Luego de que el juez metanense Sebastián Fucho liberara los trabajos de alambrado en La Choya, fue interpuesto ante el juzgado de Joaquín V. González un interdicto en defensa de esa posesión criolla.
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Luego de que el juez metanense Sebastián Fucho liberara los trabajos de alambrado en La Choya, fue interpuesto ante el juzgado de Joaquín V. González un interdicto en defensa de esa posesión criolla.
La demanda fue iniciada en representación de María Guillermo Argañaraz, quien nació y vive hoy en esas tierras anteñas con cinco hijos y siete nietos (cuatro nenas y tres varones) menores de 10 años.
Ante el interdicto (juicio breve y rápido), la jueza Patricia Rahmer debe resolver una cautelar reclamada para impedir el avance de los cercamientos, hasta tanto se diriman los derechos en pugna.
Por esos actos considerados turbatorios, la familia Argañaraz presentó la demanda contra el empresario Marcelo Saad, un puestero de la zona señalado como Andrés Palavecino y dos policías de Talavera, Juan Marcelo Vargas y Yulia Virginia García. A ambos policiales los hermanos Timoteo, Eduardo y Rovin Argañaraz les atribuyeron procedimientos intimidatorios en La Choya, sin orden judicial, en apoyo a los alambradores y con adicionales pagados por el empresario santiagueño. Para resolver esta demanda, la jueza Rahmer hará coincidir su inspección ocular con la de Teseyra, de modo que ambos llegarán a La Choya el jueves, a las 10, con agentes de Criminalística de la Policía de Salta.
Audiencia judicial
Rahmer también fijó una audiencia para el 18 de octubre, en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familias de Joaquín V. González. Allí recibirá las pruebas, informes periciales y testimonios por las partes.
En esa audiencia, María Guillermo Argañaraz presentará como testigos a los puesteros Pablo Ruiz, Dante Rojas y Reinaldo Oscar Pérez (del paraje San Antonio); Delia Cresencia Pérez y Santos Humberto Maza (de finca Cruz Bajada); Eduardo Arcángel Rojas (de La Choya) y Pantaleón Montenegro (de finca Vinal Macho).
Por otros oficios, la jueza de Anta pidió las copias de los expedientes que se tramitan en Metán ante los jueces Fucho y Teseyra en relación con este caso. Asimismo, requirió a la Dirección General de Inmuebles que le informe, en forma urgente, si existe un número de catastro asignado a finca La Choya en ese organismo de la Provincia.