JOSE CALERO, Periodista especializado en temas económicos.
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JOSE CALERO, Periodista especializado en temas económicos.
El Gobierno decidió acelerar el proceso de recorte de gastos ante el convencimiento de que se viene un 2012 más exigente de lo previsto para las cuentas públicas, con una crisis mundial que se sentirá también en la Argentina.
La quita de subsidios a electricidad, gas y agua se irá ampliando a una velocidad mayor a la esperada, por lo que el retorno de las vacaciones representará un alto impacto para los bolsillos de porteños y bonaerenses.
La decisión de apurar los anuncios la tomó desde Venezuela la presidenta Cristina Fernández, en medio de sus reuniones con el bolivariano Hugo Chávez. Los ministros Julio de Vido y Amado Boudou le comunicaron a la jefa de Estado que habían logrado definir los nuevos alcances de las quitas, y la Presidenta dio la orden de anunciarlo el mismo viernes.
La jefa de Estado parece razonar que todas las medidas antipáticas deben ser tomadas antes del 10 de diciembre, como si buscara instalar en el imaginario popular que son dos gobiernos muy distintos, cuando todo el mundo tiene claro que se trata de la misma administración.
Es más, la Presidenta deberá ahora hacer frente a los problemas que prefirió no resolver en su momento, por conveniencia electoral.
Se estima que la oleada de tarifas con fortísimos incrementos se empezará a sentir entre marzo y abril del 2012, cuando impactarán la quita de subsidios combinada con un retorno en los valores de la energía a los niveles previos a la aplicación de esos beneficios.
Se estima que, en promedio, las facturas de electricidad, gas y agua -sumadas- aumentarán unos 300 pesos.
Ese ajuste, que se producirá de golpe, se sumará al que viene azotando mes tras mes los fatigados bolsillos de los argentinos, que ven cómo los bienes y servicios aumentan sin freno.
El incremento, ya imposible de disimular, llevó a las autoridades a volver a poner sobre la mesa un tema del cual se viene hablando desde hace meses, pero al que la presidenta Cristina Fernández se resiste: lanzar una seria de billetes de 200 pesos y, tal vez, una de 500.
Desde el punto de vista técnico hace meses que la circulación de esos billetes se convirtió en una necesidad, pero resultó de alta inconveniencia política en plena campaña electoral, porque hubiese representado el reconocimiento pleno de la inflación.
Pero la menor durabilidad del billete de 100 pesos, que no solo se evapora con una velocidad asombrosa de los bolsillos, sino que está sometido a un mayor desgaste, reinstaló el tema en la agenda financiera, y solo es cuestión de que la Presidenta acepte para que el BCRA encare las nuevas emisiones.
El problema de la inflación se le fue de las manos al Gobierno el mismo día que decidió usar todo el aparato estatal para ocultarlo.
Ahora se le sumó una feroz fuga de capitales que va camino de alcanzar niveles récords cuando concluya el 2011.
El recorte del gasto lanzado a las apuradas tras el triunfo del 23 de octubre parece no haber aún reducido las expectativas inflacionarias, sino que las aceleró, ya que los formadores de precios comenzaron a cubrir sus espaldas ante los aumentos de costos que vienen.
El ajuste, como siempre ocurre, lo pagarán los millones de argentinos que tienen ingresos fijos y cuya única capacidad transable pasa por su fuerza de trabajo.
El programa de recortes no solo apunta a bajar el gasto, sino a reducir el fuerte volumen de divisas que genera la necesidad de importar combustibles.
El recorte de subsidios dejó con un protagonismo creciente del hasta ahora ministro de Planificación, Julio de Vido.
Es él quien sostiene que los recortes deben aplicarse cada vez con mayor celeridad para achicar el impacto del costo político.
La Presidenta, que alguna vez se enojó con él por una cuestión estrictamente personal, ahora deposita cada vez mayor confianza en De Vido, tanta que ya tendría decidida su principal decisión ministerial: ascenderlo a jefe de Gabinete después del 10 de diciembre.