El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atribuyó hoy los ataques y saqueos a comercios de Córdoba y Buenos Aires a ‘acciones deliberadas de grupos determinados‘, ratificó que la seguridad pública es una responsabilidad ‘de las provincias‘ y también cargó contra la Justicia.
‘Existen acciones deliberadas por parte de grupos determinados, muchos de los cuales tienen antecedentes por causas preexistentes, con el objetivo de provocar daños‘, señaló el funcionario nacional, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada este jueves a la tarde.
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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atribuyó hoy los ataques y saqueos a comercios de Córdoba y Buenos Aires a ‘acciones deliberadas de grupos determinados‘, ratificó que la seguridad pública es una responsabilidad ‘de las provincias‘ y también cargó contra la Justicia.
‘Existen acciones deliberadas por parte de grupos determinados, muchos de los cuales tienen antecedentes por causas preexistentes, con el objetivo de provocar daños‘, señaló el funcionario nacional, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada este jueves a la tarde.
Capitanich, además, volvió a señalar que la responsabilidad por la seguridad en Córdoba y en Buenos Aires, donde se produjeron saqueos, es ‘de las provincias‘ y sostuvo que el Gobierno nacional dialogó ya con ‘doce gobernadores‘ sobre la ‘construcción de una agenda bilateral‘ para combatir las situaciones que ‘perjudiquen la vida y el patrimonio de los argentinos‘.
El funcionario leyó los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional para justificar la no intervención de las fuerzas federales en el conflicto social generado en Córdoba y aclaró que ‘en ningún momento‘ dijo que el Gobierno nacional ‘no iba a utilizar a la Gendarmería como refuerzo‘.
‘En algún medio se planteó una contradicción. Dije ’estamos dispuestos a ofrecer mecanismos de cooperación’. No dije ’no’‘, subrayó Capitanich, en alusión a declaraciones suyas formuladas el miércoles a la mañana.
Dijo además tener ‘perfectamente los elementos‘ que confirman que el requerimiento del gobierno cordobés se efectuó a las 8.40 de la mañana del miércoles, por fax, y no antes, al tiempo que sostuvo que ‘Twitter no es la vía formal para requerir a las fuerzas de Gendarmería nacional‘.
De esta manera, respondió a De la Sota, quien en la mañana del miércoles había mencionado por Twitter a la presidenta Cristina Kirchner (@CFKArgentina), ‘reiterando‘ el pedido ‘urgente‘ de envío de ‘Gendarmería a Córdoba‘, debido a que los saqueos en la ciudad ‘justificaban urgente respuesta‘.
En alusión a la ola de saqueos en Córdoba, a causa de los cuales murieron dos personas, doscientas resultaron heridas y 96 están detenidas, Capitanich señaló que ‘los episodios comienzan a reestructurarse con anticipación‘ y lamentó que De la Sota, mientras se producían estos desmanes en su provincia, haya estado ‘con compromisos en el exterior, en Panamá‘.
‘Queremos terminar con esta polémica. El martes a las 9 voy a recibir al gobernador De la Sota, y el jueves al gobernador de Santa Cruz (Daniel Peralta). No hay ninguna discriminación a ningún gobierno ni a ningún gobernador‘, aseveró Capitanich.
En este sentido, sostuvo que ‘en la Argentina muchos reclaman la vigencia del federalismo, pero cuando la Constitución establece las funciones de las provincias, dicen: ¿Dónde está la Nación ‘.
Capitanich también confirmó que el miércoles por la tarde, tras la asunción de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, la Presidenta se reunió con ella y sus colaboradores para dialogar sobre ‘políticas de seguimiento de delitos‘ de estas características y ‘los procesos judiciales‘.
‘El pueblo reclama enfáticamente terminar con la puerta giratoria, que significa que existen bandas delictivas organizadas y que no se registran los antecedentes correspondientes y se liberan en forma inmediata‘, planteó Capitanich.
Al respecto, criticó al Poder Judicial: ‘Este no es un problema del Poder Ejecutivo Nacional ni provincial. Por más que exista un esfuerzo de las fuerzas de seguridad, si hay bandas delictivas organizadas que cuentan con el beneplácito y la flexibilidad de los mecanismos judiciales, entonces, tenemos un problema‘.