Las cosas se habían puesto difíciles para Angel, César y Rafael Bazán desde que la jueza Patricia Rahmer les ordenara que permitan a la empresa GF Tolloche alambrar las tierras que ellos defienden en el puesto El Quinto.
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Las cosas se habían puesto difíciles para Angel, César y Rafael Bazán desde que la jueza Patricia Rahmer les ordenara que permitan a la empresa GF Tolloche alambrar las tierras que ellos defienden en el puesto El Quinto.
La firma, que adquirió en 2008 varias fracciones en la zona y disputa la posesión del citado puesto anteño, había conseguido que la jueza de Joaquín V. González dirimiera un interdicto (juicio sumarísimo) a su favor.
Esa medida judicial había puesto contra la espalda y la pared a los hermanos Bazán, quienes desde 2011 evitaron los avances de las picadas y alambrados de la empresa sobre las casi 500 hectáreas, desmembradas del lote fiscal 37, donde viven de la cría de vacunos, con un rodeo actual de cerca de 600 animales.
La decisión de la jueza Rahmer, sin entrar en la aún irresuelta confrontación dominial, había inclinado la puja posesoria a favor de GF Tolloche. Sin embargo, la Sala Quinta de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial acaba de revocar la sentencia de la magistrada.
No es la primera vez que una Cámara hace lugar a recursos interpuestos contra fallos de primera instancia que habilitaban a GF Tolloche a alambrar las tierras que disputa con los puesteros de El Quinto.
En abril de 2012 la firma ya había sufrido un revés judicial cuando la Sala 1 de la Cámara de Acusación revocó una cautelar dictada por la jueza Correccional 2 de Metán, Carolina Poma, quien también había ordenado a los hermanos Bazán que se abstengan de impedir que GF Tolloche avance con las picadas y alambrados en esas tierras.
La medida dispuesta por la magistrada había sido desestimada antes en la Justicia Civil, pero la empresa insistió con el mismo pedido ante el fuero penal, presentada legalmente por el abogado Horacio Aguilar.
El juicio sumarísimo que GF Tolloche entabló después en la sede judicial de Joaquín V. González abrió otro camino procesal en el que la empresa no logró que jueces de Cámara se convencieran, como sí ocurrió con la jueza de Primera Instancia, de sus presuntos actos posesorios ni de los actos turbatorios endilgados a los hermanos Bazán.
Los lugareños del puesto El Quinto, presentados en la demanda como supuestos usurpadores, tuvieron en esta nueva instancia a los abogados Fernando Escobar como apoderado y Diego Protti como patrocinante letrado.