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Se desarrolló una nueva jornada del juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza. Los tres están imputados por delitos en perjuicio de la administración pública comunal.
Durante la audiencia declararon dos testigos, padre e hija, residentes de Seclantás. Ambos fueron consultados sobre la venta de una camioneta Chevrolet bordó realizada en noviembre de 2017 al entonces intendente. En la sala se dejó constancia de que el vehículo no contaba con equipo de GNC.
El vendedor explicó que la operación se concretó de contado. Sin embargo, tiempo después debió realizar la denuncia de venta porque el comprador no efectuó la transferencia del rodado. Al intentar renovar su licencia de conducir, el testigo se enteró de que la camioneta acumulaba multas que aún figuraban a su nombre. En ese contexto, aportó el boleto de compra venta original como prueba.
El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9.30. En las próximas jornadas restará escuchar a peritos caligráficos que actualmente analizan documentación incorporada a la causa. Además, la parte querellante anticipó que el actual intendente de San Lorenzo y denunciante, Manuel Arias Saravia, declarará personalmente.
El juicio se lleva adelante ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En representación de la Municipalidad de San Lorenzo actúan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez. Las defensas están a cargo de Juan Diego Herrera, por Rogelio Guaymás, y de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez, por los hermanos Gonza.
Ernesto Fernando Gonza está imputado como autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en concurso real. Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, Aldo Dalmiro Gonza enfrenta cargos por peculado en calidad de partícipe necesario.
La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal tras asumir su primer mandato, luego de ordenar una auditoría externa sobre la gestión anterior. El informe detectó inconsistencias en el manejo de recursos municipales.
Según la acusación, el exintendente habría incumplido reiteradamente las normas que regulan el sistema financiero y la gestión administrativa municipal. Los coimputados habrían dispuesto de manera discrecional de fondos públicos sin observar la normativa vigente, lo que habría generado un perjuicio al erario municipal y una falta de rendición de cuentas al finalizar el mandato.