El Jurado de Enjuiciamiento declaró ayer inadmisible la acusación de la diputada Liliana Mazzone contra la jueza Beatriz Renzi, por mal desempeño, incumplimiento de los deberes del cargo y comisión de delito.
inicia sesión o regístrate.
El Jurado de Enjuiciamiento declaró ayer inadmisible la acusación de la diputada Liliana Mazzone contra la jueza Beatriz Renzi, por mal desempeño, incumplimiento de los deberes del cargo y comisión de delito.
La legisladora acusó a la jueza tras la notificación que ésta le hiciera, durante la feria judicial, de la querella por calumnias que inició el juez Abel Cornejo, en medio del cruce de declaraciones que se generó a partir de la polémica por el rechazo de Victoria Mossman como secretaria letrada de la Corte.
Mazzone también consideró que hubo de parte de Renzi avasallamiento a sus fueros legislativos.
El Jurado de Enjuiciamiento, que preside el titular de la Corte, Guillermo Posadas, analizó las denuncias de la legisladora y apreció que la jueza Renzi actuó regularmente frente a circunstancias objetivas que justificaban las decisiones adoptadas. “En su proceder no se evidencian acciones u omisiones en desmedro de los derechos de la querellada”, señala la resolución.
No obstante, se mandaron copias de las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia de la Corte para que se esclarezca la situación planteada al momento de la comunicación informática al jefe de Policía. No se condice con lo ordenado por la jueza, habiendo sido firmada por persona distinta a la acusada, se reveló.
De la prueba aportada por la diputada no cabe imputación contra la magistrada y se resolvió la remisión de copias de las actuaciones a la Superintendencia para determinar responsabilidades administrativas.
La jueza ordenó notificar su intervención a la diputada, con copia de la presentación en su contra, según el artículo 501 del Código Procesal Penal, que establece que ese proceder debe cumplirse inmediatamente.
Se recordó que esto es un deber legal impuesto al juez y constituye un acto de conocimiento cuyo efecto jurídico no es otro que asegurar el derecho de defensa.
Se puntualizó que la diputada avaló la legitimidad de los actos procesales, consintiendo la jurisdicción de la magistrada, planteando excepciones, contestando la querella y ofreciendo prueba. Según las constancias en la causa, no surge que la jueza hubiera ordenado detención, se señaló.
En tanto, se consideró inviable la imputación de incumplimiento de deberes, por cuanto el desempeño de Renzi, como magistrada en feria, reveló que ejerció los poderes de decisión y ejecución correspondientes.
También se consideró improcedente la pretensión de que el Jurado analice la conducta de la magistrada para discernir si hubo delito penal. “Los tribunales de enjuiciamiento de magistrados no son tribunales de justicia; ejercen atribuciones de tipo político atinentes a la responsabilidad de aquellos”, acotó el Jurado.