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La resolución judicial llegó en silencio, pero su impacto no pasó inadvertido. En una causa atravesada por acusaciones de narcotráfico, consumo de estupefacientes y una muerte aún bajo investigación, la Justicia salteña concedió el arresto domiciliario a tres hombres imputados como integrantes de un grupo organizado dedicado a la comercialización de drogas, una medida que despierta fuertes cuestionamientos por el estado del expediente y la gravedad de los delitos atribuidos.
El caso se remonta a septiembre del año 2025, cuando una joven de 25 años fue trasladada en estado crítico al centro de salud de Villa Primavera. Había estado reunida con un grupo de personas y, según la investigación, en ese contexto se habría producido el consumo de estupefacientes. La mujer murió días después, lo que activó una investigación integral para establecer responsabilidades penales y reconstruir qué ocurrió en las horas previas a su fallecimiento.
Desde entonces, la causa avanzó con distintas medidas probatorias y derivó en imputaciones de alto peso penal. Sin embargo, en los últimos días, durante la feria judicial, se produjo un giro que vuelve a poner el expediente bajo la lupa.
Los cargos y la gravedad del caso
Uno de los imputados, de 26 años, está acusado como autor de una batería de delitos: facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de un lugar para el consumo de drogas, homicidio culposo, coacción y comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada, todo en concurso real.
Un segundo acusado, de 29 años, enfrenta cargos como autor de facilitación de estupefacientes, facilitación de lugar para consumo y homicidio culposo, mientras que un tercer imputado, de 21 años, fue señalado como coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravada, también en el marco de una organización criminal.
Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de hechos de extrema gravedad, no solo por la existencia de una estructura organizada dedicada al narcotráfico, sino porque la causa investiga una muerte ocurrida en ese contexto.
La postura de la Fiscalía
Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el fiscal penal de Impugnación 3 en feria, Ramiro Ramos Ossorio, se opuso de manera expresa a la concesión de medidas alternativas. Planteó que otorgar arresto domiciliario en esta instancia podría comprometer seriamente el desarrollo de la investigación, que aún no se encuentra cerrada.
El fiscal remarcó que, si bien ya se incorporaron elementos probatorios relevantes, todavía restan diligencias clave en cumplimiento, lo que -según sostuvo- vuelve riesgosa cualquier medida que atenúe las condiciones de detención de los acusados.
Desde la Fiscalía se advirtió además sobre el impacto procesal que podría tener la domiciliaria en una causa donde se investigan delitos complejos, con pluralidad de imputados y un posible entramado criminal más amplio.
La decisión judicial
Pese a esos planteos, la jueza de Impugnación en feria, Virginia Solorzano, resolvió hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación presentados por las defensas y dispuso el arresto domiciliario de los tres imputados, una vez que se verifiquen las condiciones necesarias para su cumplimiento.
La resolución reavivó el debate sobre el uso de medidas sustitutivas en causas vinculadas al narcotráfico y a muertes ocurridas en contextos de consumo de drogas, especialmente cuando la investigación sigue abierta.
En una provincia como Salta, atravesada históricamente por causas complejas vinculadas a estupefacientes, la decisión vuelve a dejar una pregunta incómoda sobre la mesa: hasta qué punto una domiciliaria resguarda el proceso cuando aún hay responsabilidades por esclarecer y una vida perdida en el centro de la investigación.