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Los comensales de Olivos entran al recinto para ser agasajados por el presidente, que les agradece el apoyo a su veto al aumento del haber jubilatorio y al financiamiento de la universidad pública. Una escena de festejo, de premio y alineamiento con una decisión que depende del ejecutivo nacional en exclusividad.
El clivaje de cambio de época política sobrepasa a la mayoría de los ejecutivos provinciales, que, careciendo de reflexión sirven como peones de un juego en el cual no son dueños de su representatividad política. Esto es sumamente peligroso porque los apoyos locales construidos con épicas nacionales duran lo que la suerte del presidente. En otras palabras, la facilidad de festejo puede ser corta y amarga cuando la política nacional entre en crisis y los trolls en redes sociales dejen de facturar.
El poder local, construido desde la legitimidad provincial declama un ejercicio claro de posiciones que pueden estar alineadas a nivel nacional, pero nunca rehenes de la dinámica oficialista. En todo caso, tampoco queda claro por qué el festejo con gobernadores "dialoguistas" cuando se supone que los representantes parlamentarios provinciales deben votar de acuerdo con convicciones y reflexiones personales, no como delegados de un gobernador.
Es una degradación profunda del rol parlamentario cuando al fin de cuentas una llamada telefónica determina la justificación de un voto. Es también una burla al votante que ve en una persona la razón de su apoyo, para después ser engañado dentro de un combo político que carece de autodeterminación.
La automatización del análisis también asusta. Las posturas de la mayoría de los diputados y senadores por Salta tienden a repetir líneas de defensa que no son propias pero enviadas por otros poderes. Pretender representar para luego ser vasallo daña a la idea republicana de separación de poderes y supedita la inteligencia y honestidad moral a la última ronda de negociaciones de alguna obra pública.
Por supuesto que la negociación política es parte de la dinámica nacional, más aún cuando la recesión inducida aplaca todas las variables económicas y sociales, pero, si un voto vale una obra, mejor decirlo y justificarlo, que esconderlo y celebrarlo con un asado presidencial.
La escena deja mucho que desear. Los gobernadores del NOA que presiden provincias con profundos problemas estructurales en cada estrato que se pueda pensar, prefieren la foto del agasajo a articular la defensa de una política integral.
Me refiero a jugar a dos puntas cuando estas son, a su vez, antítesis de la realidad. No es intelectualmente honesto "dar" votos en el Congreso para vetar la ley de movilidad jubilatoria para después apoyar la ley de financiamiento educativo esgrimiendo su importancia para el país. No es honesto porque el problema que reside en ambas cuestiones no es táctico, es político y económico.
¿Por qué el superávit sería más importante de preservar para la exención de impuestos, de bienes personales y el RIGI y no para la educación pública y los jubilados?
Cuando los sectores dialoguistas entran en la dinámica de la justificación sectorial sin ver la totalidad del escenario fiscal y económico, lo que hay es un favor para solventar otro favor. Si los votos en el Congreso equivalen a transferencias discrecionales a provincias afines lo que sucede es extorsión, no negociación. Si al cabo de esta conducta, los sectores dialoguistas todavía se encaminan a repetirla, entonces se fomenta una conducta alejada de la política democrática. Aún peor, si todo esto ocurre y los responsables políticos adhieren al festejo ¿con qué imagen se queda la ciudadanía de la supuesta casta?
El argumento o explicación más usada para justificar estas conductas pasa por la falta de recursos. Las provincias del NOA dependen de la coparticipación para llegar a fin de mes. Así como dependen de Nación los indicadores de pobreza, productividad y exportaciones, que tampoco crecen.
En este contexto, la necesidad de apoyar agendas nacionales para destrabar problemas de financiamiento local es la dinámica corriente en este periodo libertario. Ahora, ¿esto ocurre porque las capacidades financiamiento realmente están agotadas o por falta de política de desarrollo? ¿El diálogo con Milei es por necesidad absoluta o impericia en el desarrollo de políticas públicas productivas?
En Salta, conociéndola mejor, tiendo a pensar que la pregunta esta parcialmente resuelta. No se conocen planes de crecimiento o productividad. Me dirigirán al boom minero, pero al explorar la temática, hay mucho que tiene que ver con la resiliencia del inversor privado que con las condiciones que fomenta el estado. Sin ir más lejos, los temas pendientes de infraestructura son evidencia que la planificación vino después de la demanda, y no antes. Lo mismo con el RIGI. Supongamos que es integralmente bueno para Salta y el país y demos por acertado la adhesión provincial, ¿dónde están los lineamientos o cartas de presentación de inversión para que el mundo venga a crecer en Salta?
Dejemos de lado la minería, y viendo los sectores de crecimiento en la provincia, la mayoría se encuentran desarticulados, embebidos en problemas crónicos de inversión o hasta rehenes de trámites administrativos. Lo mismo se observa desde temas estructurales y estratégicos. ¿Cuál es la política y plan para diseñar una educación afín a las necesidades del desarrollo de Salta? ¿Cuál es el rol del comercio internacional limítrofe y la mano de obra calificada? ¿Cuál es la estrategia de mitigación al cambio climático? No son interrogantes para denostar lo que no se hace, sino para alertar la necesidad de hacer. Ser rehén de la dinámica nacional y el tesoro presidencial desmerece la capacidad interna de un gobierno provincial elegido para gestionar a favor del crecimiento que trae desarrollo humano. A la ausencia del dinamismo que vemos, por ejemplo, en Córdoba, Mendoza o Santa Fe, queda la pregunta si esto es por diseño o por elección.
El gobierno tiene tres años de gestión por delante. Si el crecimiento va a depender de la prestación de votos en el Congreso y las cenas en Olivos, entonces Salta no tomará la oportunidad histórica de dinamizar los sectores que crecen para favorecer a una provincia con niveles desesperantes de pobreza.
No debería hacer falta denegar a nadie una jubilación digna para poder terminar una ruta o un aeropuerto. La dignidad de la política pasa por buscar, gestionar y conseguir alternativas para resolver problemas comunes.
El gobierno provincial ejerce una inercia en la gestión, que aun con algunos buenos resultados, queda a medio camino por todo lo que no hace. Por ejemplo: ¿qué pasó con el plan estratégico del Consejo Económico y Social cuando el Dr. Dapena lo presidia? ¿Qué paso al plan estratégico Salta 2030 de la gestión de Juan Manuel Urtubey? La excusa de la falta de recursos solo es real cuando se agotan las posibilidades. Las posibilidades deben traducirse en un gran esfuerzo de articulación seria, profesional y sostenida de todas las áreas de la sociedad que pueden brindar "expertise" para nuevas políticas públicas de crecimiento en la provincia. Salta debería volver a mirar hacia adentro y maravillarse por la cantidad de oportunidades que tiene, su recurso humano, su futuro productivo. Depender de Milei es una estrategia insuficiente para lo que hoy necesita la provincia.