En la cabeza de los ultrakirchneristas iba a ser un día histórico, comparable quizás con aquel 17 de octubre en el que el pueblo salió a la calle a pedir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón. Pero, para su amargura, fue como había dicho el grupo Clarín: no pasó nada.
El 7D, como los protagonistas bautizaron al siete de diciembre pasado, era un día clave en la disputa que el Gobierno nacional mantiene con el multimedios más grande del país por la puesta en vigencia de la ley de medios aprobada por el Congreso hace ya tres años. Esa norma contiene dos artículos que el grupo Clarín cuestiona: el 45, que le pone un tope al número de licencias que pueden estar en manos de un único propietario (y que Clarín excede largamente); y el 161, que fijaba un plazo de un año para desprenderse de los medios “en exceso” y adecuarse a la norma.
Tras plantear la inconstitucionalidad de esos artículos, Clarín logró que la Justicia aprobara una medida cautelar que dejaba en suspenso la vigencia de ambos artículos hasta que el juez de la causa se pronunciara sobre la cuestión de fondo. Esa situación se mantuvo sin cambios a lo largo de más de dos años, período en el que incluso renunció el juez de la causa, lo que dificultaba la posibilidad de llegar a un fallo definitivo. Frente a esa situación, el Gobierno nacional planteó a la Corte de Justicia que la medida cautelar no podía mantenerse en forma indefinida, y le demandó ponerle un límite. La Corte accedió y el 22 de mayo determinó que si hasta el 7 de diciembre no había fallo, las cautelares debían cesar. Para el Gobierno, la decisión sonó a victoria definitiva. Y así la presentó en los medios de comunicación.
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En la cabeza de los ultrakirchneristas iba a ser un día histórico, comparable quizás con aquel 17 de octubre en el que el pueblo salió a la calle a pedir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón. Pero, para su amargura, fue como había dicho el grupo Clarín: no pasó nada.
El 7D, como los protagonistas bautizaron al siete de diciembre pasado, era un día clave en la disputa que el Gobierno nacional mantiene con el multimedios más grande del país por la puesta en vigencia de la ley de medios aprobada por el Congreso hace ya tres años. Esa norma contiene dos artículos que el grupo Clarín cuestiona: el 45, que le pone un tope al número de licencias que pueden estar en manos de un único propietario (y que Clarín excede largamente); y el 161, que fijaba un plazo de un año para desprenderse de los medios “en exceso” y adecuarse a la norma.
Tras plantear la inconstitucionalidad de esos artículos, Clarín logró que la Justicia aprobara una medida cautelar que dejaba en suspenso la vigencia de ambos artículos hasta que el juez de la causa se pronunciara sobre la cuestión de fondo. Esa situación se mantuvo sin cambios a lo largo de más de dos años, período en el que incluso renunció el juez de la causa, lo que dificultaba la posibilidad de llegar a un fallo definitivo. Frente a esa situación, el Gobierno nacional planteó a la Corte de Justicia que la medida cautelar no podía mantenerse en forma indefinida, y le demandó ponerle un límite. La Corte accedió y el 22 de mayo determinó que si hasta el 7 de diciembre no había fallo, las cautelares debían cesar. Para el Gobierno, la decisión sonó a victoria definitiva. Y así la presentó en los medios de comunicación.
Batalla publicitaria
A través de spots en Fútbol para Todos abonó la idea de que el 7D era algo así como el día de la libertad informativa, sin considerar que los medios audiovisuales en manos del multimedios, son los más vistos y escuchados del país por elección de la gente y no por imposición de nadie.
En una virtual batalla de spots, Clarín advertía que, en caso de caer la cautelar, el 7D no debía pasar nada, porque recién entonces comenzaba a correr el plazo de un año para la desinversión.
La batalla no se dio solo en las pantallas; también se instaló en la Justicia. Mientras Clarín se esforzaba por lograr alguna acción judicial que extendiera la cautelar, el Gobierno se preocupó por poner todos los palos en la rueda posibles para bloquear esa posibilidad: impugnó jueces, recusó camaristas y hasta los denunció ante el Consejo de la Magistratura. Frente a esas maniobras, Clarín acudió a la Corte y denunció “negación de Justicia”, y la Corte le dio la razón. El máximo tribunal ordenó respuestas inmediatas a los jueces, que las dieron. Primero, una cámara extendió la cautelar, lo que se interpretó como un golpe al Gobierno. Pero apenas una semana después del 7D, el juez a cargo del caso le dio la razón a la Casa Rosada y declaró constitucionales los dos artículos cuestionados. El fin de año llegó en medio de apelaciones de Clarín y notificaciones del Gobierno, que intentará avanzar con el proceso de desinversión lo más rápido posible.
Derroche de recursos
Lo preocupante, en todo caso, es el derroche de esfuerzo y recursos puesto por el Gobierno en una causa que no interesa al grueso de la población y que, peor aún, no le soluciona sus problemas prioritarios como son la inflación, la inseguridad o las debilidades en el sistema de educación y en el ámbito de la salud pública. Cualquiera sea la resolución final del conflicto, se trata de una disputa política que mostró lo peor de ambos contendientes con actitudes y reacciones reñidas con la democracia y muy cercanas al autoritarismo. Se trata, además, de una novela con final abierto, cuyos capítulos seguiremos viendo apenas comience el 2013.