Fernando Antonio Chaín, quien ayer presentó la renuncia a su cargo como subsecretario de Control de Gestión, que depende del Ministerio de Seguridad de Tucumán, es uno de los 19 imputados en el juicio por casos de terrorismo de Estado en la UNSa. Su nombre ya no figura en la página web del área en la que se desempeñaba.
Este juicio condenará los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Durante el desarrollo de las audiencias, que se desarrollarán los lunes y martes en doble jornada, y que se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo, alrededor de 250 testigos brindarán sus testimonios.
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Fernando Antonio Chaín, quien ayer presentó la renuncia a su cargo como subsecretario de Control de Gestión, que depende del Ministerio de Seguridad de Tucumán, es uno de los 19 imputados en el juicio por casos de terrorismo de Estado en la UNSa. Su nombre ya no figura en la página web del área en la que se desempeñaba.
Este juicio condenará los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Durante el desarrollo de las audiencias, que se desarrollarán los lunes y martes en doble jornada, y que se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo, alrededor de 250 testigos brindarán sus testimonios.
El juicio es seguido por teleconferencia desde Rosario por el imputado por Milton Modesto Mendia, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall. En este debate también están imputados Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, Ricardo Benjamín de la Vega, Marcelo Diego Gatto, Joaquín Cornejo Alemán y Víctor Hugo Almirón, Joaquín Guill, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, y Virtom Modesto Mendíaz.
La causa sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda y otra 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio.