Las dificultades políticas y financieras del gobernador Daniel Scioli han puesto una vez más sobre el tapete la exasperante centralización del poder en un país cuya Constitución Nacional define como federal.
inicia sesión o regístrate.
Las dificultades políticas y financieras del gobernador Daniel Scioli han puesto una vez más sobre el tapete la exasperante centralización del poder en un país cuya Constitución Nacional define como federal.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo en un discurso que la provincia de Buenos Aires recibió de la Nación en diez años 400.000 millones de pesos. A pesar de la inexplicable pasividad de Scioli ante ese planteamiento, es importante destacar que ninguna administración nacional, ni la actual ni las anteriores, está legalmente habilitada para distribuir discrecionalmente los fondos de la recaudación. El reparto debe ser hecho en el marco de la ley, dado que tales fondos no los genera la Nación, sino que provienen de la actividad económica de las provincias. Lo que está centralizado, y eso debería revisarse, es la recaudación.
La Constitución de 1994 ordena una nueva ley de coparticipación de impuestos que atienda automáticamente las necesidades de todas y cada una de las provincias. Esa ley nunca fue sancionada y sigue vigente la de 1988. En las últimas décadas, los problemas de la administración central derivaron en distorsiones que perjudicaron a los estados provinciales.
En el presupuesto 2012 se proyecta una recaudación nacional total de 668 mil millones de pesos, de los cuales apenas 165 mil millones se coparticiparían. Apenas el 25 por ciento. Uno de cada cuatro pesos de los impuestos se queda en el Tesoro. De hecho, en junio pasado la recaudación fue de 58.684 millones y las provincias recibieron algo más de 14 mil millones. Es muy fuerte la tendencia a la concentración de los recursos, que favorece la discrecionalidad y la utilización política de los dineros del Estado.
No solamente se coparticipa poco. La presión fiscal aumentó y llega a niveles históricos en todo el país, pero también aquí las provincias corren con desventaja. En el año 2000 el total de los impuestos nacionales y provinciales equivalían al 21,5 por ciento del PBI, mientras que en el año 2011 llegaron al 33,7 por ciento.
La administración central retiene tres cuartas partes del total de la recaudación, pero cuenta además con fuentes de financiamiento especiales, como los fondos previsionales -en gran parte aportados por las provincias- o el uso de las reservas del Banco Central. Estos beneficios no están al alcance de las provincias.
El déficit fiscal es una realidad en el país porque el gasto crece más que la recaudación. Es un fenómeno esperable cuando hay inflación alta y sostenida. El problema no es de una administración provincial, sino de todas.
Los recursos públicos, coparticipados o no, son de todos los argentinos y no del Estado nacional. Su distribución debe estar regida por la ley y por el espíritu federal, y esto último nos viene faltando desde hace mucho tiempo.
El poder central no solo retiene las tres cuartas partes de lo que se recauda, sino que usa ese dinero con criterios centralistas que soslayan muchas necesidades provincianas. La falta de obras de infraestructura, como rutas nacionales, ferrocarriles e inversiones energéticas y de comunicaciones son el resultado de presupuestos -sancionados por el Congreso- que no apuntan al crecimiento de la producción y el empleo en las áreas alejadas de los centros urbanos. La proliferación de asentamientos precarios en las grandes ciudades es un síntoma de centralización que resiente a las provincias alejadas y proyecta un futuro sombrío en el mediano plazo.
La crisis en la provincia de Buenos Aires, más allá de su connotación estrictamente política, es la manifestación de un déficit fiscal global que se refleja ya en la paralización de las obras públicas.
Nuestro país necesita en esta materia un cambio revolucionario, que consiste en volver a las fuentes. Por la extensión de nuestro territorio, por la amplitud de las áreas de frontera y por la variedad de los perfiles sociales y geográficos de las regiones, es imposible aspirar al desarrollo si la recaudación y la distribución de los recursos sigue concentrada en la administración central, cualquiera sea su signo político.