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En solo 11 días, dos detenidos escaparon de comisarías del norte provincial, exponiendo una vez más la precariedad del sistema carcelario en Salta. Un condenado por robo limó barrotes y huyó de Aguaray. Un acusado de abuso sexual, con tres dedos menos en una mano, se quitó las esposas y escapó corriendo durante un traslado médico en Salvador Mazza. Ambos estaban alojados en lugares sin condiciones mínimas de seguridad. Las fugas reactivaron una preocupación de larga data: el uso de comisarías como espacios de detención prolongada.
El presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Rodrigo Solá, explicó a El Tribuno, que la situación sigue siendo crítica y que el organismo realizó un monitoreo intensivo en el norte en los últimos días.
"La situación sigue siendo crítica en las comisarías y destacamentos policiales. Estuvimos toda la semana de monitoreo en el norte", aseguró.
Al ser consultado por la cantidad de personas penadas alojadas en comisarías, indicó que en marzo pasado eran 55. "Tenemos que hacer el desglose a ver cuántas quedan. Nos dijeron que no hay, pero tenemos que revisar el drive que nos actualizan", sostuvo.
El lunes pasado, el Comité participó de una reunión de seguimiento de los acuerdos alcanzados en el marco del hábeas corpus colectivo presentado ante la Corte de Justicia en agosto de 2024. Allí se trabaja en tres mesas: una tiene que ver con sobrepoblación, otra sobre infraestructura y la última sobre el trato a las personas detenidas.
Según Solá, se informó que descendió en unos 100 el número global de personas alojadas en comisarías y se presentaron los avances que se realizan en los expedientes de infraestructura para aumentar la capacidad de alojamiento en cárceles y alcaidías.
Mencionó que desde el Gobierno informaron que actualmente no habría personas condenadas en esas condiciones, pero el Comité aún no pudo cotejar completamente el dato. "Nos falta la zona de Orán y ahora trajimos los datos del sur de la Provincia para poder cotejar esa información", indicó.
También sostuvo que desde el Gobierno anticiparon que se están haciendo los traslados de personas con prisión preventiva. "Eso es lo que nosotros también tenemos que revisar ahora de acuerdo a la información que se dio en la reunión del lunes pasado", señaló
En cuanto al número de personas alojadas en comisarías, indicó que ronda las 550, en las últimas semanas. "El número siempre es dinámico", resumió.
Comisarías no aptas
La asesora legal del Comité, Tania Kiriaco, explicó que a partir de la presentación del hábeas corpus por las personas que se encuentran alojadas en las comisarías, en agosto de 2024, se llegó a un acuerdo entre los poderes para conformar una mesa de trabajo y elaborar una propuesta y una solución para que estas personas sean reubicadas en los centros de detención, alcaldías, de acuerdo a las posibilidades que se trabajen.
Advirtió que el personal policial no cuenta con capacitación, ni elementos técnicos para ejercer la función de custodia, y que esta tarea corresponde al Servicio Penitenciario, preparado específicamente para cumplirla. En ese marco, las fugas recientes son una señal de alerta que refleja las falencias estructurales que motivaron la acción judicial.
Recordó que muchas comisarías del interior continúan alojando personas, aunque ya se concretaron traslados hacia la UC2 de Metán, la UC3 de Orán y distintas alcaidías.
En Colonia Santa Rosa, por ejemplo, una comisaría ubicada en un barrio llegó a albergar numerosos detenidos, representando un riesgo para vecinos, policías y los propios alojados, quienes permanecían sin garantías constitucionales, sin poder acceder a una reinsercción social, cumplir talleres ni recibir visitas familiares. "Lo que quiero destacar es que, a partir de la presentación del hábeas corpus interpuesto por el Comité el año pasado, los tres poderes del Estado están trabajando para que las comisarías de Salta no tengan personas privadas de la libertad, y que es una afectación social cuando una persona se fuga. La víctima queda en total indefensión y el Estado es el que tiene que custodiar a las personas, pero también dándoles las garantías de que los derechos se respeten y puedan tener reinserción social para que vuelvan a la comunidad y no se repitan estos hechos delictivos", concluyó.
Las fugas
El caso más reciente ocurrió el 7 de julio en la Comisaría 5 de Aguaray. Oscar Fernando Basualdo, de 21 años, cumplía una condena de cuatro años y tres meses por robo. Esa mañana, el personal constató que no estaba en su celda y encontró un barrote limado. La fiscalía de Salvador Mazza activó el protocolo de búsqueda y solicitó su captura nacional e internacional.
El 26 de junio, en Salvador Mazza, Rolando Minchaca Tárraga, de 41 años, estaba detenido en la dependencia de Alto Verde, imputado por abuso sexual con acceso carnal. Fue trasladado al hospital local por un cuadro médico, y durante el operativo aprovechó un descuido para huir. Según fuentes oficiales, se quitó las esposas -tiene una malformación que le impide usar bien una de sus manos- y escapó corriendo hasta desaparecer en una zona de malezas. Una de sus víctimas, que denunció amenazas previas, permanece con consigna policial.
Acción judicial
El 1 de agosto de 2024, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentó un hábeas corpus colectivo correctivo ante la Corte de Justicia en favor de las personas privadas de libertad en dependencias policiales. El recurso fue firmado por Rodrigo Sebastián Solá, con la asesoría legal de Tania Kiriaco, y fundamentado en recorridas por comisarías del interior donde se constataron condiciones de detención "deplorables, inhumanas y mortificantes".
El 27 de agosto, el procurador general Pedro García Castiella dictaminó que la Corte es competente para tratar la acción, y advirtió sobre la responsabilidad del Estado provincial y sus ministerios en garantizar condiciones dignas de detención. El dictamen resaltó que más de 800 personas estaban alojadas en comisarías sin camas, sin alimentación adecuada y sin acceso a servicios médicos, violando estándares internacionales y comprometiendo al Estado ante la comunidad internacional. Castiella respaldó el pedido de clausura de las comisarías 3 y 4 de Tartagal y de creación de una mesa interinstitucional permanente para coordinar las medidas necesarias.
Audiencia histórica
El 17 de marzo pasado se celebró una audiencia inédita ante la Corte de Justicia de Salta, con la presencia de los nueve jueces del tribunal, representantes del Ejecutivo, defensores públicos, fiscales y miembros del Comité. Se establecieron medidas inmediatas —como el acceso a salud y alimentación— y compromisos a mediano plazo, incluyendo la inhabilitación de comisarías, traslados urgentes y mejoras de infraestructura.
Se formaron tres comisiones de trabajo paralelas: una sobre infraestructura penitenciaria, otra sobre trato y traslado de personas en comisarías, y una tercera sobre tecnología para gestión de datos. Las medidas contaron con el respaldo de organizaciones como el CELS y la Asociación Ragone.
El 1 de julio último, la Secretaría de Derechos Humanos encabezó una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional de Sobrepoblación Carcelaria. Se revisaron avances en traslados, monitoreo electrónico como medida alternativa y el diseño de un sistema único de registro de personas privadas de libertad, editable solo por el Poder Judicial. También se propuso capacitar a policías en la toma de datos y priorizar el traslado de condenados con penas menores a tres años que aún están en comisarías.