La ONG Red Sol y el gerontólogo Claudio Díaz presentaron un recurso de amparo para pedir que cese “la vulneración de los derechos de los adultos mayores” alojados en geriátricos. Denuncian que faltan controles y que las residencias funcionan como “depósitos” para los ancianos.
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La ONG Red Sol y el gerontólogo Claudio Díaz presentaron un recurso de amparo para pedir que cese “la vulneración de los derechos de los adultos mayores” alojados en geriátricos. Denuncian que faltan controles y que las residencias funcionan como “depósitos” para los ancianos.
La demanda se interpuso ante la jueza en lo Civil y Comercial Beatriz del Olmo con la representación legal de la defensora oficial civil Natalia Buira.
La letrada describió que no se realizan controles de seguridad y salubridad a establecimientos que albergan a personas mayores.
“No respetan requisitos tales como un espacio verde, luz natural o personal capacitado para la atención. Tampoco hay talleres de laborterapia ni otras opciones recreativas”, describió Natalia Buira.
El amparo se inició contra la Municipalidad de Salta, que tiene la responsabilidad de controlar a las residencias privadas, y el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, que tiene a su cargo la Dirección de Adultos Mayores.
En la denuncia se reclama que los demandados revisen “en un plazo máximo de 30 días” la situación de todos los ciudadanos que permanecen en este tipo de instituciones.
De la presentación se desprende que hay problemas tanto en los hogares privados como en los estatales, que dependen del Gobierno provincial.
El texto que redactó Buira también apunta a la falta de políticas oficiales destinadas a limitar la cantidad de personas que terminan en geriátricos.
Se solicita que haya subvenciones, acompañantes terapéuticos o centros de día para los que tienen a sus padres o abuelos a cargo y necesitan apoyo.
La denuncia también señala que muchos geriátricos privados funcionan con habilitaciones provisorias hace años.
Consultada sobre el tema, la secretaria de Acción Social de la Municipalidad, Ivette Dousset, consideró que hay una “intencionalidad política”.
La funcionaria dijo que la supervisión sobre las condiciones de alojamiento de los ancianos no es potestad del área a su cargo.
Dousset manifestó que el servicio que brindan los hogares es una responsabilidad “privada” pactada entre el prestador y quien lo contrata. “Si hay una vulneración, se puede recurrir a la Justicia o a Derechos Humanos”, indicó.
Sobre los establecimientos pagos que tienen habilitaciones provisorias, manifestó que se está trabajando para regularizarlos. “Si se cerraran, quedarían sin lugar para vivir muchas personas”, dijo.
Se les debe pedir una autorización
El recurso de amparo que se inició por los derechos de los mayores alojados en geriátricos pide investigar si viven allí bajo su consentimiento.
“Es necesario que expresen su autorización”, explicó Natalia Buira, la defensora oficial civil que presentó la demanda el lunes en nombre de la ONG Red Sol y el gerontólogo Claudio Díaz.
“Hasta ahora, el Estado no se ocupa de los adultos mayores o se ocupa mal, sustituyendo su voluntad y aislándolos en geriátricos bajo el ropaje de la atención y de la protección”, señala la denuncia interpuesta ante la jueza en lo Civil y Comercial Beatriz del Olmo.
Buira reclamó programar políticas diferentes para que los adultos permanezcan con sus familias.
En el recurso de amparo se remarca la necesidad de aumentar “significativamente” el presupuesto destinado a proteger los derechos de los mayores.
Los demandantes exigieron que el Poder Ejecutivo presente ante la Justicia “en el más breve plazo” un plan de atención para la población de la tercera edad que esté acorde con sus necesidades.
También se pide “garantizar a los adultos mayores el derecho fundamental a la convivencia familiar”. De acuerdo a lo que se señaló, hay que “reconvertir el sistema de institucionalización, basado en el aislamiento, por alternativas como los cuidadores domiciliarios”.