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A fines de septiembre de 2023, Cristian Sajama y Oscar Quipildor, dos trabajadores de Rosario de Lerma, fueron convocados por representantes de empresas constructoras para trabajar como albañiles, electricistas y en seguridad de la obra ubicada en el exclusivo Nordelta de Buenos Aires. La propuesta parecía clara: empleo formal y alojamiento digno. Con el correr de los meses, todo cambió. Lo que encontraron fue todo lo contrario.
Los reclutadores llegaron a Salta representando a Hospitality, empresa ligada al empresario Pablo Pellegrino, dueño de un hotel boutique de la ruta 23 en Rosario de Lerma, y a otros socios porteños y colombianos. Allí reunieron a un grupo de más de 30 albañiles, pintores, electricistas y plomeros, promesa de obra asegurada incluida. Pero al llegar al edificio Delta Center, uno de los proyectos más grandes y millonarios del complejo, los trabajadores fueron enviados directamente a un subsuelo improvisado como dormitorio colectivo. "Nos alojaron en un subsuelo, debajo de una rampa. Las camas eran tachos de pintura con placas o puertas de madera encima. Éramos 40 personas hacinadas. Baños químicos, una sola ducha comunitaria y 14 horas de trabajo por día".
En ese mismo ambiente se cocinaba y se servían las comidas. No había ventilación, ni espacios separados, ni colchones adecuados. Cada trabajador debía llevar su ropa de cama, porque la empresa sólo proveía un colchón usado y sin higiene. Mientras tanto, los empresarios responsables seguían desarrollando obras de lujo valuadas en millones de dólares.
Investigados por lavado
Durante meses, Sajama y Quipildor ingresaron a distintos sectores de Nordelta, especialmente al barrio privado Castores, para realizar tareas de terminación en viviendas de altísimo valor. Pensaban que todo iba a cambiar, pero no fue así. Además había un dato que nunca les dijeron: trabajaban para estructuras empresariales vinculadas a Antonio Yepes Gaviria, detenido en 2013 por lavado de dinero en una causa narco internacional que enviaba cocaína a Holanda. Yepes Gaviria es, además, parte de un clan colombiano con conexiones con familiares del histórico cartel de Pablo Escobar.
"Nunca supe para quién trabajaba. Pero cuando Cristian (Sajama) fue detenido y vimos la causa, ahí entendimos todo. Ellos ya tenían antecedentes por lavado y por otros casos. Nosotros fuimos a trabajar por necesidad y porque al principio todo parecía que iba a mejorar, pero no fue así", dijo Oscar Quipildor.
El día del operativo
El 2 de diciembre de 2024, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó una serie de allanamientos simultáneos en Nordelta y en oficinas vinculadas a las constructoras. Lo que encontraron revela la magnitud del entramado: armas, más de 28 millones de pesos, dólares, euros y otras divisas; documentación laboral clandestina; registros de obra y planos; cuatro vehículos de alta gama; un total de 30 trabajadores en condiciones de trata laboral, muchos de ellos salteños.
Tras el operativo, Cristian Sajama fue detenido, incomunicado y acusado de integrar la organización de trata de personas. Pasó cuatro días en un penal federal de Buenos Aires. "Me trataron como si yo fuera el contratista. Yo era un laburante más, con las mismas condiciones infrahumanas que mis compañeros. Vivía ahí abajo, comía lo mismo, trabajaba igual. Fue tremendo".
Quipildor, aunque no fue detenido, también quedó bajo sospecha en una causa que lo pintaba como parte de la estructura criminal. Ambos aseguran que fueron "el último eslabón de la cadena", utilizados y luego arrojados bajo una acusación absurda.
Lo que reclaman las víctimas y cómo las repararían
Ambos fueron convocados en Salta por representantes de las empresas JEPPES SRL, Hospitality y ODA Desarrollo, para trabajar en el edificio Delta Center y en viviendas del exclusivo barrio Los Castores. La disputa actual es judicial: las empresas sostienen que la Secretaría de Trabajo de Salta y la Justicia provincial "no tienen competencia" porque la explotación ocurrió en Buenos Aires, por lo que exigen que todas las acciones se tramitan en San Isidro. Según relatan los trabajadores, los abogados de las firmas buscan llevarlos a Buenos Aires para "cansarlos", sabiendo que no tienen recursos para litigar lejos de su provincia.
La defensa de las víctimas, encabezada por el abogado Nicolás Vedia, sostiene lo contrario: el reclutamiento engañoso ocurrió en Salta, por lo que parte del delito debe investigarse en la provincia. Por eso presentaron demandas laborales en los juzgados locales N° 3 y N° 6, mientras acompañan la causa federal por trata en Buenos Aires. La Secretaría de Trabajo recibió más de 20 telegramas, intimaciones y cartas documento que deben ser giradas a la Fiscalía provincial.
Vedia fue categórico: las empresas actuaron como "una organización dedicada a delitos contra las personas", y hay "más de 30 víctimas salteñas que padecieron cosas inhumanas". Sajama y Quipildor reclaman un año y medio de salarios adeudados, horas extras, indemnizaciones y una reparación moral por el daño sufrido. Hoy, sin apoyo estatal y aún sin reconocimiento formal de su condición de víctimas de trata, intentan limpiar su nombre mientras las empresas denunciadas continúan operando y construyendo en Nordelta con total normalidad.