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Un fallo judicial que benefició al narcotraficante y homicida Raúl Ricardo “Coya” Rojas generó una fuerte reacción institucional. El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, Domingo José Batule, declaró inconstitucional el régimen de aislamiento al que estaba sometido el detenido en el penal de Ezeiza. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que apelará la medida y la Fiscalía Federal de Salta evalúa presentar una denuncia contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura.
La decisión de Batule habilita a Rojas —condenado a prisión perpetua por múltiples delitos graves— a salir de su celda durante ocho horas diarias, recibir visitas con contacto físico, acceder a asistencia psicológica, educación, trabajo y tener comunicación fluida con su abogado.
Desde el entorno judicial, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que ya prepara un recurso de casación para revertir la resolución y advirtió que se analiza también el camino disciplinario. “Estamos trabajando en un duro recurso y además evaluamos la posibilidad de denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura”, declaró Amad al diario El Tribuno.
El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, también reaccionó con dureza. En un comunicado oficial, ayer sostuvo que el fallo “socava los esfuerzos por desarticular estructuras criminales” y denunció que podría permitir a Rojas volver a operar desde la cárcel, como ya lo hizo en el pasado mientras estaba detenido en la cárcel de General Güemes.
En sus redes sociales, Bullrich escribió: “Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo”.
La ministra denunció que el fallo otorga beneficios por fuera del régimen previsto para presos de alto riesgo y cuestionó que no se haya tenido en cuenta el prontuario de Rojas ni el riesgo institucional que implicaría la flexibilización de su detención.
Fundamentos del fallo
En su resolución, el juez Batule argumentó que el régimen de aislamiento de 20 horas diarias que se aplica a Rojas vulnera derechos fundamentales. Citó las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y los informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y sostuvo que la medida constituye un trato cruel e inhumano.
El magistrado ordenó mantener a Rojas en Ezeiza, pero adaptando las condiciones de detención a “estándares constitucionales”. Aseguró que el aislamiento prolongado afecta la salud mental del detenido, su vínculo con la familia y su derecho a la defensa.
La defensa del narco había planteado que desde su traslado a Ezeiza no pudo concretar su casamiento, no ve a sus hijos y no mantiene contacto adecuado con su abogado. El juez consideró válidos esos argumentos, a pesar de los antecedentes judiciales de Rojas, que incluyen homicidio calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y liderazgo de una organización narcocriminal.
Antecedentes y reacciones
No es la primera vez que se rechaza el planteo presentado por la defensa de Rojas. Según explicó el fiscal Amad, tanto la jueza Gabriela Catalano como la Cámara Federal de Apelaciones ya habían desestimado previamente una solicitud similar. Esta vez, sin embargo, Batule hizo lugar al pedido.
El Ministerio de Seguridad alertó que decisiones de este tipo “debilitan la seguridad de los argentinos” y reiteró su compromiso para revertir la medida. La Fiscalía, por su parte, anticipó que llevará el caso a las instancias superiores y estudia formalizar una denuncia ante el órgano que evalúa la conducta y desempeño de los magistrados.
Próximos pasos
Mientras el fallo sigue vigente, las autoridades federales trabajan en la presentación de los recursos judiciales y en la estrategia institucional para plantear la supuesta inconducta de Batule ante el Consejo de la Magistratura. El caso reabrió el debate sobre los límites del garantismo judicial frente a delitos complejos como el narcotráfico y el crimen organizado.