El Gobierno nacional tuvo una inmejorable oportunidad para demostrar que las modificaciones que estaba haciendo en sus formas eran en realidad cambios de fondo, pero eso fue exactamente lo contrario de lo que ocurrió.
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El Gobierno nacional tuvo una inmejorable oportunidad para demostrar que las modificaciones que estaba haciendo en sus formas eran en realidad cambios de fondo, pero eso fue exactamente lo contrario de lo que ocurrió.
En medio de un diálogo abierto con los gobernadores, la Casa Rosada fue incapaz de colaborar con la solución del problema en Córdoba y se dedicó mezquinamente a deslindar responsabilidades en José de la Sota, que indudablemente las tuvo por su incapacidad para prevenir el conflicto y por encontrarse de viaje en Panamá cuando debía estar en su despacho.
Pese a que desde anteanoche el mandatario provincial estaba pidiendo públicamente la presencia de Gendarmería, Jorge Capitanich dijo ayer que nadie lo había llamado a su teléfono y que por eso no la había enviado.
“El jefe de Gabinete no tiene el número de celular al que lo llamó de la Sota desde hace dos años. Que tenga mal el número no es culpa de Capitanich, sino de él”, informó ayer a El Tribuno una fuente del entorno más íntimo del exgobernador chaqueño. En rigor eso es cierto, ya que ese celular es de público conocimiento que ya no funciona, pero nada se dijo de todos los otros llamados que desde la provincia habrían realizado a otros teléfonos y a la Quinta de Olivos, donde atendió el jefe de la Casa Militar Agustín Rodríguez.
Suponiendo que es verdad que el delasotismo no intentó comunicarse con ningún funcionario del Gobierno, lo que sería causal de una enorme irresponsabilidad política, ¿por qué no llamó algún ministro para ofrecer ayuda si era sabido que la provincia estaba desguarnecida? ¿Qué sentido tuvo anunciar que mandaban a Gendarmería después del mediodía cuando la Policía ya estaba en funciones?
Es evidente que el uso de esa fuerza de seguridad, destinada en campaña electoral a controlar el tránsito en Buenos Aires, se parece mucho al del reparto de los fondos públicos nacionales: a los amigos todo, a los enemigos nada.
Es absolutamente cierto que el conflicto de la Policía cordobesa es de exclusiva responsabilidad del gobernador, pero se cae de maduro que la Gendarmería debería estar disponible si la seguridad ciudadana no está garantizada.
Las trabas burocráticas nunca pueden estar por sobre las necesidades de la gente, sea de quien sea la culpa mayor. ¿Cómo se entiende que no estén claros los canales de comunicación entre un gobernador y un ministro? Solo imaginar una situación de ese tipo sería la representación más cabal de un Estado inútil, tanto en materia provincial como nacional.
Otra cosa que no quedó clara es por qué de la Sota recién será recibido el martes próximo por Capitanich y no antes, ya que lo ocurrido en Córdoba amerita un diálogo urgente para limar asperezas. Además, tampoco se entiende la razón por la que ningún funcionario nacional viajó a la provincia para respaldar políticamente la institucionalidad que se estaba perdiendo. Anteayer, el ministro del Interior y el secretario de Seguridad se hicieron presentes en Chivilcoy por el desastre del temporal, pero no tuvieron la misma actitud en este caso.
Las implicancias
Luego del arreglo con los policías locales, que ahora pasarán a cobrar un mínimo de $8.000, se abre el interrogante sobre cuál será la reacción de esa fuerza en otras provincias donde los salarios siguen muy por debajo de esa cifra.
Sin ir más lejos, hace unos años ya se había acuartelado la Policía de Salta por reclamos salariales, al igual que la de Santa Cruz, la Gendarmería y la Prefectura. Todos los gobiernos provinciales deberían poner particular atención a este punto para evitar futuras revueltas similares.
De la Sota salió rápidamente a desmentir un estallido social en Córdoba, y le adjudicó los saqueos al crimen organizado.
En esa afirmación hay algo de verdad, pero no completa. Los robos que hubo estuvieron encabezados por delincuentes comunes pero también por gente con muchas necesidades a quienes el Estado llega, pero poco y nada.
En Córdoba, al igual que en todo el país, la pobreza y la inseguridad son dos de los problemas más recurrentes.
¿Hubo alguna venia de los policías acuartelados hacia los saqueos? Eso es imposible de comprobar, pero sin duda los saqueos magnificaron su reclamo y la urgencia de una solución.
Empresarios, preocupados
Crece la preocupación en el empresariado. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresaron ayer su preocupación por los hechos de violencia que se viven en la ciudad de Córdoba, y reclamaron acciones urgentes para enfrentar la situación. La UIA sostuvo que los hechos de las últimas horas “no tienen justificación de ningún tipo, y deben ser no solamente repudiados por toda la sociedad, sino también debidamente sancionados por la Justicia, que debe arbitrar junto al Ejecutivo las urgentes acciones para proteger a los ciudadanos y sus bienes”. La entidad señaló además que “en estas circunstancias críticas se hace imperativo que el Estado pongan en marcha los mecanismos que prevé la Constitución”.