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"Sin el fallo por Marita Verón, la ley de trata seguiría durmiendo"

Domingo, 16 de diciembre de 2012 10:29

 El martes pasado el fallo en el juicio por la desaparición y sometimiento a la prostitución de Marita Verón sacudió a todo el país. Para la Justicia tucumana, los 13 imputados deben ser absueltos. Políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes se manifestaron en varias ciudades del país. Hasta la presidenta Cristina de Kirchner se comunicó con Susana Trimarco, la madre de Marita, para darle su apoyo. El fallo en este caso fue el puntapié que faltaba para que la reforma a la ley de trata de personas se analice -después de un año de olvidos- en el recinto de la Cámara Baja.
Incluso fue la Presidenta quien puso el tema en la agenda de las sesiones extraordinarias.
Sonia Escudero, senadora nacional por Salta, le explicó a El Tribuno cuál es el alcance de esta ley y cómo el caso Marita Verón impulsó la norma.
También analizó la posibilidad de aplicar los juicios por jurados en el país, pese a reconocer que se necesita de una fuerte decisión política -fondos- para llevar adelante esta idea.
“Si hoy sin jurado los juicios demoran muchísimo, imaginesé lo que esto va a significar con jurado”, afirmó Escudero.

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 El martes pasado el fallo en el juicio por la desaparición y sometimiento a la prostitución de Marita Verón sacudió a todo el país. Para la Justicia tucumana, los 13 imputados deben ser absueltos. Políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes se manifestaron en varias ciudades del país. Hasta la presidenta Cristina de Kirchner se comunicó con Susana Trimarco, la madre de Marita, para darle su apoyo. El fallo en este caso fue el puntapié que faltaba para que la reforma a la ley de trata de personas se analice -después de un año de olvidos- en el recinto de la Cámara Baja.
Incluso fue la Presidenta quien puso el tema en la agenda de las sesiones extraordinarias.
Sonia Escudero, senadora nacional por Salta, le explicó a El Tribuno cuál es el alcance de esta ley y cómo el caso Marita Verón impulsó la norma.
También analizó la posibilidad de aplicar los juicios por jurados en el país, pese a reconocer que se necesita de una fuerte decisión política -fondos- para llevar adelante esta idea.
“Si hoy sin jurado los juicios demoran muchísimo, imaginesé lo que esto va a significar con jurado”, afirmó Escudero.

¿Cuáles fueron las fallas que se vieron en la aplicación de la ley de trata actual?


El problema que surgió claramente, a través de su aplicación, es que deja espacio al impunidad. Por ejemplo la diferencia que hace la ley sobre la edad de la víctima, si es mayor de edad o menor de edad. Esa diferenciación hizo que muchos jueces digan que -cuando la víctima de trata es mayor de edad- prestó su consentimiento y entonces no hay delito. Los jueces están dejando este espacio de impunidad por una mala aplicación de una ley que es poco clara. También no está muy conceptulizado qué es trata y qué explotación. Porque en este tipo de delitos hay una cadena de personas involucradas y si queremos confundir trata y explotación en una única figura, va a ser de muy difícil prueba. Si tipificamos claramente cada una de las conductas por las que pasa la víctima -secuestro, drogas, traslado- ahí vamos teniendo cada una de esas tipificaciones y ya se puede ver las personas que fueron interviniendo en esta cadena, que llega finalmente a la explotación. Esta conducta la ejerce quien somete a una persona a la prostitución, a una situación de servidumbre o de explotación laboral que es bastante frecuente.

¿Qué otras modificaciones se hicieron?


También se incorporaron algunas reformas al Código Penal, en el sentido de que quede muy claro que es delito promover la prostitución de otra persona y explotar la prostitución de otra persona. Queda claramente tipificado como delito el proxenetismo. Establecemos una figura básica con una pena de 6 años y después con penas más altas según si se utiliza el engaño, la coerción, las amenazas, que las personas que cometen estos delitos sean del entorno familiar, sean personas ajenas a la víctimas o tengan alguna relación de autoridad, como policías, docentes, ministros de cualquier culto, y finalmente cuando la víctima es menor de edad. Ahí la pena se agrava entre 10 y 25 años. Se pide en todos estos casos que las penas sean de cumplimiento efectivo. Por otra parte está el catálogo de derechos que tienen estas víctimas de trata. Se establece claramente cuáles son sus derechos y las obligaciones del Estado. Entre estos derechos está la asistencia letrada en todos los fueros y en todas las instancias, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a ser insertada nuevamente en la sociedad. Teniendo en cuenta que son personas que han sufrido mucho. Gracias a la experiencia que se tiene con las organizaciones no gubernamentales que han podido rescatar a cientos de personas, sobre todo mujeres, se pensó en dos instituciones que se pueden crear. La primera es un Consejo Nacional donde estarán representadas las provincias y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema, por supuesto estará también el Estado nacional. Este consejo nacional tiene que diseñar las políticas y tiene que llevar estadísticas que nos ayuden a ajustar todas acciones. También se crea un Comité Ejecutivo donde queremos que haya un proceso con cuatro ministerios que son el de Seguridad, de Justicia, de Trabajo y de Desarrollo Social. El Ministerio de Trabajo fue incorporado porque hay muchas personas que son explotadas en sus trabajos, que son transportadas muchas veces con engaños, para ser sometidas a una situación de servilismo y el ministerio tiene una buena red de oficinas para estas personas. Por lo tanto resulta útil para trabajar en esta área. También se apunta a que existe una coordinación en la rehabilitación. Entonces se habilita un teléfono único: el 145 gratuito disponible las 24 horas al que se puede acceder desde cualquier teléfono y los registros de las denuncias van a quedar archivadas durante 10 años. También se podrán recibir denuncias anónimas. En el tema de protección a la víctima, cuando se rescata una persona, el interrogatorio tiene que ser con un psicólogo, donde si se puede se usará la Cámara Gessel y que no esté la presencia de las partes. De modo que es un proyecto muy completo que contó con el aporte de muchas organizaciones y especialistas. Es una pena que Diputados la haya dejado dormir.

Parecería que con el fallo en el caso Marita Verón se logró el impulso que faltó y demoró la ley...

Sin duda, sin el fallo del caso Verón que dejó en shock a la sociedad, este tema seguía durmiendo.Yo no sé que es lo que pasa en la Cámara de Diputados pero, obviamente, esta cámara está controlada por el kirchnerismo o sea que si este tema no fue tratado es porque no fue considerado importante por el oficialismo, lo cual es verdaderamente lamentable. Desde la Cámara de Senadores todos los bloques hicieron un reclamo a Diputados por la demora en este tema tan sensible. Estamos ante una nueva forma de esclavitud, es la forma de esclavitud del siglo XXI, es parte del crimen organizado, es transnacional y por esta característica incorporamos también algunos temas que tienen que ver con la nacionalidad de la víctimas. Si la víctima es una persona extranjera, se le hacen conocer sus derechos una vez que es rescatada y se le hace saber que si quiere puede pedir el status de persona refugiada, recibir protección. Si alguna persona de nacionalidad argentina es rescatada en otro país, establecemos obligaciones en las embajadas del país, donde tienen que asistirla y tienen que acompañarla a hacer todas las diligencias.

Aseguran que el miércoles el proyecto tendrá la sanción de Diputados...

Lo que sucedió en Tucumán es tan grave y la reacción de la gente fue tan fuerte, todas la organizaciones que han trabajado en este tema están tan angustiadas -claro que esta ley no se puede aplicar en este caso, porque esta ley se aplica para el futuro- que no puede pasar otra cosa. Este es un problema mundial, se habla de que son 2 millones y medio de personas víctimas de trata, de las cuales 250 mil están en América Latina. En el país está bastante claro: son capturadas en el norte del país y son trasladadas al sur.

Esto también está relacionado con otros delitos como el narcotráfico...

Sí, efectivamente. Hay que extremar todas las medidas de precauciones. Desde ese punto de vista es que las organizaciones de la sociedad civil ayudarán mucho. Otro tema que se discutió mucho es el tema de la prostitución. Hay quienes querían prohibir la prostitución, entonces se convocó a organizaciones de mujeres que están en situación de prostitución y se encontraron dos posturas: en una están las que dicen que este es su trabajo y quieren que se lo regule y otras que decían estar en esa situación porque no tuvieron alternativa. Reclamando al Estado que les den otra posibilidad de vida. Desde Senadores se sabe que si se avanza con algún tipo de prohibición vamos a tener a la Policía persiguiendo a mujeres frágiles. Entonces se decidió no penalizarla.

Con una prohibición podría crecer aún más la corrupción policial y judicial...

Otro tema que surge con fuerza es el tema de la penalización al cliente. En Senadores se iba a avanzar con esto. Dicen y con razón: “Si no hay cliente no hay trata”, pero también está lo que dicen los expertos y es que muchas veces es el cliente el que puede hacer una denuncia o avisar a la Policía dónde hay una persona sometida. Si se penaliza, se puede cortar ese hilo que puede salvar una vida.

Hubo muchos fallos que ponen en dudas cómo funciona el sistema judicial, ¿habría que cambiarlo?

Argentina tiene un sistema procesal sumamente garantista que hace muchas veces que los juicios duren mucho tiempo y que se resuelva por cuestiones formales. Hay fallas de origen en la investigación. Como hay procedimientos nulos, las pruebas no sirven más adelante. También hay una distancia entre la Academia y la realidad de las personas que sufren y como legisladores en el medio, hay que buscar un equilibrio. En el caso Verón habrá que ver qué hace la Corte y qué le dicen a los jueces. A veces los jueces toman conceptos viejos cuando el derecho se enriqueció mucho desde 1994 y a partir de los tratados de los derechos humanos. Cuando los jueces aplican el Código Penal tienen que tener en cuenta los derechos humanos básicos que la Constitución protege, y en ese contexto es imposible creer que un juez piense que una víctima de trata prestó su consentimiento para ser abusada.

Jorge Yoma habló esta semana de aplicar los juicios por jurado, ¿está de acuerdo?

Había un proyecto en el Senado, incluso contó con la participación de especialistas del tema, que contaron la experiencia. Se puede aplicar en el país aplicándolo en algunos delitos realmente graves y sería posible en un marco donde el jurado decide si los imputados cometieron el delito. Sería interesante empezar con delitos de corrupción, con delitos verdaderamente grave. Es una reforma muy profunda, porque esto necesita una decisión política muy fuerte que son recursos para llevar adelante estos juicios. Si hoy sin jurado los juicios demoran muchísimo, imaginesé lo que esto va a significar con jurado.

¿Cómo se podría agilizar la búsqueda de personas desaparecidas?

Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Tal vez no sean de orden legislativo sino de las fuerzas de seguridad, como coordinar las fuerzas de las provincias y las fronteras. Aquí se pasa muy campante de un país al otro sin ningún tipo de control efectivo. Con el sistema de control de huellas dactilares, basta con pasar el dedo en una máquina y es posible identificar a la persona. Hay muchas cosas que se podrían empezar a hacer. Cuando desaparece una persona, la búsqueda debe ser muy rápida.

 

 

 

 

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