En medio de la polémica por el supuesto tráfico de influencias por parte del vicepresidente Amado Boudou, y dos días después de que el jefe de la Afip Ricardo Echegaray quede imputado en la causa, el Gobierno dispuso ayer por decreto intervenir a la ex-Ciccone Calcográfica, que queda frente a una inminente expropiación por parte del Congreso.
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En medio de la polémica por el supuesto tráfico de influencias por parte del vicepresidente Amado Boudou, y dos días después de que el jefe de la Afip Ricardo Echegaray quede imputado en la causa, el Gobierno dispuso ayer por decreto intervenir a la ex-Ciccone Calcográfica, que queda frente a una inminente expropiación por parte del Congreso.
Mediante un proyecto de ley de declaración de utilidad pública, la administración kirchnerista busca que la ahora denominada Compañía de Valores Sudamericana, la única empresa impresora de billetes en la Argentina, vuelva a la órbita de la Casa de la Moneda.
Cabe destacar que el senador Juan Carlos Romero -acompañado por Sonia Escudero y Adolfo Rodríguez Saá- como así también Luis Juez, ya habían presentado proyectos para su expropiación. Otra iniciativa similar fue elevada por el radicalismo.
La intervención estará a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, que, según fuentes extraoficiales, es cercana al vicepresidente. De esta manera, el propio Ministerio de Economía, mediante un comunicado, aseguró que es “primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional”.
“Esta facultad había sido tercerizada en la década del 90 en detrimento de Sociedad del Estado Casa de la Moneda. A efecto de recuperar estas facultades, el proyecto de ley dispone que la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda”, añade.
Lo cierto es que el proyecto que será “sumarísimo” y comenzará a ser tratado mañana mismo por el Congreso de la Nación, tuvo tanta sorpresa como duras críticas de la oposición, que no tardó en criticarlo. Desde el macrismo, el diputado Federico Pinedo aseguró a los medios que “el kirchnerismo quiere destinar dinero público para comprar la empresa de los amigos de Boudou. Otra estafa a los argentinos”.
Mientras tanto, su “colega” de la por Unión por Todos, Patricia Bullrich, advirtió que “el Ejecutivo intervino Ciccone para comprar la impunidad de Boudou. Tenemos que pagar los platos rotos de Boudou. ¿Qué compramos? ¿La impunidad del vicepresidente?”, cuestionó.
La declaración jurada, bajo la lupa
El juez federal Ariel Lijo requerirá en los próximos días la última declaración jurada presentada por el vicepresidente Amado Boudou, para incorporarla a la investigación que se sigue en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y contra su pareja, la periodista Agustina Kampfer.
Según las fuentes, el juzgado requerirá al área de política criminal dicha presentación con el objetivo de compararla con otras declaraciones juradas de años anteriores que ya están incorporadas a la investigación, y ver si resulta de las mismas alguna inconsistencia.
Boudou presentó ayer la declaración jurada sobre el período 2011 en donde informó que su patrimonio asciende a 1.070.836 pesos.