Tras varios días de suspenso, incertidumbre y versiones encontradas, la presidenta Cristina de Kirchner decidió ayer cortar con el misterio en torno del futuro de YPF. En cadena nacional anunció una medida clave para el control de la petrolera: decidió su inmediata intervención y el envió al Congreso de un proyecto para expropiar el 51% del paquete accionario, que deberá ser aprobado por las dos cámaras.
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Tras varios días de suspenso, incertidumbre y versiones encontradas, la presidenta Cristina de Kirchner decidió ayer cortar con el misterio en torno del futuro de YPF. En cadena nacional anunció una medida clave para el control de la petrolera: decidió su inmediata intervención y el envió al Congreso de un proyecto para expropiar el 51% del paquete accionario, que deberá ser aprobado por las dos cámaras.
El precio lo fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, mientras que el total a expropiar pertenece íntegramente a la española Repsol.
Lo cierto es que la medida causó sorpresa no solo en Argentina, sino también en el Estado español, que si bien esperaba sanciones contra la petrolera, no tenía previsto una definición a tan corto plazo.
Tras enterarse de la noticia, el presidente español, Mariano Rajoy, convocó a una reunión de urgencia en el Palacio de la Moncloa para evaluar el discurso de Cristina y calificó la medida de “arbitraria, hostil y discriminatoria” (ver página 4).
Cabe recordar que Rajoy iniciará hoy su primera visita a América Latina, que lo llevará a México y Colombia, con una agenda centrada en cuestiones económicas en la que se coló bruscamente la expropiación de Repsol-YPF.
La medida de Gobierno, en su artículo 7, establece la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio” de YPF.
Una vez aprobada la ley en el Congreso, el 26,01% irá para el Estado nacional y el 24,99% se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), de donde son miembros Salta y Jujuy.
De la misma manera, se informó que fueron designados como conductores de la empresa petrolera al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Inmediatamente después del anuncio de la Presidenta, comenzó el operativo “recambio”. Poco después de las 15, De Vido llegó a la torre corporativa de Puerto Madero para asumir como interventor de la firma.
De Vido fue acompañado de Axel Kicillof, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, y mostrando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lo designa interventor por un lapso de 30 días, hasta que se concrete la expropiación del 51% de las acciones.
Junto al desembarco “K” llegó el pedido de renuncia de los directivos puestos por la ibérica Repsol.
De todos modos, entre tanto alboroto, se supo que el actual presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, sería designado en el área gerencial a cargo de la producción de petróleo y gas.
La medida del Gobierno nacional también causó un inesperado terremoto en las operaciones bursátiles.
En Nueva York los papeles de la petrolera retrocedieron 11,41% hasta que se decidió suspender la cotización, al igual que en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde las operaciones debieron ser suspendidas cuando los papeles de la petrolera perdían el 2,44 %. Si bien la decisión se centró en YPF, la jefa de Estado también envió un mensaje claro a las grandes compañías extranjeras que obtienen beneficios pero no colaboran para el crecimiento de la Nación. “No nos molestan las rentabilidades, tenemos problemas con la necesidad de que reinviertan utilidades en el país”, advirtió. Cabe destacar que si bien el discurso de la Presidenta tuvo un gran respaldo de gobernadores, legisladores, políticos y sindicalistas, las voces opositoras también se escucharon. El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, rechazó ayer el proyecto de expropiación y anunció “el plan B”, en donde el radicalismo presentará un proyecto propio “integral” para YPF para llegar al autoabastecimiento “con políticas consistentes”. También hubo críticas de la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista.