El diputado Ramón Villa, autor de la ley que suspendió los desalojos de grupos campesinos para garantizar la regularización dominial de sus posesiones, denunció que en distintos departamentos de la provincia familias criollas siguen sufriendo “ocupaciones violentas”.
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El diputado Ramón Villa, autor de la ley que suspendió los desalojos de grupos campesinos para garantizar la regularización dominial de sus posesiones, denunció que en distintos departamentos de la provincia familias criollas siguen sufriendo “ocupaciones violentas”.
El legislador de Rivadavia advirtió que muchos de estos avances son consentidos por jueces y funcionarios que desconocen el marco establecido por la ley provincial 7658, cuya vigencia fue prorrogada, en julio último, hasta tanto el Ejecutivo cumpla con el registro de familias rurales y pequeños productores en todo el territorio provincial. Se estima que hay cerca de 8 mil familias criollas en situación de extrema vulnerabilidad por la precariedad de sus posesiones.
“Salta tiene hoy todas las herramientas legales para saldar esta deuda social”, afirmó Villa, aunque la puesta en práctica del Programa de Regularización Dominial viene más que lenta. El diputado del Partido de la Victoria hizo notar que en ese Programa “radica el espíritu de la ley 7658”, ya que a través de ese registro quedarán acreditados los derechos que permitirán a familias criollas acceder a los títulos.
Villa advirtió que “la situación de violencia que se vive en Anta y en otros departamentos va ganando el discurso y los hechos”. Puso como ejemplo a Rivadavia Banda Sur. “Allí nadie se hace cargo de nada y mucha gente ve vulnerados sus derechos más fundamentales. Por suerte, en esta zona que cien años de abandono convirtieron en una suerte de tierra de nadie, muchos pequeños productores campesinos empezaron a organizarse para defender sus posesiones”, puntualizó.
El promotor de la ley 7658 aseguró que en el chaco salteño “la metodología del apriete y la apropiación indebida de tierras persiste, con titulares truchos que ignoran los derechos posesorios establecidos en el Código Civil; se creen dueños de la verdad y embisten contra derechos ajenos con la complicidad de alguna autoridad municipal y con la venia de algún juez corrupto”, manifestó el diputado por Rivadavia.
Villa señaló que en las últimas semanas, dueños de fincas ubicadas al sur de Pluma de Pato intentaron cerrar con alambrados un camino que, con más de cien años de existencia, conecta a la citada localidad -ubicada sobre la ruta nacional 81- con varios parajes de la zona y la escuela de finca La Paz. Familias afectadas empezaron a reunirse para frenar esos cercamientos que consideran un atropello.