Pese a estar involucrado por la entrega de subsidios y la falta de controles, el juez federal Claudio Bonadío aceptó que el Estado nacional sea aceptado como “parte querellante” en la causa en la que se investiga el siniestro registrado en la estación Once del ferrocarril Sarmiento, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. De esta manera, el Estado podrá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba.
El pedido lo realizó días atrás el abogado Rafael Llorens, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación Federal que conduce el ministro Julio de Vido.
La estrategia es clara: intentar desligar al Gobierno de cualquier irregulariad mostrándolo como una de las víctimas del hecho.
La intención del Estado de actuar como querellante la había anunciado, al día siguiente del siniestro, el ministro De Vido, quien sostuvo que “nos presentaremos en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados”.
Las fuentes indicaron que Bonadío resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado nacional”. Más precisamente, estas garantías dependen del Ministerio de Planificación Federal y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros en todo el territorio nacional.
Informantes añadieron que otorgarle el rol de querellante al Estado “no es un obstáculo para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”. Es decir que si se determinara la responsabilidad de funcionarios públicos en la tragedia de Once, estos no quedarán exentos de futuros juicios en su contra. En el marco de esta causa, el miércoles último comenzaron las pericias que continuaron ayer y en las que intervienen tres expertos oficiales (dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema) junto a los peritos de parte.
En los análisis participan, junto a los profesionales designados por Bonadío, los especialistas sugeridos por la empresa TBA, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la defensa de Marcos Antonio Córdoba, quien conducía la formación que sufrió el siniestro.
El magistrado, en tanto, rechazó los peritos de parte propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, en su carácter de querellante, por “falta de idoneidad en la especialidad”, ya que uno es un licenciado en criminalística y el otro se autodefine como “experto en ferrocarriles”, sin brindar mayores precisiones.
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Pese a estar involucrado por la entrega de subsidios y la falta de controles, el juez federal Claudio Bonadío aceptó que el Estado nacional sea aceptado como “parte querellante” en la causa en la que se investiga el siniestro registrado en la estación Once del ferrocarril Sarmiento, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. De esta manera, el Estado podrá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba.
El pedido lo realizó días atrás el abogado Rafael Llorens, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación Federal que conduce el ministro Julio de Vido.
La estrategia es clara: intentar desligar al Gobierno de cualquier irregulariad mostrándolo como una de las víctimas del hecho.
La intención del Estado de actuar como querellante la había anunciado, al día siguiente del siniestro, el ministro De Vido, quien sostuvo que “nos presentaremos en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados”.
Las fuentes indicaron que Bonadío resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado nacional”. Más precisamente, estas garantías dependen del Ministerio de Planificación Federal y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros en todo el territorio nacional.
Informantes añadieron que otorgarle el rol de querellante al Estado “no es un obstáculo para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”. Es decir que si se determinara la responsabilidad de funcionarios públicos en la tragedia de Once, estos no quedarán exentos de futuros juicios en su contra. En el marco de esta causa, el miércoles último comenzaron las pericias que continuaron ayer y en las que intervienen tres expertos oficiales (dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema) junto a los peritos de parte.
En los análisis participan, junto a los profesionales designados por Bonadío, los especialistas sugeridos por la empresa TBA, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la defensa de Marcos Antonio Córdoba, quien conducía la formación que sufrió el siniestro.
El magistrado, en tanto, rechazó los peritos de parte propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, en su carácter de querellante, por “falta de idoneidad en la especialidad”, ya que uno es un licenciado en criminalística y el otro se autodefine como “experto en ferrocarriles”, sin brindar mayores precisiones.