo que implica un salto cualitativo en la integración económica entre ambos países. Este cambio responde al avance del "nearshoring", un fenómeno que hace que las empresas multinacionales tiendan cada vez más a radicar sus plantas en países cercanos a su mercado principal, en contraposición al "offshoring" que implica la estrategia de transferir las unidades de negocios a terceros países lejanos, en particular asiáticos, con el fin de reducir sus costos laborales. Resulta obvio que la implementación de este nuevo sistema afecta la continuidad de ese proceso. La expectativa de los inversores es si Sheinbaum será capaz de tomar distancia de AMLO y encontrar alguna forma elíptica para desandar el camino.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico