Luego de las denuncias en conjunto realizadas por los siete policías procesados por “apremios ilegales calificados” en perjuicio de dos menores en la ciudad de Orán, lograron que el exjefe de la Guardia de Infantería, subcomisario Walter Joaquín Ramírez, sea imputado en esta controvertida causa a cargo de la jueza de instrucción Norma Vera.
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Luego de las denuncias en conjunto realizadas por los siete policías procesados por “apremios ilegales calificados” en perjuicio de dos menores en la ciudad de Orán, lograron que el exjefe de la Guardia de Infantería, subcomisario Walter Joaquín Ramírez, sea imputado en esta controvertida causa a cargo de la jueza de instrucción Norma Vera.
El 18 del corriente, los imputados pidieron que se investigue el proceder de Ramírez y denunciaron por abuso de autoridad al tercer jefe de la Unidad Regional 2, el comisario Antonio Cruz, a quien además responsabilizan de haber sido quien armó la causa que los mantiene detenidos.
El pasado 4 de mayo las madres de dos menores denunciaron que estos fueron sacados de sus casas de madrugada por un patrulla policial y los arrojaron en un basural luego de haberlos sometido a apremios ilegales.
Los agentes y suboficiales Javier Ignacio Romano, Miguel Angel García, Darío Fernando Villafañe, Néstor José Farfán, Juan Gabriel Huerta, Aníbal Fabián Tapia y Paula Américo Arce, aseguraron que ese día ellos ingresaron a cumplir con el servicio en la Guardia de Infantería a las 7 y que el caso de los menores ocurrió entre las 2 y las 4 de la madrugada.
Ellos plantean que la causa fue armada para deslindar responsabilidades de sus superiores y apuntan al comisario Cruz por la maniobra.
En la denuncia señalan que inmediatamente después de la acusación de las madres, Cruz se presentó en las casas de los policías y los condujo detenidos, luego de exigirles que entregaran el arma reglamentaria, las credenciales y también los uniformes. “Sé que ustedes se mandaron una cagada; dos pendejos los denunciaron, así que digan la verdad de lo que pasó para ver si les puedo dar una mano”, les expresó Cruz a cada uno de los sospechosos.
Los denunciantes coincidieron en que su superior los trató de muy mala manera y que en todo momento les exigió a que se hicieran cargo de lo sucedido con los menores.
Los policías también acusaron al oficial Juan Pablo Segovia, designado como actuario de la causa, de haber hecho figurar en el expediente cosas que jamás ocurrieron. Pusieron como ejemplo haber hecho figurar de que fueron examinados por el médico legal, cuando esto no sucedió y de la emisión de certificados que no tenían impreso el sello del profesional.
Lo que los policías sostienen es que el caso de los menores ocurrió en el turno anterior y que llama la atención de que el subcomisario Ramírez, a pesar de ser el responsable de la fuerza de choque de la Policía de la provincia, quedó al margen de la causa, lo mismo que Cruz y la esposa de éste, la comisario Gladys Chambi, quien estaba como Jefa de Día.
Nuevas medidas en la investigación
Frente al nuevo curso de las investigaciones, el abogado de los policías, Pablo Cardozo, le pidió a la jueza Norma Vera el secuestro del libro de guardia, registros y comprobantes de todo género de la Sección Finanzas de la Unidad Regional 2 de la fecha que comprendan al hecho que se investiga y del teléfono celular del comisario Antonio Cruz y que se ordene a la prestadora de telefonía móvil informe el contenido de las llamadas entrantes y salientes. También solicitó que se cite a declarar al segundo jefe de la Unidad Regional, Cruz Vilte, a partir del testimonio brindado por la sargento Sandra Bonilla, responsable de Finanzas.
“El testimonio de Bonilla nos está indicando que en esta causa persisten una serie de irregularidades y por ese motivo hemos solicitado la detención del subcomisario Ramírez”, expresó Cardozo y que se profundice la investigación en torno a Cruí. El letrado argumentó en el escrito dirigido a la magistrada que “justificamos tal pedido ante la necesidad de evitar que el citado oficial pueda, en función de su grado, interferir o entorpecer la investigación que se está desplegando en su contra o influir a testigos de graduación menor”.
Cabe recordar que Ramírez ya fue citado por la jueza Vera y se negó a declarar.