El conflicto iniciado por los prefectos y que con el correr de las horas sumó a la Gendarmería, la Armada y a un grupo de policías bonaerenses, motivó la urgente movilización de las fuerzas políticas. El Congreso emitió ayer un mensaje institucional dirigido a los efectivos, a quienes instó a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.
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El conflicto iniciado por los prefectos y que con el correr de las horas sumó a la Gendarmería, la Armada y a un grupo de policías bonaerenses, motivó la urgente movilización de las fuerzas políticas. El Congreso emitió ayer un mensaje institucional dirigido a los efectivos, a quienes instó a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.
Mientras subía la temperatura en el conflicto entre las fuerzas de seguridad y el Gobierno, la Cámara de Senadores aprobó una declaración formal en el recinto y los Diputados suscribieron a un documento idéntico, que podrían oficializar en la próxima sesión. Convocados por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, los jefes de los principales bloques del Congreso se reunieron para analizar la situación.
El documento circuló primero por la Cámara de Diputados. Más allá del respaldo que la oposición brindó a ese llamado al orden de las fuerzas de seguridad, reclamó al Gobierno que resuelva el conflicto, sin que se afecten los salarios del personal. Incluso, los bloques del GEN y Unidad Popular no suscribieron el texto, al considerar que “tiende a ilegalizar el reclamo salarial bajo la excusa oficial de que la protesta encubre un intento desestabilizador”.
Efectivos de Gendarmería Nacional protestan por los recortes salariales, frente al edificio Centinela.
Luego, en el Senado se aprobó la misma declaración, pero no contó con el respaldo de la UCR y de María Eugenia Estenssoro. Los radicales, que sí avalaron la iniciativa en la Cámara baja, se negaron a acompañarla en el Senado y reclamaron que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, concurran al Congreso a dar explicaciones. Pero las iniciativas opositoras fueron rechazadas por el titular del bloque oficialista Miguel Angel Pichetto, quien calificó de “oportunistas” los pedidos de comparecencia de los funcionarios y rechazó la acusación de que el texto de diputados tuviera la intención de definir a los hechos como “desestabilizadores” .
El titular del oficialismo dijo que “No puede haber un planteo de anarquía, de salir a la calle” por parte de los efectivos. “Tampoco es aceptable la sindicalización porque ellos tienen una estructura vertical y jerárquica de funcionamiento”, señaló. A su vez Domínguez, dijo que “quienes tienen la responsabilidad de ejercer la fuerza de seguridad pública no pueden, en ningún caso, hacer abandono de su deber. No ayudan a mejorar la calidad institucional las protestas fuera del ámbito constitucional establecido”, agregó.
En la misma línea, Rossi consideró que “aquellos que detentan el uso de armas tienen la obligación de prestar seguridad, no actuar como lo están haciendo”, puntualizó.
Moyano y Caló, dos posturas diferenciadas
El reclamo salarial de los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad volvió a dividir las aguas en la CGT. El recién asumido Antonio Caló, quien ayer fue puesto al frente de la CGT-Alsina, ligada al Gobierno -quien en horas de la mañana había dado su apoyo al reclamo- dio un giro de 180 grados por la noche, al señalar que “esto ya pasó del reclamo gremial, es otra cosa. Por ahí quieren atentar contra la democracia. La CGT no comparte esta actitud”, dijo.
En la vereda de enfrente, el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo salieron a respaldar la protesta. El primero consideró que la rebaja en los salarios es “un disparate total”, por el cual responsabilizó directamente a la Presidenta: “Esto demuestra la descomposición en todos los órdenes que está ocurriendo en el país. Y esto es lo que no ve la Presidenta. Quizá el grado de soberbia que tiene, no la deja ver”, aseveró Moyano quien sostuvo que es “un reclamo legítimo”. Por su parte Barrionuevo, de la CGT Azul y Blanca, también apuntó contra el Gobierno al que le cuestionó “la forma cruel y grosera con que se pretende liquidar los salarios”.