Mientras se extendían los reclamos de las fuerzas policiales, el Gobierno nacional observó ayer una “intencio-nalidad política” detrás de las protes-tas y reclamó que los sectores de la oposición repudien los acuartelamientos y también los saqueos.
El jefe de Gabinete, Jorge Capita-nich, fue el primero en señalar el trasfondo político y apuntó contra “grupos que pretenden generar caos y zozobra”. Entendió que “no es casualidad” que se multipliquen protestas policiales con las mismas “características”. Y las describió: “En todos los lugares vemos que se actúa de una manera equivalente. Son policías exonerados de las fuerzas o personal subalterno con anuencia de jefes y oficiales y sin mecanismos, sin representación unificada”.
La víspera fue una jornada alterada en todo el país ya que en los distritos donde no se generaron conflictos, existe un alerta social y gubernamental. La violencia de los saqueos se cobró ayer la cuarta víctima fatal desde
que se desataron los autoacuartelamientos. Esta vez fue en Jujuy.
El domingo por la noche, en Entre Ríos, las corridas y enfrentamientos durante los desmanes en comercios
terminaron con la vida de la tercera víctima, luego de los dos fallecidos de la semana pasada en los primeros
sucesos ocurridos en Córdoba.
El conflicto social por los reclamos de los policías se extendió a Catamarca, San Juan, Río Negro, Chu-but, Neuquén, La Rioja, Tucumán, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otros distritos. Ante eso, el Gobierno desplegó más de 10 mil efectivos de Gendarmería y Prefectura para reforzar las zonas más calientes.
Capitanich, que centró su habitual rueda de prensa en la Casa de Gobierno en este tema, vinculó los conflictos policiales de varias provincias con “procesos de desestabilización” y una clara “intencionalidad política de provocar”.
También aludió a la oposición al pedir que todos los sectores políticos “repudien”lo que sucedió en las pro-vincias, y reclamó a la Justicia que investigue quiénes son los responsables para castigarlos “severamente”.
“Silencio llamativo”
También al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le llamó la atención “el silencio de la oposición”frente a los saqueos. “Es muy llamativo el silencio de sectores de la oposición, que a esta altura deberían haber salido a condenar públicamente de manera muy contundente los saqueos y hechos violentos”, advirtió Randazzo a través de un comunicado.
Insistió, además, en que “llama mucho la atención” que dirigentes de la oposición “hayan elegido el silencio frente a situaciones que claramente no son espontáneas y tienen por objetivo generar un clima de desestabilización y miedo”.
A su vez, reclamó “mucha firmeza a la Justicia para dejar tras las rejas a aquel que saquea un comercio”, y re-marcó que “quien lleva adelante este tipo de hechos es un delincuente”. Randazzo pidió a los policías que
“reflexionen”, ya que “por encima de su reclamo sectorial está la obligación que tienen de proteger a la ciudadanía, porque son servidores públicos”.
No a la sindicalización
Tanto Capitanich como el ministro de Justicia, Julio Alak, se mostraron en contra de la sindicalización de las
fuerzas de seguridad. El jefe de Gabinete advirtió que es diferente la situación de un reclamo salarial “cuando alguien tiene arma y cuando no tiene arma”.
“No puede existir sindicalización para una persona que porta un arma”, enfatizó. El mismo concepto transmitió
Alak durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la cartera a su cargo, junto al secretario de Justicia, Julián Alvarez. “La portación de armas es incompatible con la sindicalización”, sostuvo y subrayó
que “no hay ley que permita la sindicalización de policías”.
Alak acusó a las policías de apelar a “extorsiones y amenazas” y de plantear que “si no deponemos las medidas de fuerza va a haber más robos. Esto no puede ser de quienes son servidores públicos”. Con este argumento, confirmó su decisión de denunciar penalmente a los policías que participan en los re-clamos por mejoras salariales.
El massismo, en la mira
Fue el secretario de Justicia el que le puso nombre y apellido a la denuncia de intencionalidad política: el massismo.
Alvarez denunció que existe una vinculación política con la protesta de los policías y sembró sospecha sobre el concejal del Frente Renovador en el distrito de Lanús, excomisario general Salvador Barata, quien en
declaraciones públicas exigió “hacerle lugar a los reclamos de las policías”. Incluso, Alvarez describió como
“un caso paradigmático porque es concejal y exjefe de la Policía y es una referente político que está promoviendo estos hechos”.
Para el funcionario, se trata de “extorsiones contra los gobiernos provinciales y nacional” porque amenazan con que si no se hace lugar a las demandas se promueven los saqueos. “Debe ser investigada la vincula-ción de estos grupos con los distin-tos sectores de la política argentina”, añadió Julián Alvarez.
Consultado sobre si está determinado el grado de vinculación de Barata con los policías en protesta, el funcionario respondió que eso “lo va a determinar la investigación”. Por su parte, Alak indicó que “la mayoría de los efectivos de las fuerzas policiales están acatando la ley, no están perturbando el orden público”, y señaló que “es una minoría la que está en una situación ilegal para que no persista el delito como el de no prestación de un servicio público”.
“El Gobierno no pretende imputar, procesar ni condenar a esos integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que pretende el Gobierno es que depongan esa actitud, que no persista el delito de la no prestación del servicio público de la seguridad”, aseveró el ministro de Justicia.
Alak remarcó que “lo que decimos es que no pueden bajo métodos extorsivos condicionarse las políticas salariales de los gobiernos provinciales”.
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Mientras se extendían los reclamos de las fuerzas policiales, el Gobierno nacional observó ayer una “intencio-nalidad política” detrás de las protes-tas y reclamó que los sectores de la oposición repudien los acuartelamientos y también los saqueos.
El jefe de Gabinete, Jorge Capita-nich, fue el primero en señalar el trasfondo político y apuntó contra “grupos que pretenden generar caos y zozobra”. Entendió que “no es casualidad” que se multipliquen protestas policiales con las mismas “características”. Y las describió: “En todos los lugares vemos que se actúa de una manera equivalente. Son policías exonerados de las fuerzas o personal subalterno con anuencia de jefes y oficiales y sin mecanismos, sin representación unificada”.
La víspera fue una jornada alterada en todo el país ya que en los distritos donde no se generaron conflictos, existe un alerta social y gubernamental. La violencia de los saqueos se cobró ayer la cuarta víctima fatal desde
que se desataron los autoacuartelamientos. Esta vez fue en Jujuy.
El domingo por la noche, en Entre Ríos, las corridas y enfrentamientos durante los desmanes en comercios
terminaron con la vida de la tercera víctima, luego de los dos fallecidos de la semana pasada en los primeros
sucesos ocurridos en Córdoba.
El conflicto social por los reclamos de los policías se extendió a Catamarca, San Juan, Río Negro, Chu-but, Neuquén, La Rioja, Tucumán, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otros distritos. Ante eso, el Gobierno desplegó más de 10 mil efectivos de Gendarmería y Prefectura para reforzar las zonas más calientes.
Capitanich, que centró su habitual rueda de prensa en la Casa de Gobierno en este tema, vinculó los conflictos policiales de varias provincias con “procesos de desestabilización” y una clara “intencionalidad política de provocar”.
También aludió a la oposición al pedir que todos los sectores políticos “repudien”lo que sucedió en las pro-vincias, y reclamó a la Justicia que investigue quiénes son los responsables para castigarlos “severamente”.
“Silencio llamativo”
También al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le llamó la atención “el silencio de la oposición”frente a los saqueos. “Es muy llamativo el silencio de sectores de la oposición, que a esta altura deberían haber salido a condenar públicamente de manera muy contundente los saqueos y hechos violentos”, advirtió Randazzo a través de un comunicado.
Insistió, además, en que “llama mucho la atención” que dirigentes de la oposición “hayan elegido el silencio frente a situaciones que claramente no son espontáneas y tienen por objetivo generar un clima de desestabilización y miedo”.
A su vez, reclamó “mucha firmeza a la Justicia para dejar tras las rejas a aquel que saquea un comercio”, y re-marcó que “quien lleva adelante este tipo de hechos es un delincuente”. Randazzo pidió a los policías que
“reflexionen”, ya que “por encima de su reclamo sectorial está la obligación que tienen de proteger a la ciudadanía, porque son servidores públicos”.
No a la sindicalización
Tanto Capitanich como el ministro de Justicia, Julio Alak, se mostraron en contra de la sindicalización de las
fuerzas de seguridad. El jefe de Gabinete advirtió que es diferente la situación de un reclamo salarial “cuando alguien tiene arma y cuando no tiene arma”.
“No puede existir sindicalización para una persona que porta un arma”, enfatizó. El mismo concepto transmitió
Alak durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la cartera a su cargo, junto al secretario de Justicia, Julián Alvarez. “La portación de armas es incompatible con la sindicalización”, sostuvo y subrayó
que “no hay ley que permita la sindicalización de policías”.
Alak acusó a las policías de apelar a “extorsiones y amenazas” y de plantear que “si no deponemos las medidas de fuerza va a haber más robos. Esto no puede ser de quienes son servidores públicos”. Con este argumento, confirmó su decisión de denunciar penalmente a los policías que participan en los re-clamos por mejoras salariales.
El massismo, en la mira
Fue el secretario de Justicia el que le puso nombre y apellido a la denuncia de intencionalidad política: el massismo.
Alvarez denunció que existe una vinculación política con la protesta de los policías y sembró sospecha sobre el concejal del Frente Renovador en el distrito de Lanús, excomisario general Salvador Barata, quien en
declaraciones públicas exigió “hacerle lugar a los reclamos de las policías”. Incluso, Alvarez describió como
“un caso paradigmático porque es concejal y exjefe de la Policía y es una referente político que está promoviendo estos hechos”.
Para el funcionario, se trata de “extorsiones contra los gobiernos provinciales y nacional” porque amenazan con que si no se hace lugar a las demandas se promueven los saqueos. “Debe ser investigada la vincula-ción de estos grupos con los distin-tos sectores de la política argentina”, añadió Julián Alvarez.
Consultado sobre si está determinado el grado de vinculación de Barata con los policías en protesta, el funcionario respondió que eso “lo va a determinar la investigación”. Por su parte, Alak indicó que “la mayoría de los efectivos de las fuerzas policiales están acatando la ley, no están perturbando el orden público”, y señaló que “es una minoría la que está en una situación ilegal para que no persista el delito como el de no prestación de un servicio público”.
“El Gobierno no pretende imputar, procesar ni condenar a esos integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que pretende el Gobierno es que depongan esa actitud, que no persista el delito de la no prestación del servicio público de la seguridad”, aseveró el ministro de Justicia.
Alak remarcó que “lo que decimos es que no pueden bajo métodos extorsivos condicionarse las políticas salariales de los gobiernos provinciales”.