En los últimos días se produjeron algunos episodios que muestran, por una parte, el recrudecimiento de las protestas y, simultáneamente, alarmantes indicios de violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Es evidente que hay un cambio en las políticas represivas de parte del Gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré. También está claro que, en materia de represión de la protesta social, hay “hijos y entenados”.
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En los últimos días se produjeron algunos episodios que muestran, por una parte, el recrudecimiento de las protestas y, simultáneamente, alarmantes indicios de violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Es evidente que hay un cambio en las políticas represivas de parte del Gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré. También está claro que, en materia de represión de la protesta social, hay “hijos y entenados”.
El martes pasado, un importante grupo de hombres que se encontraban incorporados a las Fuerzas Armadas durante la guerra del Atlántico Sur exigieron en la porteña avenida 9 de Julio que se les otorgue el estatus de excombatientes. Ellos no entraron en combate ni fueron trasladados al teatro de operaciones, pero estuvieron acantonados como hombres de reserva en unidades militares ubicadas en el territorio continental. Más allá de que la vigilia a la espera del combate los califica como excombatientes, lo cierto es que el corte de calles es ilegal y ninguna causa, por noble que sea, lo legitima como medio de presión.
Los exsoldados fueron reprimidos con una brutalidad notable por la Policía Federal, que incluso utilizó tanquetas en el operativo. Desde 2003, la avenida 9 de Julio ha sido cortada, sistemáticamente, por infinidad de manifestantes que plantearon desde reclamos serios hasta cuestiones extravagantes. En la mayoría de las oportunidades, una decena de personas interrumpieron el tránsito de cientos de miles de vehículos. El Gobierno siempre se negó a proceder con el argumento de “no criminalizar la potesta social”. Ahora, en este caso, la ministra Garré justificó la violencia policial.
Pocos días antes, en las localidades de Chilecito, La Rioja, y de Tinogasta, Catamarca, la Policía se había enfrentado con dureza a manifestantes que se oponen a proyectos mineros. Es cierto que se trata de protestas disparatadas -en las que no faltan provocadores profesionales-, cuyas consecuencias serán nefastas para la provincias, pero tanto o más absurdo fue el corte del puente internacional en Gualeguaychú, que se prolongó cuatro años y que alteró los vínculos entre nuestro país y Uruguay. El Gobierno nacional no solo permitió la protesta, sino que además organizó un acto multitudinario, con la presencia de cien mil personas y de casi todos los gobernadores peronistas, para avalar el dislate.
El corte de calles, rutas y accesos es inconstitucional y el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a circular libremente.
A despecho de una corriente intelectual con alguna fuerza en la Argentina, que intenta legitimar la apropiación de las calles y las tierras, ningún país del mundo tolera los cortes de rutas.
Es bueno que el actual gobierno se decida a actuar dentro de la ley, justamente, para que se cumpla la ley, pero es inadmisible que mida con distinta vara a los manifestantes, según el color de la protesta.
El endurecimiento policial aparece cuando comienzan a mostrarse indicios de descontrol. La denuncia acerca de un sistema de espionaje político a cargo de la Gendarmería Nacional, la fuerza en la cual la ministra Garré deposita su mayor confianza, permite suponer que también en el Gobierno se temen reacciones complejas.
La recesión global anticipa dificultades económicas que podrían alterar el funcionamiento del modelo vigente, con una secuela de protestas. Al mismo tiempo, el enfrentamiento del Gobierno con importantes sectores del Partido Justicialista, desplazados para posicionar a funcionarios más cercanos o afines a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con el hombre fuerte de la CGT, Hugo Moyano, ponen a prueba el manejo del poder.
Los momentos críticos, sea por razones económicas o políticas, generan los que se llaman comunmente “ríos revueltos”.
La ministra Garré deberá explicar sin evasivas qué actividades está desarrollando la Gendarmería, si estas se encuentran enmarcadas en la ley y en qué medida responden a directivas suyas.
La investigación del supuesto espionaje anunciada por la ministra será muy importante.
Pero es fundamental que el oficialismo y la oposición asuman que el Estado de Derecho se basa en la igualdad ante la ley y en el respeto para todos, y que el Gobierno es el responsable de que los organismos del Estado hagan cumplir la ley, sin discriminación.