Carina Costello
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Carina Costello
Pasaron casi 12 meses desde que el caso que volvió a involucrar a los hermanos Schoklender con la Justicia tuviera algún tipo de resultado. Frente a estas demoras -al momento de tomar decisiones- el juez federal Norberto Oyarbide aseguró ayer que la “complejidad” de la causa lo llevó a esta situación.
El martes a primera hora, luego de ser indagado, Sergio Schoklender y su socio en la empresa Meldoreck, Alejandro Gotkin, quedaron detenidos. En la tarde, luego de repetir su historia de fuga de otras épocas, Pablo Schoklender se entregó.
Asombra a muchos que luego de varios meses de inacción judicial, en causas tan importantes como la de los hermanos Schoklender o la investigación sobre los nexos del vicepresidente con la empresa Ciccone, las medidas de detención y la nueva acusación contra Amado Boudou se tomarán con menos de 24 horas de diferencia.
De golpe, y tras meses de investigación, Oyarbide se encontró con los elementos necesarios para llevar a estos tres sospechosos de quedarse con más de 260 millones de pesos del Estado, tras las rejas.
“Todo el tiempo que ha tenido la investigación se debió a la inmensa complejidad del caso, la enorme cantidad de personas que han intervenido en todo este asunto y la diversidad de las obras”, sostuvo el magistrado.
También indicó que tuvo que viajar por el interior del país -Salta fue un ejemplo- para tomar un conocimiento concreto del caso visitando las distintas construcciones de viviendas sociales incluidas en el plan “Sueños compartidos” de las Madres, que administraban los Schoklender. El juez anticipó que a partir de ahora “el derrotero de las declaraciones indagatorias continúa”, en referencia a los otros 30 citados al juzgado para defenderse, entre ellos, Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, titular de las Madres, que deberá presentarse a indagatoria el próximo 31 de mayo. El martes Oyarbide detuvo a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, bajo la acusación de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado en más de 260 millones de pesos, que iban destinados a la entidad para construir viviendas sociales pero que habrían sido desviados para comprar viviendas, terrenos y embarcaciones.