Unas 400 familias mantienen usurpadas desde hace una semana más de 30 hectáreas de terrenos privados en reclamo de viviendas al Estado correntino, en el barrio Pirayuí, ubicado al sur de la capital provincial.
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Unas 400 familias mantienen usurpadas desde hace una semana más de 30 hectáreas de terrenos privados en reclamo de viviendas al Estado correntino, en el barrio Pirayuí, ubicado al sur de la capital provincial.
Las tomas se producen en medio de una tensa situación que puso de nuevo en discusión la existencia de un gran déficit habitacional.
La usurpación de los terrenos, que se produjo de manera masiva entre el 10 y el 11 de julio, reflotó en Corrientes una gran problemática que acarrea el histórico déficit habitacional, en una provincia que tiene en la pobreza al 19 por ciento de su población, una tasa que duplica al promedio nacional, según datos del Indec.
Los terrenos pertenecen a las empresas inmobiliarias correntinas Urbano Bienes Raíces y Guaraní, que realizaron la denuncia penal por usurpación ilegal y, por la cual, la Justicia advierte que podría imputar a cada uno de los ocupantes en el caso de que permanezcan en el lugar o que intenten construir.
Las familias mantienen el asentamiento con casillas de chapas, palos y nailon, en medio de un invierno con temperaturas por debajo de los 10 grados, por lo cual también reclaman asistencia oficial con abrigo y alimentos.
Por el momento, la jueza de Instrucción que entiende en la causa, Gabriela Aromí, confirmó en declaraciones a la prensa que no habrá desalojo compulsivo con la Policía y ordenó actuaciones en el lugar con un comité de crisis y mediadores judiciales, además de censar a los “okupas”, para intentar que se retiren del lugar sin la necesidad de reprimir.
Tanto la pobreza como la desocupación, que es del 5,5% en la provincia, bajaron en Corrientes durante la última década, según las mediciones del Indec, pero lo que no mermó es el déficit habitacional: sobre una población provincial de casi un millón de habitantes, unas 30 mil familias anotadas en el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) esperan recibir una casa del Estado.