Luego de denunciarlo públicamente la semana pasada, el vicepresidente Amado Boudou formalizó hoy una presentación judicial contra el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Ciccone.
El abogado y amigo del vicepresidente, Eduardo Durañona, presentó la denuncia formal poco después de las 9.00 ante el juez Ariel Lijo y bajo la tramitación del fiscal Jorge Di Lello.
La presentación no impidió una catarata de denuncias de dirigentes de la oposición y abogados contra el vicepresidente por no haber llevado antes esas acusaciones a los tribunales.
En la acusación, Boudou ratificó lo dicho en conferencia de prensa el jueves pasado, cuando acusó al estudio jurídico de Righi por supuesto tráfico de influencias y a Gabbi por ofrecerse como nexo para una coima, al defenderse de las acusaciones en torno a la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas.
Según pudo saber Noticias Argentinas, este martes el magistrado Lijo le enviará al vicepresidente una notificación para comunicarle que puede ratificar la denuncia a través de un escrito.
Es que, según el artículo 250 del Código Procesal Penal, los funcionarios públicos no están obligados a ratificar sus presentaciones de forma personal ante el juzgado.
La semana pasada, luego de que el juez Rafecas autorizara un allanamiento de un departamento de su propiedad en Puerto Madero,
Boudou realizó una conferencia de prensa en la que cuestionó al magistrado y apuntó a Righi y Gabbi.
El vicepresidente dijo que el estudio Garcia, Labat, Musso y Righi se había ofrecido ante él para aceitar sus vínculos con la Justicia Federal, que funciona en Comodoro Py.
Esas propuestas, según señaló el titular del Senado, se dieron en 2008, 2009 y 2010.
En ese marco, Boudou también acusó al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por proponerse como intermediario entre él y la empresa Boldt, a cambio de una suma de dinero, en marzo de 2011.
La compañía Boldt, que se ocupa de la rama del juego, es a la que el ex ministro de Economía señaló por montar una operación en su contra.
Luego de las acusaciones del vicepresidente, desde distintos sectores lo cuestionaron por no haber denunciado esas supuestas maniobras en el momento en que ocurrieron.
La presentación que cayó en manos del juez Lijo tiene lugar en momentos en que Rafecas lleva adelante una investigación para determinar si el vicepresidente incurrió en el delito de tráfico de influencias, al actuar en favor del levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.
El dueño de esa empresa, encargada de la impresión de billetes, es Alejandro Vanderbroele, a quien el vicepresidente niega conocer.
El miércoles pasado, la Justicia allanó un departamento de Boudou en el que se comprobó que Vanderbroele pagó varios meses de expensas.
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Luego de denunciarlo públicamente la semana pasada, el vicepresidente Amado Boudou formalizó hoy una presentación judicial contra el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Ciccone.
El abogado y amigo del vicepresidente, Eduardo Durañona, presentó la denuncia formal poco después de las 9.00 ante el juez Ariel Lijo y bajo la tramitación del fiscal Jorge Di Lello.
La presentación no impidió una catarata de denuncias de dirigentes de la oposición y abogados contra el vicepresidente por no haber llevado antes esas acusaciones a los tribunales.
En la acusación, Boudou ratificó lo dicho en conferencia de prensa el jueves pasado, cuando acusó al estudio jurídico de Righi por supuesto tráfico de influencias y a Gabbi por ofrecerse como nexo para una coima, al defenderse de las acusaciones en torno a la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas.
Según pudo saber Noticias Argentinas, este martes el magistrado Lijo le enviará al vicepresidente una notificación para comunicarle que puede ratificar la denuncia a través de un escrito.
Es que, según el artículo 250 del Código Procesal Penal, los funcionarios públicos no están obligados a ratificar sus presentaciones de forma personal ante el juzgado.
La semana pasada, luego de que el juez Rafecas autorizara un allanamiento de un departamento de su propiedad en Puerto Madero,
Boudou realizó una conferencia de prensa en la que cuestionó al magistrado y apuntó a Righi y Gabbi.
El vicepresidente dijo que el estudio Garcia, Labat, Musso y Righi se había ofrecido ante él para aceitar sus vínculos con la Justicia Federal, que funciona en Comodoro Py.
Esas propuestas, según señaló el titular del Senado, se dieron en 2008, 2009 y 2010.
En ese marco, Boudou también acusó al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por proponerse como intermediario entre él y la empresa Boldt, a cambio de una suma de dinero, en marzo de 2011.
La compañía Boldt, que se ocupa de la rama del juego, es a la que el ex ministro de Economía señaló por montar una operación en su contra.
Luego de las acusaciones del vicepresidente, desde distintos sectores lo cuestionaron por no haber denunciado esas supuestas maniobras en el momento en que ocurrieron.
La presentación que cayó en manos del juez Lijo tiene lugar en momentos en que Rafecas lleva adelante una investigación para determinar si el vicepresidente incurrió en el delito de tráfico de influencias, al actuar en favor del levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.
El dueño de esa empresa, encargada de la impresión de billetes, es Alejandro Vanderbroele, a quien el vicepresidente niega conocer.
El miércoles pasado, la Justicia allanó un departamento de Boudou en el que se comprobó que Vanderbroele pagó varios meses de expensas.