Otro nuevo escándalo sacude al IPV. Primero fue Lomas de Medeiros, con las casas para los amigos del poder y el funcionario que tiene dos terrenos en uno de los barrios privados más exclusivos de Salta. Después las ampliaciones en ese coqueto vecindario, algunas de tres pisos, cuando se supone que eran para gente con necesidades habitacionales. El último papelón se conoció el sábado, al revelarse que el presidente del instituto, Fernando Alesanco, entregó viviendas sociales a su madre y a su hermano en el nuevo barrio Mirasoles, junto a la Ciudad Judicial. Ahora, como si fuera poco, documentación pública y testimonios de vecinos revelan que el “gerente de control de obras” del IPV recibió una de las nuevas casas del barrio Mirasoles.
inicia sesión o regístrate.
Otro nuevo escándalo sacude al IPV. Primero fue Lomas de Medeiros, con las casas para los amigos del poder y el funcionario que tiene dos terrenos en uno de los barrios privados más exclusivos de Salta. Después las ampliaciones en ese coqueto vecindario, algunas de tres pisos, cuando se supone que eran para gente con necesidades habitacionales. El último papelón se conoció el sábado, al revelarse que el presidente del instituto, Fernando Alesanco, entregó viviendas sociales a su madre y a su hermano en el nuevo barrio Mirasoles, junto a la Ciudad Judicial. Ahora, como si fuera poco, documentación pública y testimonios de vecinos revelan que el “gerente de control de obras” del IPV recibió una de las nuevas casas del barrio Mirasoles.
Se trata del ingeniero Daniel Fernando Zalazar Ruiz. El afortunado funcionario fue uno de los primeros en mudarse al nuevo barrio, por el que había alrededor de 3.000 personas esperando algunas de las 624 viviendas que hizo el Estado. El 6 de junio de este año la máxima autoridad del Instituto firmó de puño y letra el anexo de la “resolución 575” que le entregó al gerente de obras del IPV la vivienda de la manzana 486b (orden 101, ficha Z0898), de la parcela 2, del barrio Mirasoles. La noticia generó malestar en algunos de los vecinos consultados por este medio.
Fernando Zalazar, como promociona la página oficial del IPV, es “gerente de control de obras” del organismo. Su rostro figura en la quinta foto, de arriba para abajo, en la sección “autoridades” del sitio oficial. Tiene un cargo importante dentro del Instituto. Su firma, por ejemplo, figura debajo de la rúbrica del presidente Alesanco en algunos documentos oficiales, como en la resolución 069/13. En 2010, Zalazar ya había trabajado para el Ejecutivo salteño de la mano del ministro Carlos Parodi. Fue nombrado “personal temporario” del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas por el decreto del gobernador 3765/10.
Después del escándalo por Lomas de Medeiros, en abril de este año, el Gobierno le ordenó a Alesanco “implementar nuevas medidas tendientes a garantizar el derecho de acceso a la vivienda”. Entre los nuevos requisitos se dispuso que “se anula cualquier posibilidad de resultar adjudicatarios de las casas que se ejecuten a través del IPV” a funcionarios de alto rango como el “gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, presidentes y directores de empresas y sociedades del Estado y entidades autárquicas y sus cónyuges”. La medida fue anunciada como un acto de transparencia por prohibir que “los altos cargos” sean beneficiados con viviendas sociales.
Al parecer, el cargo de gerente del IPV no entró en los nuevos requisitos excluyentes. Los que sí fueron excluidos son los miles de salteños que no actualizaron los trámites en el organismo. Es que hasta el año pasado, unas 25.000 familias estaban anotadas. Pero ahora, según informaron desde el IPV, solo quedaron 14.000. La ley nacional 25.188, de ética pública, dice que los funcionarios deben “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio”. Menciona también conceptos básicos de las democracias republicanas, donde los funcionarios deberían guiarse por la “rectitud”, “austeridad republicana” y de privilegiar “el interés público sobre el particular”.
El testimonio de los vecinos
En Mirasoles, los vecinos señalan una manzana de su nuevo barrio, la 486 B. “En las primeras reuniones se empezó a decir que habían adjudicado a una persona que trabaja en el IPV”, dijo una señora mientras cuidaba a sus hijos, consultada por El Tribuno. Las viviendas de ese sector se entregaron en junio.
“Es obvio que hubo acomodo. Después del sorteo, en el IPV te pedían miles de papeles, escarbaban todo. Cuando te preadjudican una casa, no quiere decir que te la van a dar. Ellos después se encargan de seleccionar y reasignar”, manifestó otra vecina a este medio.
“Zalazar vive en el barrio, lo veo todos los días. No sabía que era funcionario del IPV, aunque siempre se lo ve en dos camionetas Ford Ranger, una común y otra doble cabina. Da vergenza ajena. Mis padres murieron sin vivienda propia y nosotros tuvimos suerte de salir sorteados entre cerca de 3.000 personas. Me parece muy deshonesto para todos los que esperan su propio techo”, dijo un tercer vecino del funcionario.
Silencio por las casas de los Alesanco
Un informe publicado el sábado pasado en El Tribuno desnudó otro escándalo en el IPV. Fernando Alesanco, presidente del organismo, entregó casas a su mamá, Mirta Toffoli, y a su hermano, Maximiliano, en Mirasoles. Desde el IPV no emitieron comunicados ni quisieron hablar del tema con este diario. Alesanco firmó este año resoluciones que confirman las adjudicaciones y asignan ubicaciones en Mirasoles a sus parientes. Tras postularse a una vivienda social, en 2010, la mamá de Alesanco se convirtió en una empresaria de la construcción y en 2011 creó Fefermax SRL.