A veces los “okupas” producen miedo y se aproximan a una masa vociferante e imprevisible. Otras, provocan entenderlos como los “de afuera del sistema”, las víctimas. En ambas representaciones se neutraliza su cualidad de ciudadanos sujetos a derecho en una vida democrática.

Las ocupaciones que se sucedieron este año tienen características comunes: se detecta un terreno privado, de cooperativas o entidades, sobre los cuales durante años no se vio movimiento, y alguien organiza a las familias para instalarse allí y luego negociar con Tierra y Hábitat. Mientras, los ocupantes existirán en un estado de ilegalidad, sujetos a amenazas de desalojo y carentes de servicios de agua, cloacas y energía por tiempo indeterminado. Los lleva a esta circunstancia el hacinamiento severo, respaldado por datos estadísticos. Según el último censo del Indec, en 56 mil viviendas salteñas coexisten dos familias; más de 60 mil hogares (314 mil personas) padecen hacinamiento semicrítico (dos a tres habitantes por cuarto) y más de 26 mil hogares (175 mil), hacinamiento alarmante (más de tres personas por cuarto). También se señala que en 1.257 viviendas hay 7 personas por cuarto; en 425, 9; y en 468, 10 o más.

Esos terrenos, otros no

Sufren grave hacinamiento o alquilan y ven amenazada la continuidad de sus contratos por motivos diversos. Los ocupantes del exbalneario municipal de Castañares o los manifestantes de la ruta 51 a la altura de San Luis -ambos activos- encuentran enormes dificultades para comprar un terreno por el alza de precios. En esas zonas se construyen urbanizaciones a las que se dará un destino turístico o de countries, pero una casa de esa categoría resulta, para ellos, imposible de adquirir. La mayoría son trabajadores en negro -dedicados al servicio doméstico o peones en fincas-, cansados de renovar expedientes en Tierra y Hábitat, o que no reúnen los requisitos para postularse a una vivienda del IPV.

Altísima demanda de tierras

Ofrecer un terreno propio a quienes no pueden acceder a la compra en el mercado inmobiliario y propiciar así un crecimiento ordenado y planificado de la ciudad es una tarea que se plantea cada año más difícil para el Gobierno. Según la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, existen 9.000 expedientes en Capital y 4.500 en el interior que reflejan la espera de las familias salteñas por una solución habitacional. Sin embargo, una vez que resultan beneficiados el nivel de cumplimiento en los pagos de las cuotas es muy bajo. De 16.100 beneficiarios, el 35% nunca registró un pago y el 60% no abona su obliga ción a término.

Desactivados y activos

El importe de las cuotas sociales para terrenos en Salta se obtiene del valor fiscal que determina la Dirección de Inmuebles. En todos los casos son 100 cuotas iguales y consecutivas, que actualmente van desde los $5 hasta los $198. El último plan anunciado es el barrio Nueva Esperanza, al lado de Atocha, con 985 lotes.

Asentamientos desactivados

  • Asembapras, 80 familias.
  • Sol del Oeste, 30 familias.
  • Néstor Kirchner (puente Vélez Sarsfield), 17 familias.
  • Finca Valdivia, 1.200 familias.
  • Terreno del Servicio Penitenciario, 150 familias.
  • Bº Bicentenario, 50 familias.

Asentamientos activos

  • Gauchito Gil, 70 familias. A la espera de ser reubicadas en módulos habitacionales.
  • Circunvalación Oeste (San Luis), 45 familias.
  • Exbalneario, 70 familias. Hicieron un loteo propio.

 

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