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La jueza María Victoria Ambrosini de Coraita extendió la quiebra de la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones a su presidenta, María Mercedes Ibarra. La magistrada ordenó la inhibición general, el desapoderamiento y la inmediata incautación de sus bienes, a cargo del síndico concursal, Juan Pablo López López. Además, intimó tanto a la fallida como a terceros a entregar a la sindicatura los bienes de aquella, como también los libros y documentación relacionada con la contabilidad.
En el fallo, que se conoció ayer, la jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación fijó para hoy el sorteo del enajenador que llevará adelante la realización de los bienes de la fallida. A su vez, fijo el 27 de abril próximo, o el siguiente hábil, como vencimiento del plazo para que acreedores presenten sus pedidos de verificación.
Entre otras medidas, como mandamientos a organismos registrales y la publicación de edictos, la magistrada ordenó notificar la suspensión y radicación ante ese juzgado de las acciones de contenido patrimonial seguidas en contra de Ibarra, quien le prohibió ausentarse del país por los próximos dos años.
La quiebra de la Compañía Privada fue declarada el 2 de septiembre de 2024, tras un concurso preventivo en el que se certificaron créditos reclamados por más de 300 afectados. El monto de las afectaciones, actualizado hasta agosto de 2023, ascendía a 8.487 millones de pesos.
Detrás de las denuncias por estafa, defraudación por retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos, quedó un tendal de afectados y una pregunta que espera respuesta en el fuero penal: "¿a dónde fueron a parar las siderales sumas de dinero que ahorristas confiaron a la firma y se desvanecieron en su confusión patrimonial?La quiebra de la contadora pública nacional fue solicitada por el síndico López López, quien ejerce su misma profesión, el 13 de febrero de 2025. Entre manejos irregulares, la sindicatura hizo notar que desarrollos inmobiliarios a cargo de la firma, en los que ella era además la fiduciaria (administradora) quedaron "inconclusos y con graves problemas". Mencionó los casos puntuales de los fideicomisos La Jacinta, La Carlota, Las Mercedes, La Eulogia y el Edificio Style. Agregó que otros desarrollos se llegaron a terminar, pero con "acusaciones de sobreventa de unidades funcionales o ventas duplicadas". Citó un caso del Edificio Rivadavia. También informó a la jueza que "en la mayoría de los casos de préstamos de dinero no se devolvió el capital, ofreciendo unidades funcionales a cambio de las inversiones ubicadas en diferentes fideicomisos, evidenciando una confusión patrimonial inequívoca".
Citó, además, una denuncia penal por inconsistencias de los negocios de la firma con su contabilidad. Sostuvo que la procedencia de la quiebra de Ibarra tenía otro pilar en "la falta de registración de las operaciones y la confusión entre las mismas".
El síndico sostuvo, en su solicitud de quiebra, que "Ibarra jamás logró esclarecer en el marco del concurso preventivo y en las audiencias de explicaciones que se le tomaron y que ofrece como prueba, el destino de los fondos generados por los distintos negocios y que, en todo caso el ocultamiento lleva inexorablemente a afirmar que lo hizo en interés personal".
"El desvío de fondos existió y es indudable"
En el fallo, la jueza concursal remarcó que el desvío de los fondos tomados por la Compañía Privada de Desarrollos y Inversiones "existió" y que prueba de ello "es el pasivo admitido tanto en el concurso preventivo como en la quiebra", como también "el expreso reconocimiento de la presunta fallida" en audiencias. La magistrada recalcó que en ellas Ibarra "manifestó que el negocio de la toma de fondos y de fideicomisos inmobiliarios en realidad era una solo, en virtud de que con ese dinero se llevaban a cabo los desarrollos inmobiliarios donde la sociedad resultaba fiduciaria". Y agregó: "De lo que no tenemos certeza es del destino final de los fondos desviados, y ello debido a que no sólo no fueron devueltos, sino que muchos de los fideicomisos a los que supuestamente se destinaban quedaron inconclusos". La jueza afirmó que, ante lasw pruebas, "el desvío de fondos de la Compañía por parte de la entonces presidente y ahora presunta fallida resulta indudable". Subrayó que la falta de certeza sobre el destino de esos fondos desviados "no modifica el requisito del actuar en interés propio", por lo que "el efecto sancionatorio de la ley debe ser estrictamente aplicado".
El 5 de mayo de 2025, en contestación de la demanda, Ibarra efectuó una negativa genérica de todos los hechos apuntados. Afirmó que de la documentación obrante en el Juzgado y en poder de la sindicatura "en modo alguno se advierte confusión entre obligaciones personales y las de la sociedad". Sostuvo que no realizó contratos "contra legem" y que tal confusión patrimonial no era evidente ni se constituía por el hecho de que la compañía tomara créditos obligándose a devolver dinero. Expresó que el pasivo admitido en el concurso de la compañía "no fue generado por un accionar ilícito" y que la acción incoada por la sindicatura carecía "de todo sustento fáctico y jurídico". Dijo sentirse "perseguida desde el inicio con acusaciones infundadas" y justificó lo sucedido en las crisis que atravesó el país en 2017.