Mariela Belski es abogada y máster en Derechos Humanos. Desde septiembre de 2011 es la encargada de dirigir Amnistia Internacional Argentina. En diálogo con El Tribuno analizó la situación en que se encuentra el respeto de los derechos humanos en las cárceles del país y advierte sobre el gran número de denuncias por tortura.
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Mariela Belski es abogada y máster en Derechos Humanos. Desde septiembre de 2011 es la encargada de dirigir Amnistia Internacional Argentina. En diálogo con El Tribuno analizó la situación en que se encuentra el respeto de los derechos humanos en las cárceles del país y advierte sobre el gran número de denuncias por tortura.
“El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya advirtió que el país no cuenta con un relevamiento real del alcance de la pobreza, pese a la gran medida que fue la Asignación Universal por Hijo”, destacó Belski.
El martes pasado la Procuración Penitenciaria informó que en lo que va del año ya se registraron 40 muertes en las cárceles federales de mujeres ¿Cuál es la situación de las mujeres presas en Argentina?
Este no es un tema que Amnistía ha profundizado como para dar una respuesta contundente. Lo que estamos en condiciones de afirmar es que se trata de uno de los problemas institucionales prioritarios en la agenda actual, porque implica una masiva y sistemática violación a los derechos humanos. Amnistía Internacional Argentina ha recibido denuncias sobre las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados en las cárceles y los centros de detención de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza, así como sobre los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos registrados en estos establecimientos. Las autoridades nacionales no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Amnistía ha manifestado en varias oportunidades una profunda preocupación por la situación de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que la población carcelaria sufre en todo el país.
Los casos de femicidio en el país, van en aumento. Desde Amnistía ¿Qué medidas creen que se deben tomar como Estado?
En Argentina, no hay datos oficiales que den cuenta de la cantidad de casos de violencia de género que se denuncian anualmente en el país. Ni siquiera se conoce cuántas mujeres mueren por razones directas de género. Algunas organizaciones de derechos humanos han comenzado a hacer relevamientos de casos, pero estos datos no son oficiales y una gran parte de hechos no cobran estado público. El pasado 14 de noviembre de 2012 se avanzó en una reforma en el Código Penal, que derivó en la inclusión en el cuerpo normativo de la figura de femicidio. Más allá de esta figura, el Estado debe adoptar una política integral que incluya medidas de prevención, atención e investigación de este tipo de casos. La alerta temprana y prevención es una herramienta de política pública, clave para garantizar que casos como éstos no tengan lugar. Un correcto seguimiento, acompañamiento y respuesta a denuncias previas sobre situaciones de maltrato son fundamentales para anticipar y evitar la muerte de mujeres. Su solo castigo y reprimenda penal no son suficientes para atender estos casos. Es ilustrativo analizar de qué manera los tribunales de justicia penales tratan e investigan hechos a través de sus sentencias, muchas veces signadas por prejuicios y estereotipos de género absolutamente discriminatorio. En este sentido, desde Amnistía Internacional Argentina junto a la Defensoría General de la Nación estamos trabajando en un estudio que pretende abordar por un lado, los aspectos propios del deber de prevenir hechos de violencia de género que deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y, con mayor especificidad, con el principio de no discriminación y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La situación de muchas familias mejoró con la implementación de la Asignación Universal por Hijo, pero todavía hay sectores muy golpeados por la pobreza ¿Qué medidas falta aplicar para mejorar la situación de esos sectores a una vivienda digna, educación y salud?
Sin duda la promulgación del Decreto 1602/2009 en octubre de 2009 que estableció la Asignación Universal por Hijo (AUH) ha sido una de las medidas más trascendentes en materia de seguridad social en el país, y ha comportado un importante cambio en la forma de pensar y abordar políticas sociales. Es una medida que tiene un impacto en lo referente a la pobreza e indigencia, al transferir ingresos a los hogares pobres. Sin perjuicio de esto, resta mucho por hacerse. Una política de este tipo, tiene necesariamente que ir acompañada y complementada por políticas sólidas que aborden la problemática de manera integral, vivienda, educación, salud, entre otras. Argentina tiene sólida imagen internacional en materia de derechos humanos, en general y su reconocimiento de la exigibilidad de los derechos sociales, en particular. Claro que aún restan muchas cosas por hacerse. La disparidad en el acceso a derechos en las distintas provincias del país sigue siendo una cuestión preocupante, en relación con la dispar inversión social. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU tras celebrar los índices de disminución de la pobreza y el incremento sostenido de la inversión social, en particular en vivienda e infraestructura social, y la Asignación Universal por Hijo, introducida en 2009, no dejo de advertir la falta de acceso a la información y la evaluación de políticas. Subrayo la necesidad de saber con certeza los efectos reales de esa inversión en la pobreza, y los cálculos diferentes del índice que varían del 13% al 47%.
Argentina es uno de los pocos países que avanzó en el reconocimiento de la comunidad gay con la implementación de la ley de matrimonio igualitario, pero en el día a día, ¿Amnistía puede ver realmente un reconocimiento de los derechos para estos sectores?
Argentina ha venido recorriendo un camino de avanzada en términos de reconocimiento de derechos en los últimos años. Sin lugar a dudas este ha sido un importante avance para la comunidad gay en nuestro país y para la sociedad en su conjunto. Desde nuestra perspectiva, esto tiene un impacto en la región que si bien no es fácil apreciar en lo inmediato, lo será a mediano y largo plazo. Amnistía considera que Argentina, dado los espacios que ocupa a nivel internacional ( Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Consejo de Seguridad) y por la historia y lugar que los derechos humanos han tenido y tienen -tanto en la agenda social como política local-, puede jugar un rol muy importante con cierto liderazgo en ciertos temas. Justamente desde Amnistía promovemos que nuestro gobierno impulse este tema en estos espacios y en otros espacios regionales. El desafío del Gobierno siempre está en la implementación de la norma que, por razones obvias, siempre resulta problemática o dilatada.
¿El ciudadano argentino común puede decir que tiene reconocidos sus derechos, en general, en el país? ¿Cuál es el balance de la institución con respecto a otros países de Latinoamérica?
Sí, en Argentina hay un reconocimiento de derechos importante, con algunas deudas. El problema no es la falta de reconocimiento de derechos, sino la implementación de las normas que tenemos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene un fallo que establece y aclara el tratamiento del aborto no punible y aun el Ministerio de Salud, no ha sancionado la guía de atención para estos casos, que es justamente el modo en que se implementa parte de esa decisión judicial y que por cierto, terminaría con un problema de acceso a la atención de aborto permitido, tan problemático en nuestro país. Este es un claro ejemplo de lo que sucede en muchos casos. Honestamente la organización no ha hecho un balance de si estamos mejor o peor que otros países de la región. Hay países de la región que han avanzado más que nosotros en algunas cuestiones. Por ejemplo México y el tema aborto o Paraguay y la implementación del mecanismo contra la tortura, y otros menos.
Argentina tiene una población indígena mucho menor a la de otros países como Bolivia o Perú ¿Eso hace que exista un reconocimiento menor de sus derechos?
Argentina ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. La reforma de la Constitución en 1994 reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de sus territorios tradicionales; en el 2000 Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; y en el 2007 votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un primer problema que enfrenta el país es la falta de información cierta sobre la población indígena. Hasta el 2001, el censo nacional no recogió datos específicos sobre los pueblos indígenas como tales. Recién en el 2006, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó las primeras cifras de su Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), que fue elaborada entre 2004 y 2005. Sin embargo, más allá de ello, continúan existiendo diferencias sustanciales y problemas en las diferentes estimaciones censales con relación al número de indígenas que habitan en el país. Sin perjuicio de ello, no creo que la mayor o menor cantidad de indígenas en el territorio argentino defina categóricamente el nivel de reconocimiento de sus derechos. Sin duda como grupo en minoría sufre mayores niveles de exclusión, que el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen la obligación de atender a través de más y mejor política pública. Si bien uno podría aseverar que una mayor representatividad popular indígena haría más atendible sus reclamos, lo cierto es que en provincias con mayores índices de población indígena, experimentan niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas muy altos. Por darte un ejemplo, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, tras una misión al país en diciembre de 2011 llamó la atención sobre los escasos y nulos esfuerzos realizados por el Gobierno Federal y Provincial en pos de los derechos de estas comunidades. También señaló que los pueblos indígenas en Argentina sufren bajos niveles de desarrollo económico y social en comparación con los sectores no indígenas del país.
¿Qué se puede hacer como ciudadano para tener una sociedad más justa?
Participar de la vida pública, ser activos, exigentes, pedir rendición de cuentas, estar informados y darnos cuenta que cada uno de nosotros es responsable de la sociedad que estamos forjando. Participar en cuestiones públicas a título individual o a través de organizaciones. Mirar que hacen nuestros legisladores y representantes políticos, si tienen proyectos serios, si son coherentes, cómo piensan, si presentan proyectos que nos representan, si son serios, responsables, para no volver a votarlos si no han hecho bien su trabajo. Participar en organizaciones como Amnistía a través de nuestras acciones o movilizaciones, o a través de las redes sociales. Firmar peticiones, cartas, movilizarse detrás de una causa.