Las máquinas son antiguas, el mantenimiento es flojo y los pasajeros saben que sus vidas están en juego cuando suben a una de estas máquinas. Sin embargo, para muchos argentinos esta es la única manera de ir desde sus trabajos hasta sus casas. Peor aun, esta situación parece no ser controlada por nadie. La muerte de 51 personas el pasado miércoles parece haber sido la gota que colmó el vaso. Y así lo resolvió el fiscal que interviene en la causa, quien reclamó investigar los subsidios que recibió del Estado la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la línea Sarmiento, y la “aplicación real” de esos fondos públicos en el servicio.
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Las máquinas son antiguas, el mantenimiento es flojo y los pasajeros saben que sus vidas están en juego cuando suben a una de estas máquinas. Sin embargo, para muchos argentinos esta es la única manera de ir desde sus trabajos hasta sus casas. Peor aun, esta situación parece no ser controlada por nadie. La muerte de 51 personas el pasado miércoles parece haber sido la gota que colmó el vaso. Y así lo resolvió el fiscal que interviene en la causa, quien reclamó investigar los subsidios que recibió del Estado la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la línea Sarmiento, y la “aplicación real” de esos fondos públicos en el servicio.
Federico Delgado, fiscal que trata de esclarecer los motivos de la tragedia que ocurrió el miércoles 22 por la mañana, hizo su primer dictamen sobre el accidente.
En ese marco, el fiscal apuntó directamente contra TBA, al plantear el antecedente de Trenes Metropolitanos, al que el Estado le quitó la concesión.
El fiscal advirtió que en esa causa, próxima a juicio oral, se probó que los empresarios Juan Carlos Loustau Bidaut y Sergio Taselli “tuvieron a su cargo la administración de los bienes e intereses del Estado y que, desde esa posición, omitieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron dolosamente los intereses confiados”.
Como medida de prueba sugirió al juez que pida documentación contable para determinar con peritos “el dinero ingresado a la concesionaria del servicio en concepto de subsidios para el servicio y la aplicación real de ese dinero”.
El funcionario del Ministerio Público también propuso que el Juzgado Federal cite a declarar como testigos a “maquinistas, mecánicos y otros empleados” de TBA en la línea Sarmiento, “escogidos al azar”, para que cuenten “de propia mano” las condiciones en que se despliega el servicio.
Asimismo, dijo que como “algunos trabajadores podrían verse apremiados moralmente por el temor que generalmente suscita la condición de empleados frente al empleador”, entonces “el juzgado podría interrogar a los dirigentes gremiales que cuentan con inmunidad al respecto”.
Por último, le pidió al juez que tome como precedente la causa contra Trenes Metropolitanos, que derivó en la rescisión de la concesión de la línea Roca, porque existen “algunos puntos de contacto” entre “aquellos eventos y los ocurridos el 22 de febrero en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento”.
El juez federal Claudio Bonadío ya recibió este dictamen.