Salta integra desde ayer la nueva Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), con la que los gobiernos de diez provincias respaldarán a una actividad que está siendo cuestionada y resistida por movimientos vecinales, grupos ambientalistas y sectores políticos en diferentes puntos del país.
“Buscamos coordinar acciones entre las provincias para consolidar el desarrollo minero y generar un efecto multiplicador en las economías provinciales, principalmente en las oportunidades que brinda para el desarrollo social a partir de la incorporación de valor agregado en la zona de los yacimientos”, señaló el gobernador Juan Manuel Urtubey, tras el lanzamiento del bloque en la Casa de Jujuy en Buenos Aires.
Asistieron al acto el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Como presidente de la comisión fundacional fue designado el gobernador jujeño, Eduardo Fellner. Su par catamarqueña, Lucía Corpacci, es la vicepresidencia y el sanjuanino José Luis Gioja, el secretario. Urtubey será el encargado de coordinar las relaciones de la Ofemi con la análoga Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
“Esto es demostrar un verdadero federalismo, donde los recursos provinciales los manejan las Provincias con el acompañamiento de la Nación. Esto es un fortalecimiento institucional, un fuerte apoyo político a la actividad minera”, aclaró el gobernador salteño, quien luego afirmó que “el cuidado ambiental no es negociable”. Aludió así a las preocupaciones que están enfocadas hoy fundamentalmente en la megaminería a cielo abierto y los impactos negativos que algunos le adjudican y que otros desmienten.
Al respecto, el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, aseguró que el Gobierno provincial “tiene una fuerte capacidad de fiscalización de la actividad, tanto en el cuidado ambiental como en el control del material que se extrae”. En este contexto, dijo que la provincia atraviesa por una etapa de “firme inversión privada” y que “se esperan resultados de exploraciones” desarrolladas en distintas áreas de la provincia, principalmente en zonas andinas, para confirmar la posibilidad de futuras producciones en algunos de tantos proyectos mineros. “Son inversiones de alto riesgo para las empresas”, insistió Salas.
Principales objetivos
En el acta constitutiva de la Ofemi, los Gobiernos de las provincias mineras acordaron que el bloque generará condiciones para incorporar valor agregado a los productos minerales, con una mayor industrialización en los lugares de extracción, y poder sustituir paralelamente la importación de los insumos y repuestos usados en la actividad. En este punto, se consideró indispensable contribuir a que los proyectos mineros puedan lograr “una licencia social, con el aporte de todos los sectores”, y mediante un “esclarecimiento de lo que es la actividad, el impacto y los beneficios que produce”.
También convinieron en aunar criterios y acciones para la aplicación de las normativas internacionales, nacionales, provinciales y municipales vigentes. Por otra parte, se comprometieron a fortalecer la capacitación del recurso humano y a favorecer el desarrollo de la minería social y de pequeñas empresas.
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Salta integra desde ayer la nueva Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), con la que los gobiernos de diez provincias respaldarán a una actividad que está siendo cuestionada y resistida por movimientos vecinales, grupos ambientalistas y sectores políticos en diferentes puntos del país.
“Buscamos coordinar acciones entre las provincias para consolidar el desarrollo minero y generar un efecto multiplicador en las economías provinciales, principalmente en las oportunidades que brinda para el desarrollo social a partir de la incorporación de valor agregado en la zona de los yacimientos”, señaló el gobernador Juan Manuel Urtubey, tras el lanzamiento del bloque en la Casa de Jujuy en Buenos Aires.
Asistieron al acto el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Como presidente de la comisión fundacional fue designado el gobernador jujeño, Eduardo Fellner. Su par catamarqueña, Lucía Corpacci, es la vicepresidencia y el sanjuanino José Luis Gioja, el secretario. Urtubey será el encargado de coordinar las relaciones de la Ofemi con la análoga Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
“Esto es demostrar un verdadero federalismo, donde los recursos provinciales los manejan las Provincias con el acompañamiento de la Nación. Esto es un fortalecimiento institucional, un fuerte apoyo político a la actividad minera”, aclaró el gobernador salteño, quien luego afirmó que “el cuidado ambiental no es negociable”. Aludió así a las preocupaciones que están enfocadas hoy fundamentalmente en la megaminería a cielo abierto y los impactos negativos que algunos le adjudican y que otros desmienten.
Al respecto, el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, aseguró que el Gobierno provincial “tiene una fuerte capacidad de fiscalización de la actividad, tanto en el cuidado ambiental como en el control del material que se extrae”. En este contexto, dijo que la provincia atraviesa por una etapa de “firme inversión privada” y que “se esperan resultados de exploraciones” desarrolladas en distintas áreas de la provincia, principalmente en zonas andinas, para confirmar la posibilidad de futuras producciones en algunos de tantos proyectos mineros. “Son inversiones de alto riesgo para las empresas”, insistió Salas.
Principales objetivos
En el acta constitutiva de la Ofemi, los Gobiernos de las provincias mineras acordaron que el bloque generará condiciones para incorporar valor agregado a los productos minerales, con una mayor industrialización en los lugares de extracción, y poder sustituir paralelamente la importación de los insumos y repuestos usados en la actividad. En este punto, se consideró indispensable contribuir a que los proyectos mineros puedan lograr “una licencia social, con el aporte de todos los sectores”, y mediante un “esclarecimiento de lo que es la actividad, el impacto y los beneficios que produce”.
También convinieron en aunar criterios y acciones para la aplicación de las normativas internacionales, nacionales, provinciales y municipales vigentes. Por otra parte, se comprometieron a fortalecer la capacitación del recurso humano y a favorecer el desarrollo de la minería social y de pequeñas empresas.