El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto oficialista de modificación del mercado de capitales, con el que la Comisión Nacional de Valores (CNV) obtuvo amplias facultades, para tener mayor injerencia en toda la operatoria bursátil y también sobre las asambleas de accionistas de las empresas cotizantes.
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El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto oficialista de modificación del mercado de capitales, con el que la Comisión Nacional de Valores (CNV) obtuvo amplias facultades, para tener mayor injerencia en toda la operatoria bursátil y también sobre las asambleas de accionistas de las empresas cotizantes.
El punto de mayor controversia y que concitó el rechazo de los bloques de oposición fue el agregado del inciso "K" que se realizó al artículo 20 que habilita a la CNV a disponer la intervención de veedores con facultad de veto y separación de los órganos de administración de la entidad privada, bajo la argumentación de "defensa de las minorías".
En la votación en general, el Frente para la Victoria y aliados obtuvieron 43 votos, contra 19 de la oposición de la UCR, el peronismo federal y Frente Amplio Progresista (FAP), mientras que en tres artículos cuestionados, el oficialismo bajó a 40 y los opositores llegaron a 22.
El Senado también sancionó, por unanimidad en general, la prórroga del impuesto de emergencia a los cigarrillos, que tiene una alícuota de entre 7 y 21 por ciento y brindará al estado nacional 1.500 millones de pesos durante el 2013.
El debate sobre mercado de capitales demandó alrededor de cuatro horas, en la que expusieron una docena de oradores de los principales bloques. El presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, remarcó la apuesta oficial al control de los fondos financieros y argumentó que "la falta de regulación en Estados Unidos originó la gran crisis económica mundial.
Hoy en el mundo se debate el rol de las calificadoras y están en un cuestionamiento total. Hoy mismo nos pone en un nivel de riesgo país altísimo, porque no adoptamos las políticas que ellos pretenden".
El titular de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández aseguró que la Bolsa de Comercio "no va a dejar de existir" con la reforma y sostuvo que la ley pretende "incorporar a todos los actores", al garantizar el acceso al mercado bursátil de provincias y las pymes.
Fernández señaló que con el nuevo régimen "los ahorristas minoritarios podrán comprar títulos de empresas argentinas" y que además va a haber "una fortísima participación federal", ya que "las economías regionales van a tener la capacidad de ahorro en la región", apuntó.
Por el radicalismo, Gerardo Morales advirtió contra las consecuencias negativas que podría provocar la aplicación del inciso introducido en último momento en la sesión de Diputados, que autoriza la intervención de veedores con facultad de veto y separación de los órganos de administración de la entidad privada.
El titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, manifestó que "profundiza la arbitrariedad y esto no me sorprende de un gobierno que ha acumulado las mayores herramientas a favor de de la discrecionalidad".
El justicialista federal Juan Carlos Romero advirtió que lo que la cláusula logrará será "lo contrario a lo que dice el proyecto" y sostuvo que con la intervención en las empresas privadas "se estará castigando un mercado de capitales que ya viene castigado".
Jaime Linares, del FAP, dijo que a pesar del voto en general de su bloque, "es un disparate jurídico" el artículo 20 porque "puede llegar a atentar contra la libertad individual" y "ser la herramienta que destruya totalmente el mercado de capitales".
"¿Quién va a ir a buscar dinero en la Bolsa para que alguien minoritario, con un pequeño ahorro, pueda intervenir en la empresa?", preguntó, y respondió que "estas son las cosas que a nosotros nos hacen tener una fuerte sospecha que esta ley, con un objetivo que compartimos" puede "ser una regresión" si alguien ejecuta "este artículo 20 en forma discrecional".
La radical Laura Montero criticó que "la regulación no está en manos del Estado sino del Poder Ejecutivo, que dispone de facultades absolutamente discrecionales, con una autoridad de aplicación como la Comisión de Valores que tiene cinco miembros designados por el mismo Poder Ejecutivo". El justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá advirtió sobre "el peligro para el futuro de la Argentina que no vengan inversiones" y que "sobre cien dólares que se invierte en América Latina, 80 van a Brasil y solo 0,30 a nuestro país".
Críticas de Sonia Escudero
“Esta norma nace con objetivos nobles como es ampliar la cantidad de operadores, en especial en el interior del país, pero para ampliar el acceso al mercado de capitales no será suficiente con esta regulación, hace falta generar confianza monetaria y jurídica. Con una inflación anual del 25% y sin reglas claras y estables no se están generando las condiciones necesarias para atraer inversiones y canalizar el ahorro en proyectos productivos”, advirtió la parlamentaria senadora nacional Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre).
La legisladora salteña criticó, además, que la norma deja librada la regulación del mercado de valores en manos de funcionarios con rango de Subsecretarios dependientes del ministro de economía. “Las reglas de funcionamiento del mercado de capitales van a quedar en manos de funcionarios de segundo nivel que podrán modificarlas a su antojo, a través de simples resoluciones, sin pasar por este Congreso”, reclamó.
Una de las principales modificaciones anunciadas tenía que ver con el funcionamiento de las calificadoras de riesgo, “sin embargo la ley no dice nada al respecto, ya que establece que los requisitos para su funcionamiento ¡serán determinados en la reglamentación!”, se quejó la senadora.
El principal punto de discordia fue el artículo 20 de la ley -que fuera modificado en pleno debate en el recinto en la cámara de Diputados- que establece la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas y la posibilidad de separar a los órganos de administración durante 180 días, lo que fue interpretado por la oposición como una facultad del Estado para intervenir las empresas con la excusa de “proteger a los accionistas minoritarios”.
Además –sostuvo la senadora salteña- “la única instancia de apelación será ante dos funcionarios designados por la Presidencia de la Nación: el ministro de Economía y el Presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con esta redacción se generarán los efectos contrarios a los nobles objetivos planteados en el proyecto original”.