Ayer -6 de noviembre- comenzó en la ciudad de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el VII Congreso del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur y III Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial.
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Ayer -6 de noviembre- comenzó en la ciudad de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el VII Congreso del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur y III Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial.
La conferencia de apertura versó sobre la Autonomía de la Defensa Pública. En la misma los expositores resaltaron la importancia de la tarea que cumplimos los Defensores Públicos ya que somos portadores de lo profundo de las desigualdades sociales que inundan a diario nuestros despachos, y a pesar de ser muchas veces olvidados, muchos leading cases y líneas que se van abriendo en la jurisprudencia se debe al trabajo de calidad de los defensores públicos que demuestran así la alta cualificación de sus conocimientos.
La Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, hizo hincapié en que la autonomía plena de la Defensa Pública y la jerarquización del trabajo que realizamos los defensores públicos, es una construcción en la que se debe seguir avanzando con paso seguro.
El avance se debe realizar no para nosotros mismos -los defensores públicos- sino para servir mejor a quienes son los destinatarios de nuestro trabajo: las personas y grupos carentes de recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
La función de la Defensa Pública es hacer visible lo invisible. La invisibilidad es el gran efecto de la exclusión social. Para ello nosotros -defensores públicos- debemos hacernos visibles frente a los demás operadores del sistema judicial y operadores del Estado.
Para hacer visibles a los invisibles, nos hacemos visibles los defensores públicos comprometidos.
Cambio de roles
Con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 que incorporó los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y sentó la autonomía del Ministerio Público, comenzó un proceso de cambio de paradigma de defensor oficial.
Del antiguo defensor gris, que cumplía un rol burocrático y que era considerado y se consideraba a sí mismo como un auxiliar de la justicia, pero que en realidad era más bien un auxiliar de los jueces, se pasa a un nuevo paradigma de defensor público proactivo, que va a buscar el problema, va a asesorar, sale a la calle, trabaja en las cárceles, los neuropsiquiátricos, junto a las mujeres víctimas de violencia de género, con las organizaciones de la sociedad civil, tutela derechos colectivos.
Este camino hacia la efectiva autonomía de la Defensa Pública se debe afianzar, en este camino se debe avanzar y en el mismo son hitos muy importantes la creación y funcionamiento de AIDEF- Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, BLODEM -Bloque de Defensores Públicos del Mercosur- y ADEPRA -Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina-, todas instituciones de defensa de la Defensa Pública autónoma, creadas y sostenidas en ejercicio de nuestro legítimo derecho de asociación y reunión.
También resultan hitos en este proceso de construcción tres resoluciones de la OEA, siendo la última de ella la Resolución de la Asamblea General N´ 2801 “Hacia la Autonomía de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a justicia” de junio de 2013.
La formación del Consejo Federal de Defensores Generales de todo el país, separados del Consejo Federal de Procuradores Generales, es una evidencia de la marcha del proceso iniciado.
En esta marcha significó un claro avance la elaboración y el manejo de presupuestos separados por parte de la Defensoría General de Salta respecto de la Procuración General de la Provincia, aunque siempre para la defensa de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad los recursos económicos fueran notoriamente muy inferiores demostrando de esta manera a las claras que la Defensa Pública no es una prioridad en la Provincia, a pesar de la tan mentada inclusión social que se pregona.
La autonomía de la Defensa Pública se convierte en una mera declaración sin una absoluta autonomía financiera necesaria e indispensable para diseñar una política de defensa de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, la cual no puede sostenerse sin recursos humanos y económicos para lograr tal finalidad. La autonomía real de la Defensa Pública posibilita una Defensa Pública fuerte y eficiente al servicio de las personas más necesitadas.
El camino hacia la concreción de la autonomía de la Defensa Pública es una lucha por poder y de poder ligado a recursos humanos y económicos.
Por eso es estos tiempos que corren aparece como un claro y notorio retroceso y a contramarcha que el Sr. Procurador General de la Provincia de Salta detente al mismo tiempo- aunque sea provisoriamente- el cargo de Defensor General de la Provincia.