La Justicia prohibió imponer oraciones y otras prácticas del catolicismo en la escuela pública en un fallo que se consideró de gran relevancia social. La decisión responde a un recurso de amparo presentado por padres que denunciaban discriminación hacia chicos que tienen otras creencias. También se ordenó adaptar la materia de religión “a la libertad de conciencia”.
El juez Marcelo Domínguez dispuso que el Gobierno tome las medidas necesarias para que cese la necesidad de participar en actividades propias de la Iglesia Católica para todos los alumnos.
En un recurso de amparo presentado en 2010, un grupo de padres describía que los estudiantes se veían obligados a rezar todos los días en escuelas de Campo Quijano, La Caldera y Salta capital.
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La Justicia prohibió imponer oraciones y otras prácticas del catolicismo en la escuela pública en un fallo que se consideró de gran relevancia social. La decisión responde a un recurso de amparo presentado por padres que denunciaban discriminación hacia chicos que tienen otras creencias. También se ordenó adaptar la materia de religión “a la libertad de conciencia”.
El juez Marcelo Domínguez dispuso que el Gobierno tome las medidas necesarias para que cese la necesidad de participar en actividades propias de la Iglesia Católica para todos los alumnos.
En un recurso de amparo presentado en 2010, un grupo de padres describía que los estudiantes se veían obligados a rezar todos los días en escuelas de Campo Quijano, La Caldera y Salta capital.
Los demandantes señalaban que la práctica se repetía en muchas instituciones de la provincia, posibilidad que el Gobierno no negó según se desprende del fallo conocido ayer.
Domínguez también resolvió que la materia de religión que dictan las escuelas debe garantizar la imparcialidad y la libertad de conciencia.
El juez tomó esta decisión frente al planteo de los padres que aseguraban que la asignatura se presta para discriminar a los chicos de familias que no comparten las creencias del catolicismo.
La denuncia planteada en el amparo incluso habla del caso de un chico de 12 años obligado a permanecer en la clase de religión en Campo Quijano pese a que no quería.
Domínguez rechazó, sin embargo, el pedido de declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación, que establece que se debe dar enseñanza relacionada con lo confesional en la primaria.
La sentencia determinó que el problema no está en que la norma acepte la formación religiosa sino en el modo en que se aplica esta regla.
En el amparo, nueve padres con apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles pedían que se declare la inconstitucionalidad de la ley de educación provincial, que establece que se debe dictar religión.
La demanda también reclamaba por la ilegalidad de la tarea de “funcionarios que imponen la enseñanza católica, vulnerando los derechos a libertad de conciencia y educación libre de discriminación”.
Graciela Abutt Carol, abogada de las familias que presentaron el amparo, se manifestó satisfecha porque consideró que la Justicia “reconoció que hay discriminación y ordenó que el Estado tome las medidas necesarias para evitarlo”.
La defensora destacó ayer que el fallo tiene “gran relevancia”, si bien aseguró que se deben analizar todas sus implicancias y los pasos a seguir.