Casi un año después de las elecciones presidenciales, los políticos se están volviendo un problema cada vez más grave para los españoles, sólo superados por los problemas económicos y de desempleo.
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Casi un año después de las elecciones presidenciales, los políticos se están volviendo un problema cada vez más grave para los españoles, sólo superados por los problemas económicos y de desempleo.
En el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, desestimó las acusaciones contra participantes de las protestas del 25 de septiembre en el Congreso en Madrid, las justificó en el derecho de libertad de expresión.
Sin embargo, lo que prendió fuego fue que las justificó “ante la decadencia de la denominada clase política”.
Dicha afirmación hizo saltar las opiniones de diferentes sectores: del oficialismo, de la oposición, del poder judicial y de la población. Algunos en su defensa, otros en su contra. Como la organización Manos Limpias que denunció al magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por su crítica “displicente”.
Sin embargo, pocos días después, a la afirmación de Pedraz siguió la publicación de los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los cuales evidenciaron una fuerte caída de la reputación política en España. Según estos, los políticos representan el tercer problema del país, detrás de los de índole económica y del desempleo.
Dicho estudio concluye que el 26,9 por ciento de la población de España declara a los políticos y partidos como su “mayor preocupación”, la cota más alta que se registró en la democracia de este país. Asimismo, son mayoría quienes califican a la situación política como “mala” o “muy mala”: el 73,2 por ciento. Y como si se tratase de una cadena entrelazada de hechos, un exabrupto político llevó el debate sobre la reputación política actual a su punto más caliente. Se trató de la frase que soltó el expresidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, José Manuel Castelao: “Las leyes son como mujeres: están para violarlas”.
Dentro y fuera
Pero las críticas a los actuales y anteriores dirigentes no se dan únicamente en el marco nacional. También en el internacional han recibido reproches, siendo el del candidato presidencial norteamericano Mitt Romney uno de los que más caló. Este sentenció, en su primer debate televisado frente a Obama: “España gasta el 42% de sus impuestos en el gobierno. Nosotros gastamos también el 42%” y agregó “no quiero seguir el camino de España”.
Asimismo, medios de prestigio no dudaron en criticar durante el último tiempo al presidente español Mariano Rajoy. Recientemente “The Economist” ha publicado un artículo en el que lo califica de “misterioso” por su “ambigedad” respecto al rescate económico y afirma: “muchos se preguntan si Rajoy tiene algún plan para recuperar la confianza”.
La corrupción que
tampoco ayuda
Es cierto que un contexto de crisis como el actual escenario español no suele favorecer precisamente al prestigio de los políticos. Sin ir más lejos, en Argentina todavía no hemos olvidado el tan grave reclamo del “Que se vayan todos” de hace poco más de una década. Sin embargo, en los últimos años éste se ha acentuado y todo indica que seguirá en esa línea.
De ahí que en las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, el nivel de abstención de voto subió hasta casi un 30 por ciento del padrón, además de que aquella vez partidos minoritarios consiguieron más adeptos que años anteriores. Y si hay algo que profundiza la sensación de descontento hacia políticos e instituciones es tanto la corrupción como la falta de medidas contra esta. Según el Índice de la Percepción de la Corrupción 2011 que realizó la organización Transparencia Internacional, España está en el puesto 31 del ránking internacional que abarca a 183 países.
¿Viene la crisis institucional?
Y los políticos no son los únicos. El prestigio cae en picada también para banqueros, jueces, empresarios e incluso la monarquía tras escándalos económicos como el que involucran al yerno del Rey o como el que forzó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Dívar, a dimitir. Es decir, tras cinco años de crisis, ésta puede estar convirtiéndose también en institucional. Más si se suman reclamos autonómicos como el Cataluña.
No por nada, Mariano Rajoy ha dicho ayer en un mitín electoral en Bilbao: “El mayor error que se podría cometer hoy en día sería sumar a la crisis económica una crisis política e institucional”.