En medio del fuerte conflicto salarial que mantiene con el sector y que preocupa a los salteños, el gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la ley 7799 de reforma al Código Procesal Penal y convalidó la requisa policial sin orden del juez y también la suma de poder para los fiscales.
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En medio del fuerte conflicto salarial que mantiene con el sector y que preocupa a los salteños, el gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la ley 7799 de reforma al Código Procesal Penal y convalidó la requisa policial sin orden del juez y también la suma de poder para los fiscales.
Ambas medidas fueron establecidas a partir de una ideología que se muestra totalmente en contra de los derechos constitucionales y las garantías individuales de los salteños.
El aval de Urtubey a los superpoderes para la policía preocupa a la comunidad porque llega en medio de un clima de incertidumbre por el conflicto en el que ingresó el Gobierno por la demanda salarial de los efectivos policiales.
A la situación de inseguridad reinante, ayer se sumó la preocupación por el hecho de que los superpoderes para la policía fueron oficializados por Urtubey.
El principal libretista de la reforma del Código Procesal Penal, con la que se paso del sistema inquisitivo al acusatorio, fue Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador y senador nacional.
En tanto, al Procurador Pablo López Viñals, que además de ser jefe de los fiscales es también el jefe de los defensores oficiales, se atribuye la autoría del proyecto que deja de lado la orden del juez para que la policía allane y requise según su criterio.
Tras conocer la promulgación de la ley 7799, el abogado Pedro García Castiella hizo pública la decisión de plantear la inconstitucionalidad, trámite en el que será acompañado por un grupo de abogados y por instituciones.
El Ejecutivo no solo dio vía libre a la policía, también convalidó la violación al debido proceso y al derecho a defensa, advirtió a su vez el abogado, Marcelo Arancibia.
El Gobierno argumentó que los superpoderes policiales son necesarios para luchar contra las drogas ya que permitirán actuar contra los vendedores al menudeo.
Durante el debate que se hizo en la Cámara de Diputados, se rechazó que la requisa sin orden judicial sea una herramienta útil contra el narcotráfico y se pidió “no echar a la hoguera la tranquilidad de los salteños”.
Pero en las dos cámaras legislativas primó la mayoría automática oficialista, a la que no le importó dejar en manos de la policía el criterio para determinar quien es, o no, un delincuente.
La politización del proceso de reforma del Código Procesal Penal fue advertido por entidades que nuclean a los abogados, pero no fue escuchada por los poderes del Estado.
Antes del otorgamiento de los superpoderes para la policía ya se advirtió de la grave situación por la que atraviesa la Justicia Penal de Salta, respecto del instituto de la aprehensión de personas en materia penal, legislado por la ley 7690.
El pasado 20 de septiembre el Colegio de Abogados de Salta publicó en su página de internet un pronunciamiento de la junta de gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Exhortó a los poderes públicos de Salta a adoptar en forma urgente medidas para asegurar la plena vigencia de las garantías constitucionales en materia penal en el ámbito local, y muy especialmente el debido respeto de la libertad ambulatoria de los habitantes a través de un adecuado control de los jueces de garantías.
Además, advirtió que un accionar contrario implica retroceder a las más oscuras épocas del despotismo, practicas que tienen su más reciente herida en la última de las dictaduras padecida por el pueblo argentino.
Sin derecho a ser oído por un juez
“Junto a un grupo de abogados y de instituciones que se van a plegar, vamos a plantear la inconstitucionalidad” de la ley de reforma al CPP, anticipó.
El Colegio de Abogados ya tiene un dictamen y habla de cuestiones inconstitucionales, pero la decisión de la entidad la tiene que tomar el consejo directivo, señaló.
El abogado se mostró preocupado porque la reforma priva del derecho a ser oído por juez competente y reemplaza a este por el fiscal, lo que echa por tierra la construcción básica del modelo acusatorio. Advirtió que desaparece el decreto de apertura de la investigación, sin intervención de la defensa ni la querella. “Hay monopolio del fiscal y se desactivan las herramientas que un defensor pueda articular. La figura del defensor se reduce a un rol expectante y es muy preocupante”, dijo.
Un preocupante y grave retroceso
“Volvemos a la época de primero sos culpable y después demostrá tu inocencia. Es un grave y preocupante retroceso, son métodos inquisitivos, contra los cuales grandes juristas y demócratas han peleado, de la misma forma que pelean por abolir la pena de muerte, la silla eléctrica, sanciones que no tienen que ver con el espíritu cristiano”, advirtió sobre la promulgación de los superpoderes para la policía. El abogado también cuestionó que la reforma del CPP saliera sin discusión previa. “Este mamarracho viola el debido proceso, el derecho a defensa, a ser ajusticiado en tiempo para evitar males irreparables e irreversibles”, advirtió. Analizó que el juez de Garantía será juez de complacencia de lo que diga el fiscal y que en la investigación, los defensores serán de palo. “Va contra el sistema republicano y del proceso como debe ser”, concluyó.