El mes pasado, los hermanos Timoteo, Eduardo y Rovin Argañaraz, herederos de la posesión de finca La Choya, se dieron con intrusos que habían empezado a abrir picadas, para tender alambrados, dentro de su propiedad. Sixto Ruiz, otro criollo de la zona que los acompañó a presentar los reclamos, recibió un disparo en el pecho, como única explicación. Ruiz sigue vivo de milagro y los agresores andan sueltos. En esas tierras los disparos rompen los sueños y la tranquilidad de mucha gente.
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El mes pasado, los hermanos Timoteo, Eduardo y Rovin Argañaraz, herederos de la posesión de finca La Choya, se dieron con intrusos que habían empezado a abrir picadas, para tender alambrados, dentro de su propiedad. Sixto Ruiz, otro criollo de la zona que los acompañó a presentar los reclamos, recibió un disparo en el pecho, como única explicación. Ruiz sigue vivo de milagro y los agresores andan sueltos. En esas tierras los disparos rompen los sueños y la tranquilidad de mucha gente.
Luego de aquel grave hecho penal, desde la Secretaría de Derechos Humanos se prometió una intervención en la zona. “Por nuestra finca sólo se vio en los últimos tiempos a un funcionario que dijo ser de Tierras, o algo así, y a policías de Talavera que nos siguen intimidando con supuestos adicionales pagados por los usurpadores que quieren despojarnos de La Choya”, manifestaron las hermanas Eneida y Soledad Argañaraz. Ambas expusieron en la redacción de El Tribuno, las certificaciones notariales que acreditan que su padre, María Guillermo Argañaraz, es el legítimo poseedor de esa finca.
Son 3.754 hectáreas que estuvieron registradas en Santiago del Estero hasta 1980, cuando por un acuerdo limítrofe que puso fin a un antiguo diferendo, 3.057 hectáreas de La Choya pasaron a Salta.
Lo propio ocurrió con otras fincas vecinas, como Halladito, Pilpinto, San Miguel, Suri, Vinalito, Roca, Cordillera y Lorena, que quedaron con fracciones sobre ambas márgenes del Canal de Dios. La línea de la canalización que se desprende del río Juramento reemplazó desde el 2 de diciembre de 1980, por ley 22347, el límite originario que estaba establecido hasta entonces, algunos kilómetros más al sur, sobre la línea de la llamada Picada de Olmos o Paralelo de San Miguel.
Una vez establecidos los nuevos mojones, el gobierno de Santiago del Estero debía transferir los legajos de las citadas posesiones a Salta, lo que nunca se hizo. Los Argañaraz y otras familias que viven amedrentadas desde hace un tiempo en esa convulsionada franja fronteriza, ven en ese incumplimiento y la creciente valoración de sus tierras la razón de las acometidas, cada vez más violentas, de usurpadores.
Eneida y Soledad Argañaraz señalaron que detrás de los alambrados impuestos con tiros, intimidaciones policiales y hostigamientos con matones hay “empresarios santiagueños con vinculaciones en El Quebrachal y Joaquín V. González”.
Remarcaron que cerca de veinte familias, con mayoría de niños, se sienten indefensas y esperan respuestas de los organismos competentes. Por lo que toca a la cartera de Seguridad, pidieron que aclare a quién responden los policías de Talavera, que en los últimos días persistieron con intervenciones intimidatorias en La Choya, “invocando supuestas órdenes judiciales que en todo momento se negaron a mostrarnos”, denunció, en una comunicación telefónica con esta redacción, Rovin Argañaraz. El joven aclaró que en La Choya, además de María Guillermo Argañaraz, viven los grupos familiares de sus hijos, que incluyen a cuatro nenas y tres varones de entre 1 y 10 años. “Son los que más sufren”, remarcó.
Cinco generaciones de sangre criolla
Rovin Argañaraz recordó que una ley provincial prohíbe cualquier acción de desalojo de familias campesinas, para asegurar que puedan regularizar sus posesiones. “Los policías que nos confunden con los usurpadores y pretenden cansarnos para que abandonemos nuestras tierras, ni siquiera respetan esa ley cuya vigencia acaba de ser extendida por dos años”, recalcó.
Tras el grave incidente ocurrido en La Choya el mes pasado, desde la Dirección General de Inmuebles se informó que no había ninguna presentación para regularizar el registro de la citada finca. “Eso es falso”, aclaró Rovin.
En efecto, sus hermanas Enilda y Soledad, acercaron a esta redacción la nota con la que Rovin inició dicha tramitación ante Inmuebles, el 11 de junio de 2011, en representación y con poder de su padre, María Guillermo Argañaraz.
La documentación, ingresada el 29 de junio de 2011 como expediente 674855, incluyó copias certificadas de las hijuelas, la cesión de los condominios y la constatación de posesión pacífica e ininterrumpida de esa familia, desde al menos un siglo atrás, cuando Carmen Mercado, la abuela de María Guillermo Argañaz, ya vivía en La Choya. Desde entonces, esa finca donde la cría de vacunos es la principal actividad de subsistencia vio nacer y crecer cinco generaciones de la familia Argañaraz. Los chicos que allí viven hoy atemorizados, tanto por matones como por policías, son las quinta generación de esa centenaria sucesión y deberían tener del Estado las mismas consideraciones que las descendencias de otras comunidades originarias. En este caso, como lamentaron Eneida y Soledad, su familia sólo se encontró con trabas en Inmuebles.